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Archivos militares servirán a la verdad

12 de octubre de 2017
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Para la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición no habrá secretos de Estado. Así lo señaló el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, en una audiencia ante la Corte Constitucional, que estudia el Decreto Ley 588 de 2017 que crea dicha comisión.

Este es precisamente uno de los aspectos que suscita una mayor discusión. El general (r) Jaime Ruiz, presidente de Acore, explicó a EL COLOMBIANO que los archivos militares que están clasificados “tienen que ver con temas de seguridad nacional, no con hechos aislados ni con actuaciones individuales por parte de los miembros de la Fuerza Pública”.

Sin embargo, el ministro sostuvo que la comisión podrá acceder a información oficial reservada, protocolos de intercambio de información, entre otros.

De acuerdo con Gil Botero, decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalan que el Estado no puede acudir a argumentos como el secreto de Estado para dejar de aportar información requerida por las autoridades judiciales o administrativas.

“La ley de Inteligencia tiene como límite de aplicación el respeto de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La Ley de Transparencia también establece que cuando se trate de violaciones a los derechos humanos no se puede aplicar cortapisa de ninguna naturaleza al acceso a la información”, dijo el alto funcionario.

Así las cosas, la Comisión podrá tener acceso a toda información oficial, sin obstáculo alguno, para el desarrollo de sus funciones, elemento que es crucial para garantizar y satisfacer los derechos de las víctimas a conocer qué sucedió y comó ocurrió.

Información no será pública

La Procuradora Delegada para Asuntos Constitucionales, Laura Ospina Mejía, señaló que la Comisión de la Verdad no podrá tratar como reservada la información que se refiere a violación de derechos humanos y de lesa humanidad. No obstante, dijo Ospina, no quiere decir que “la información pueda circular libremente” y, en consecuencia, la reproducción de la información debe proteger a las víctimas y evitar la revictimización.

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