El asesinato del abogado Ignacio Londoño Zabala arroja sombras sobre seis de las investigaciones penales más complicadas de las últimas tres décadas en Colombia, que comprometieron la seguridad nacional.
El jurista era investigado por su presunta participación en el complot que terminó con la muerte del candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado; también por la supuesta relación con el Proceso 8.000 y con el ala política de los carteles del narcotráfico del Valle de Cauca.
El año pasado estuvo implicado en el supuesto pago de US $12 millones a J.J. Rendón, asesor de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, para gestionar el sometimiento de varios narcos.
Y como defensor, representó los intereses de los protagonistas de dos escándalos nacionales de corrupción y espionaje, que involucraban a altas personalidades de la vida política y militar: el hacker Andrés Sepúlveda y el coronel (r) Róbinson González del Río.
Desde esa perspectiva, los móviles para quitarle la vida a Londoño son múltiples y oscuros, pero a los investigadores judiciales les llama la atención que el homicidio haya sucedido ad portas de las elecciones a la Alcaldía de Cartago (Valle) y justo cuando la víctima era uno de los precandidatos más sonados.
El coronel Fernando Murillo, comandante de la Policía de Valle, explicó que el ataque fue perpetrado a eso de las 8:00 p.m. del pasado lunes, cuando un sicario abaleó el vehículo en el que se transportaban el abogado, su esposa Isabel Henao y Mario Arenas, actual secretario de Hacienda de Cartago. Estos dos últimos sobrevivieron con lesiones leves en las extremidades.
Londoño murió en el lugar de los hechos, en plena vía pública del municipio, mientras el asesino abordó una moto y huyó con su compinche en dirección a Risaralda.
Las autoridades ofrecieron hasta 50 millones de pesos por información que lleve a su captura y, después de realizar un consejo de seguridad, decidieron conformar un grupo de tareas especiales entre la Policía, el CTI y la Fiscalía, para esclarecer este crimen.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aclaró que ni el Gobierno ni la Fuerza Pública habían recibido alertas de amenazas por parte de la víctima.
Londoño, cuyos padres también fueron políticos de línea liberal, estaba recogiendo firmas para lanzarse por un movimiento independiente a la Alcaldía. Su esquema de seguridad era privado y contaba con dos exagentes del Gaula como escoltas, los cuales estaban de descanso al momento del ataque sicarial.
Mauricio Hurtado, hijo del asesinado Álvaro Gómez Hurtado, lamentó la pérdida de quien en varios círculos era llamado “el abogado de la mafia”. “Con la muerte de este señor no hay ninguna posibilidad de aclarar quién mató a mi padre”, exclamó.
Londoño nunca tuvo una orden de captura, lo que le permitió ejercer cargos de concejal de Obando y funcionario de la Gobernación del Valle, al igual que aspirar a la Cámara (sin lograrlo) y la precandidatura a la Alcaldía.
Se defendió públicamente de los señalamientos, alegando que por su labor de abogado tenía que relacionarse con los narcos. Decía que si había una sola prueba en su contra, “respondo con mi vida o con mi libertad”.
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