En un video difundido en septiembre de 2025, se observa a un hombre y dos mujeres parados en la mitad de la calle. De sus cuellos cuelga un letrero en el que se lee: “Por peleoneros. En San Pablo no se pelea”. Luego, durante más de un minuto, solo se dirigen a la cámara pidiendo perdón y asegurando que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta están presentes en todos los barrios.
“Esta es una labor social que nos toca cumplir”, dice el hombre. Las mujeres solo asienten. Aquel video se hizo viral en redes y, según la Defensoría, es apenas uno de los métodos de violencia que emplean ese tipo de grupos armados en varias zonas de Colombia. La situación también fue alertada por organismos internacionales.
Según el más reciente informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el deterioro de la situación humanitaria en Colombia alcanzó en 2025 uno de los niveles más críticos de la última década. La organización advirtió que el incumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) ha profundizado las afectaciones contra la población civil en diferentes regiones del país.
Tan solo en San Pablo, Magdalena, de donde salió el video mencionado, las autoridades reportan torturas como corte de cabello forzado, linchamientos, mutilación, violencia sexual, violaciones y golpizas. También se identificaron asesinatos y desapariciones.
Este es el panorama.
Aumentó el desplazamiento
El documento señala que los principales indicadores humanitarios registraron incrementos significativos frente al año anterior. Entre las cifras más alarmantes se encuentra el aumento del desplazamiento forzado, que creció un 100 %, mientras que los casos de confinamiento subieron un 99 %, reflejando el impacto de los enfrentamientos armados sobre miles de comunidades.
De acuerdo con el Comité, la gravedad de la crisis no responde únicamente al aumento de las confrontaciones entre grupos armados, sino también a la manera en que se desarrollan las hostilidades y a las constantes violaciones contra la población civil. La entidad subrayó que las comunidades continúan quedando atrapadas en medio de los conflictos.
En declaraciones recogidas por Caracol Radio, el jefe de la delegación regional del CICR en Bogotá, Olivier Dubois, explicó que la actual emergencia humanitaria es consecuencia de un deterioro sostenido que la organización viene alertando desde 2018. Según afirmó, las consecuencias para los habitantes son cada vez más severas y complejas.
Las estadísticas entregadas por la Unidad para las Víctimas evidencian la magnitud del problema. Al menos 235.619 personas sufrieron desplazamiento individual durante el último año, mientras que otras 87.069 tuvieron que abandonar sus territorios en desplazamientos masivos. Además, 176.730 ciudadanos permanecieron confinados por causa de los enfrentamientos armados.
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El informe también expone el impacto de los artefactos explosivos en el país. Durante 2025 se registraron 965 personas heridas o fallecidas por minas, municiones y otros explosivos. A esto se suman 308 nuevos casos de desaparición documentados por la organización humanitaria.
Otro de los aspectos que preocupa al Comité Internacional es la violencia contra el personal y las misiones médicas. Según la Mesa Nacional de Misión Médica, se reportaron 282 hechos violentos relacionados con la prestación de servicios de salud en medio de los conflictos, afectando tanto a trabajadores sanitarios como a pacientes.
En comparación con 2024, el panorama muestra un incremento generalizado de las afectaciones humanitarias, especialmente en desplazamientos y confinamientos, cuyas cifras prácticamente se duplicaron. El CICR insistió en la necesidad de que todos los actores armados respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario para evitar que la crisis continúe agravándose.
¿Y las víctimas?
Detrás de las cifras hay historias de vida. En el caso colombiano, el subtexto es preocupante: la mayoría de las víctimas del conflicto no hacen parte de los actores armados que protagonizan los enfrentamientos violentos. Es decir, quienes más sufren las consecuencias son ciudadanos de a pie, hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes que, se supone, están protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
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Por ejemplo, según el informe, de las 965 personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos registradas por el CICR en 2025, 622 eran civiles. Además, de las 308 nuevas desapariciones, 226 correspondieron a civiles, 77 eran niños, niñas y adolescentes.
El problema, dice el informe, iniciaría desde el hogar, pero no por culpa de los padres. “En algunos casos, los actores armados ocuparon o utilizaron bienes de carácter civil”, reporta el organismo. Es decir, quienes ejercen la violencia en el territorio ocuparon el único espacio que encuentran las familias para refugiarse: su casa.
A nivel macro, la vulnerabilidad que genera tal situación se traduce en desplazamientos, asesinatos y reclutamiento forzado. A nivel micro, las consecuencias sociales y económicas en las familias que habitaban aquellos hogares incluyen abandono escolar, discapacidades físicas y afectaciones psicológicas permanentes.
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