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El Gobierno Nacional anunció una serie de transformaciones en la Policía y el Ministerio de Defensa, que apuntan a aumentar los controles a la implementación de los derechos humanos en la prestación de los servicios de seguridad.
El presidente Iván Duque expuso estos cambios ayer, en una ceremonia de ascenso de suboficiales de la Policía. “En ese proceso de transformación, los DD.HH. serán más notorios en todos los ámbitos del servicio y en la conducta de los miembros. Para ello se contará con un Estatuto Disciplinario renovado y un Centro de Estándares de procedimiento de alto nivel”, dijo.
El director de la Policía, general Jorge Vargas, explicó que las nuevas medidas incluyen decisiones que se habían anunciado hacía dos meses, como el cambio en los uniformes, por el color azul, que incluirá a futuro un código QR para que la gente lo pueda escanear; la creación de una Comisión para la Transformación Integral, en la que los ciudadanos puedan aportar ideas; la instalación de más bodycams y mejor analítica de datos para monitorear la actuación policial; se creará la Dirección de DD.HH. de la Policía y una nueva Universidad Policial, entre otras cosas.
El paquete de decisiones incluye la modernización del Ministerio de Defensa, dentro del cual se constituirá un viceministerio de Política de Defensa y Seguridad Ciudadana.
Y también un decreto y un proyecto de ley, que se presentará el próximo 20 de julio al Congreso, que regulará el porte de armas traumáticas.
Estas directrices se tomaron en medio de las presiones que están recibiendo el Gobierno y la Fuerza Pública, de carácter nacional e internacional, por las quejas de presuntos abusos policiales durante el paro nacional. Pero, ¿qué tan eficaces son?
Erich Saumeth, analista de defensa y seguridad, opinó que este anuncio “es circunstancial”, motivado por esas presiones externas y por la próxima visita de la Comisión Interamericana de DD.HH.
En esto coincidió con Boris Castaño, también analista de seguridad, quien afirmó: “En la Policía ya existen oficinas de DD.HH. y mucha profesionalización. Estas propuestas no se pueden desligar del contexto del paro” (ver cuadro).
Sobre el MinDefensa, Saumeth advirtió que “no me parece ideal, porque ya sería el cuarto viceministerio, para mí no tiene sentido que se subdivida de esa manera la línea de defensa y seguridad nacional”.
Añadió que “una reforma policial debe, sí o sí, independiente del enfoque en DD.HH. y los nuevos uniformes, abarcar un incremento notable en el pie de fuerza, porque los cerca de 170.000 integrantes no alcanzan para las necesidades que tiene el país en materia de seguridad ciudadana y orden público”.
Para el experto, estas medidas del Gobierno deben complementarse con una reforma al Código Penal, “porque nuestra legislación no castiga de manera efectiva a quien comete el delito; y con una nueva política carcelaria, que evidentemente involucra la construcción de más centros penitenciarios. Eso disminuiría la presión sobre la Policía, y no generaría estos proyectos (los que anunció la Presidencia), que para mí son de forma, más no de fondo”