Aunque hace cinco meses se inscribió el primer grupo significativo de ciudadanos (GSC) ante la Registraduría, con el fin de conseguir un aval para la Presidencia, pero aún el Consejo Nacional Electoral (CNE) no expide la primera resolución para regular la campaña de los 41 precandidatos que recogen firmas.
En ninguna parte dice cómo deben usar la publicidad, dónde y cuántas vallas pueden instalar... y los más preocupante, cuánto dinero se pueden gastar, quién los puede financiar, cuál es el límite de los aporte de personas naturales y jurídicas y cuándo deben rendir cuentas.
La Misión de Observación Electoral (MOE) calificó este mecanismo, cuyo uso creció en un 180% con respecto a 2014, como el “desgobierno de la recolección de firmas”. Y como si fuera poco, otros 46 GSC recogen rúbricas para inscribir listas para Senado y 86 para la Cámara.
Según Alejandra Barrios, directora de la MOE, en la práctica, estos candidatos amplían de cuatro a doce el número de meses que dedican a promocionar su candidatura, de los cuales ocho transcurren sin Dios y sin ley.
“Es preocupante que los candidatos por firmas no están obligados a reportar en línea los ingresos y gastos de campaña, ni a cumplir con los topes de donaciones, ni a limitar su publicidad en medios, ni a rechazar la financiación de personas jurídicas, extranjeras, anónimas, públicas o de fuente ilegal”, agregó Barrios.
Como medida de control, la MOE le solicitó, hace dos meses al Consejo Nacional Electoral (CNE), activar la plataforma web “Cuentas Claras” y obligue a los candidatos a reportar su contabilidad, que permita el escrutinio público de la información sobre la financiación de sus campañas.
