La Cancillería informó que el proceso para implementar el nuevo modelo de pasaportes en Colombia avanza de manera continua y sin contratiempos, conforme a los cronogramas establecidos junto a la Imprenta Nacional y la Casa da Moneda S.A. de Portugal.
Esta respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores surge tras un informe del ente de control que advirtió sobre posibles riesgos financieros y operativos.
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Entre las preocupaciones de la Contraloría se encuentran la falta de una proyección detallada de costos, la exposición al riesgo cambiario por operaciones en euros, y la supuesta ausencia de máquinas de impresión necesarias para el nuevo esquema.
Respecto a las advertencias sobre los precios, desde el Gobierno Nacional se descartó alzas extraordinarias y se ratificó que cualquier ajuste futuro se realizará únicamente bajo el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La Cancillería recordó que durante los últimos dos años las tarifas se han mantenido sin incrementos.
La entidad también defendió que el Convenio de Cooperación Internacional 010 de 2025 brinda el respaldo necesario para una transición ordenada y reiteró que el seguimiento a la implementación es permanente y coordinado, buscando condiciones económicas favorables para el Estado sin detrimento del patrimonio público.
¿Cuáles fueron las alertas de la Contraloría sobre el proceso de pasaportes?
La Contraloría General de la República ha emitido una serie de alertas técnicas, financieras y operativas sobre el nuevo modelo de producción de pasaportes liderado por la Cancillería.
Dentro de los riesgos operativos y de abastecimiento el ente regulador advirtió que, a pocos meses de iniciar el nuevo esquema, no se ha completado la importación ni la instalación de las máquinas de impresión necesarias para producir los documentos.
Para el contralor de la Gestión Pública, Luis Enrique Abadía, existe la preocupación de un “escenario de desabastecimiento” si no se cumplen los plazos para que el nuevo modelo entre en vigencia el 1 de abril de 2026.
La entidad ha puesto en duda la capacidad operativa de la Imprenta Nacional de Colombia para asumir el rol de socio nacional en el convenio, pues ha señalado que, a pesar de los anuncios gubernamentales, no ha tenido acceso a un modelo físico o prototipo del nuevo pasaporte para verificar sus especificaciones técnicas.
En cuanto a lo económico y financiero, para la Contraloría hay un riesgo cambiario por el uso del euro, pues al valorar el contrato en una moneda extranjera, el Estado colombiano asume el riesgo de las variaciones en la tasa de cambio, lo que podría generar, según el ente regulador, costos adicionales no presupuestados.
La entidad advirtió que no existe un análisis financiero detallado ni una proyección de costos por vigencia que permita identificar los compromisos anuales y la suficiencia de recursos.
El convenio de pasaportes, de acuerdo con el informe presentado por la Contraloría, no define claramente los valores que la Cancillería debe pagar a la Imprenta Nacional por la etapa de personalización de las libretas. También se detectó la falta de estimación de costos asociados al transporte de las libretas desde el aeropuerto, así como de impuestos, tasas (como el IVA) e intereses que antes no se cobraban.
Por último, en cuanto a la planeación, el ente de control identificó debilidades generales en la estructuración del convenio al no contar con un modelo financiero completo y advirtió que no se estableció una garantía clara para el suministro de pasaportes en caso de que la ciudadanía requiera cantidades superiores a las mínimas pactadas.
Por tales alertas, la canciller Rosa Villavicencio remitió un memorando el pasado 16 de enero de 2026 a la Imprenta Nacional, ordenando incorporar las recomendaciones de la Contraloría, quien ha dispuesto de un equipo permanente en el Ministerio y la Imprenta Nacional para monitorear la ejecución del contrato y evitar un posible daño fiscal.
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