En el desarrollo de operaciones judiciales en 18 departamentos, la Fiscalía General de la Nación logró la captura de 67 personas en flagrancia y otras 261 con orden judicial, por la venta y distribución de drogas en cercanías a colegios y universidades.
El ente acusador reveló videos en los que se evidencia el accionar de los delincuentes, así como el momento en que fueron capturados. Las pruebas incluyen fotografías y conversaciones de WhatsApp.
Las acciones judiciales corresponden a la tercera fase de la ‘Operación Reprobados’ y tuvieron lugar entre el 26 de marzo y el 2 de abril. La Fiscalía empezó por seguir la pista de una red que controlaba la venta de marihuana y cocaína en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá.
Mediante 266 diligencias de registro y allanamiento, se lograron impactar los entornos de 68 colegios y 9 universidades en todo el país.
En el caso de la capital, los esfuerzos se enfocaron en el céntrico sector de La Pola, donde tienen sede varias instituciones universitarias y hay creciente construcción de edificios de apartamentos que son arrendados a los estudiantes.
#ATENCIÓN #Fiscalía, con apoyo de @COL_EJERCITO y @PoliciaColombia, capturó a 328 personas que pertenecerían a estructuras criminales dedicadas a distribuir estupefacientes en alrededores de colegios y universidades del país. 266 allanamientos y 77 instituciones impactadas pic.twitter.com/W19J0F42k6
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 2 de abril de 2019
Hasta allí llegaron investigadores del CTI de la Fiscalía, quienes se infiltraron en una compleja organización criminal cuyo radio de acción comprende el polígono universitario del centro de la ciudad, entre las localidades de Santafé, La Candelaria y Teusaquillo.
Con esta intervención, el ente acusador constató lo que sería un negocio ilícito cambiante, por lo que se recurrió a la figura del agente virtual, consagrada en la Ley 1908 de 2018, para
acceder a los grupos de WhatsApp usados para promover y vender sustancias ilegales en los entornos educativos.
Capturados en #Bogotá 11 supuestos integrantes de red de tráfico de estupefacientes en entornos educativos Drogas eran ofrecidas y las entregas eran concretadas a través de WhatsApp o llamadas telefónicas a grupos muy cerrados de estudiantes o consumidores referidos pic.twitter.com/ysJ4Xvb7CI
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Una de las principales modalidades descubiertas es la venta a domicilio, así como a referidos o personas recomendadas por consumidores habituales, en establecimientos de comercio como papelerías y café internet.
Los videos recopilados por el ente acusador permitieron identificar a Héctor Jaime Espinosa Vélez, alias James, presunto cabecilla de la organización encargado de almacenar y comercializar marihuana, cocaína y drogas sintéticas, muchas de ellas hechas con medicamentos utilizados para trastornos psiquiátricos o tratamientos veterinarios.
Junto a alias James presuntamente delinquían: Olga Lucia Pino Peñaloza, su compañera sentimental; Didier Javier Loaiza Parada, considerado como el socio de confianza; y Fidel Vanegas Bravo, alias Don Mario.
Los capturados escondían la droga en empaques de productos legales, alteraban el contenido real y usaban un método de camuflaje con el que intentaban evadir los controles de las autoridades e inducían con mayor facilidad a los jóvenes al consumo.
En operativos simultáneos contra el narcomenudeo #Fiscalía @PoliciaColombia y @COL_EJERCITO lograron importantes resultados. Capturas destacadas: Santander (45) Tolima (44) Bolívar (38) Risaralda (31) Boyacá (24) y Quindío (23) pic.twitter.com/ttvSC3gurl
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 2 de abril de 2019
Una parte importante de los estupefacientes se distribuía en parqueaderos cercanos a la Universidad de Los Andes, en el extremo oriental. Estos establecimientos eran administrados por Jorge Andrés Pinilla Forero, alias ‘Choncho’, quien junto a sus hermanos permitiría el ingreso de vehículos conducidos por consumidores habituales o referenciados previamente por la organización.
Las transacciones ilegales quedaron grabadas por los agentes infiltrados que descifraron la rutina, los horarios y las formas de camuflaje utilizadas. Los videos de la zona, que ya reposan en poder del CTI de la Fiscalía, las interceptaciones telefónicas y la demás evidencias físicas permitieron tener claridad sobre la cadena de distribución.
La banda ‘Gato negro’
En el sur del país, los investigadores evidenciaron que, a cambio de un cobro por gramaje, una disidencia del frente sexto de las desmovilizadas Farc, al parecer, cuidaba los cultivos de marihuana que una pareja de esposos y Karina Julieth Bermeo, alias Karina, tienen en el corregimiento Tacueyó, en Toribio (Cauca).
Estas personas fueron señaladas de ser los “capos” de la región y, al parecer, movían los cargamentos de la planta procesada, macerada y lista para su comercialización hasta Santander de Quilichao, Cauca.
Desde allí, la droga salía camuflada entre cajas que daban la apariencia de encomiendas o equipaje, y era transportada en buses de servicio público desde Santander de Quilichao hasta Tunja, Boyacá. Los agentes infiltrados en la estructura establecieron que mediante esta modalidad alcanzaban a trasladar hasta dos toneladas de estupefaciente.
En Tunja los cargamentos serían recibidos por alias ‘El boyaco’, señalado cabecilla de la banda delincuencial autodenominada ‘Gato negro’. Esta persona tendría a su cargo algo más de 50 hombres y mujeres a quienes supuestamente les encargaría el transporte de la “mercancía”, una labor que, incluso, habría coordinado mientras estuvo privado de la libertad en 2018.
De acuerdo con la Fiscalía, el destino final de toda la droga eran los entornos educativos, en los que jíbaros utilizaban menores de edad para entregar las dosis. Parte de esta actividad fue sido detectada en los alrededores de varias universidades de Tunja, algunos colegios en Sogamoso, y centros de educación técnica y superior en Bogotá.
Las autoridades explicaron que dos toneladas de marihuana salen de la zona de producción de Toribío tienen un costo aproximado de 110 millones de pesos, luego de ser embaladas en Cauca y transportadas hasta Tunja su valor asciende a 250 millones de pesos, pero ya comercializada en los distintos municipios, supera los 880 millones de pesos, por lo que se estima que la rentabilidad para “El boyaco’ era millonaria.
En Barranquilla y Soledad
Los investigadores del CTI también llegaron a los sectores Las Tablitas, El Boliche y Salsipuedes en Barranquilla, Atlántico. Interceptaciones telefónicas y seguimientos a personas, entre otras técnicas de policía judicial, pusieron al descubierto a ‘Los Tabucos’, una de las estructuras responsables de la mayoría de hechos delictivos en estos lugares y de la venta de estupefacientes.
El narcomenudeo de marihuana y cocaína se hacía en casas de familia, a las que se permitía el ingreso de algunos consumidores habituales. En ese sentido, los inmuebles eran utilizados como centros de acopio y casas de vicio, por lo que serán sometidos a procesos de extinción del derecho de dominio.
También se identificó una organización que camuflaba cocaína entre cajas las cajas utilizadas para empacar hamburguesas. El estupefaciente iba escondido entre papeletas que simulaban ser la sal del producto alimenticio y de esta manera era entregado a domicilio a través de vehículos y mototaxis. Por estos hechos se capturó a cuatro personas.
En Armenia
En cercanías la Universidad del Quindío, la Fiscalía detecto un expendio de estupefacientes en una zona boscosa y abandonada de Armenia. Agentes encubiertos registraron la dinámica criminal de ese entorno, conocido como la ‘Cueva del Humo’ y detectaron que allí confluían jibaros, universitarios y estudiantes menores de edad que se acercaban por curiosidad o porque eran instrumentalizados por la red de narcomenudeo.
Allí, las autoridades lograron 35 allanamientos y se lograron 35 capturas, además de la incautación de cocaína y drogas sintéticos como la cocaína rosada o ‘tusi’.
En Villavicencio
Gracias a la colaboración de las directivas de las universidades, las autoridades lograron acercarse mucho a los campus, como ocurrió en las inmediaciones de la Universidad de los Llanos, en Villavicencio, Meta. Allí fue posible detectar una estructura de venta de drogas de la que hacían parte personas externas al centro educativo y algunos estudiantes. Se lograron 9 capturas.
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