Una multa económica cercana a los 37 millones de pesos y una inhabilidad de cinco años para ejercer cargos públicos son las sanciones que la Corte Suprema de Justicia impuso este miércoles al sentenciar al exfiscal delegado ante ese alto tribunal, Alfredo Bettín.
Los hechos están relacionados por las demoras que su actuación generó en el proceso que se seguía en contra del entonces gobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía por aparentes irregularidades en la celebración de un contrato con la Fundación Calimío.
En la lectura de la decisión, los magistrados de la Corte Suprema recordaron que una de las actuaciones estuvo relacionada con la orden de repetir hasta tres veces el interrogatorio para retrasar la audiencia de imputación en contra de Abadía Campo en el proceso que se le seguía como responsable de los delitos de peculado y contratos sin los requisitos.
Lea también: Niegan libertad a Gustavo Malo, investigado por “Cartel de la Toga”
Bettín Sierra suscribió un preacuerdo con la Fiscalía que fue avalado en octubre del año pasado tras su aceptación del delito de prevaricato por omisión y que brinde información sobre el escándalo del ‘Cartel de la toga’ y será testigo de cargo en el juicio que se adelanta contra el exgobernador vallecaucano.
A cambio de eso, la pena que se le impuso fue la contemplada en el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto que, a juicio de los magistrados, carga similitud con el delito inicial.
En una de las audiencias, Bettín Sierra, a manera de arrepentimiento, ofreció disculpas a la Rama Judicial por su proceder y les envió un mensaje a las nuevas generaciones para que obren con rectitud.
Conozca más: Renunció el magistrado que juzgaba el “Cartel de la Toga”
Abogado defiende la pena
Aunque para algunos la pena económica y la inhabilidad son mínimas, su abogado, Jesús Antonio Marín explicó que la tasación se da teniendo en cuenta la colaboración que su defendido está haciendo con la justicia y los compromisos que adquirió con la Corte Suprema.
“En este caso, el doctor Bettín va a declarar contra Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos y Gustavo Malo y, además, está cumpliendo. Esas consideraciones fueron tenidas en cuenta por la Corte”, agregó el defensor.
De acuerdo con su versión, su cliente no recibió un peso por retardar la imputación en contra de Abadía. Dijo que lo que buscaba Bettín era tener más elementos de juicio en contra de unos secretarios de despacho del Valle del Cauca sobre quienes pesaba una investigación.
En contexto: Así va ‘la toga’ que Moreno pidió descolgar
“Él lo que quería era tener la certeza de que esa decisión, donde condenan a esos secretarios de despacho, quedara ejecutoriada y eso le daría una prueba más solvente para hacer la imputación en contra del gobernador”, sostuvo Marín.
Lo que sigue ahora para Bettín es declarar en el proceso que se le sigue a Abadía. En dicho testimonio sostendrá que tuvo elementos materiales probatorios que pudieron tenerse en cuenta para hacer la imputación en el momento oportuno.
