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Tras el fallo en segunda instancia de la Contraloría que confirmó la responsabilidad fiscal contra Sergio Fajardo y otras 25 personas (naturales y jurídicas) por la emergencia de Hidroituango en 2018, el futuro político del precandidato comenzó a presentar complicaciones.
Además del desgaste al que deberá someterse para planear y ejecutar su defensa jurídica –y también la pública–, Farjardo además se enfrenta a un escenario en el que, pese a ganar las elecciones presidenciales de 2022, podría tener una inhabilidad para posesionarse.
Tal y como están las cosas ahora, el político de la Coalición Centro Esperanza podría hacer todos los movimientos de un candidato normal: asistir a campañas en territorios, aparecer en publicidad y acudir a debates hasta llegar al día de las elecciones, donde también podría estar su nombre en el tarjetón.
El meollo del asunto estaría en el momento de la votación y el posible triunfo. Pese a que los colombianos sí lo podrían elegir como Presidente, la ley de Colombia establece que Fajardo no cuenta con las condiciones necesarias para tomar posesión como Jefe de Estado.
La ley que le impediría a Fajardo establecerse en la Casa de Nariño
Tal como lo describió EL COLOMBIANO en el artículo “Sergio Fajardo no se deja sacar de la carrera presidencial”, publicado el pasado 27 de noviembre, de acuerdo con el Código Único Disciplinario (Ley 734 de 2002), hay una inhabilidad explícita para desempeñar un cargo público, como la jefatura del Estado, que se entrelaza con el caso Fajardo y el fallo de la Contraloría.
Según el artículo 38 de esa norma, una de las inhabilidades es “haber sido declarado responsable fiscalmente”, una sanción que tiene vigencia de 5 años a partir de que el fallo quede ejecutoriado.
Pese a ello, el artículo también es claro en que el impedimento se puede levantar “cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloría General de la República excluya al responsable del boletín de responsables fiscales”.
Así las cosas, Fajardo tendría dos opciones para salir de ese impedimento jurídico: que los responsables fiscales, incluido él, paguen la multa de 4,3 billones de pesos, o que la autoridad se retracte y declare el fallo improcedente. Fajardo, en todo caso, ha rechazado el fallo de la Contraloría y ha dicho en las últimas horas que analiza las más de 2.000 páginas que contiene para, en una rueda de prensa, dar a conocer su postura pública frente al mismo.
En todo caso, a la Coalición Centro Esperanza -que surgió este domingo de la unión entre la Coalición de la Esperanza y Alejandro Gaviria- debe estar preparando sus fichas para acomodarlas en caso de que la situación de Fajardo continúe por este camino. Los últimos movimientos sugieren que el movimiento podría irse con Gaviria como candidato presidencial e Ingrid Betancourt como fórmula vicepresidencial.