El ataque contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay es la demostración de que el Estado colombiano arrastra unas graves fallas que amenazan la estabilidad de su sistema político y social. Las principales, que aquí enumeramos, tienen que ver con la violencia política, la desprotección de los líderes, la pérdida de capacidad de las agencias de Inteligencia, el reclutamiento infantil y el tráfico desaforado de armas.
El retorno de la violencia política
En la audiencia de control de garantías de alias “Gabriela”, la joven detenida por su presunta participación en la logística del atentado, la fiscal señaló que el móvil de la agresión fue “por el hecho de ser senador y estar desarrollando campaña política como precandidato a la Presidencia”.
Esta revelación generó una gran preocupación para los miembros de la oposición y los partidos políticos de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, pues ahora se consideran bajo amenaza.
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Ha sido tal el impacto, que desde diferentes orillas, tanto del Pacto Histórico como de los partidos rivales, y desde todas las ramas del poder, se han hecho llamados para desescalar el lenguaje, pues aducen que las agresiones verbales abonaron el camino para los ataques a bala.
Es importante recordar que la sociedad colombiana ya sufrió una tragedia semejante durante el periodo conocido como La Violencia Bipartidista, entre finales de los años 40 y los 50, cuando los militantes del partido Conservador y Liberal pasaron de los insultos a las masacres.
Aunque los políticos de entonces especularon con una cifra de 300.000 muertos, una investigación titulada “Análisis demográfico de la Violencia en Colombia”, de Julio Romero Prieto y Adolfo Meisel Roca (2019) concluyó que en realidad fueron alrededor de 57.737 entre 1949 y 1958.
El ambiente ya estaba a punto de ebullición, con improperios y conatos de violencia, hasta que alguien apretó el gatillo y desató las matanzas, tras el magnicidio del caudillo liberal Jorge EIiécer Gaitán, en 1948.
Pasaron 77 años desde entonces y, aunque ya la rivalidad no es entre conservadores y liberales, sino de la izquierda contra la derecha, de nuevo apretaron el gatillo. ¿Colombia repetirá esta tragedia?
Debilidad de la UNP para proteger a los líderes
En el atentado contra Miguel Uribe, el esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) se redujo de siete a dos escoltas, lo que facilitó que se aproximara el sicario que le disparó. La situación provocó una investigación contra los guardaespaldas, y el director de la entidad, Augusto Rodríguez, aceptó que el componente de seguridad no era el adecuado para un funcionario del perfil de Uribe.
El abogado de la víctima, Víctor Mosquera, recordó que desde el año pasado Miguel Uribe le estaba solicitando a la UNP que le incrementara el anillo de seguridad, pero sus llamados fueron desatendidos.
Más allá de este caso, la UNP ha demostrado ser ineficiente para cumplir la labor que la ley le ha encomendado: proteger a testigos y dignatarios. Prueba de ello es que en lo corrido de 2025 han mataron a 67 líderes sociales, según la ONG Indepaz —la MOE habla de 34—; el año pasado fueron 173, y en 2023 se documentaron 188.
El 16 de junio de 2024, en pleno Día del Padre, también fue atacada a tiros la camioneta en la que viajaban el papá y un sobrino de la vicepresidenta Francia Márquez, quienes sobrevivieron de milagro. Sucedió en una vía de Jamundí, Valle del Cauca, y también ratifica que ni los seres queridos de los funcionarios del alto gobierno están a salvo.
La inteligencia preventiva está fallando
Desde la llegada de Gustavo Petro al poder, en agosto de 2022, el Gobierno Nacional ha tomado decisiones que perjudicaron a las agencias de Inteligencia: “barridas” de generales y coroneles de mucha experiencia, solo porque trabajaron en cargos clave en gobiernos anteriores; designación de funcionarios inexpertos en las unidades de inteligencia policial y militar, así como en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI); pérdida de confianza y de recursos aportados por agencias extranjeras homólogas.
En esa grave pérdida de confianza hay que enfatizar que, debido a la publicación de un informe reservado por parte de Petro, Colombia fue suspendida en septiembre de 2024 de la red de información del Grupo Egmont, la comunidad de inteligencia financiera más importante del mundo.
Este deterioro de las agencias de inteligencia ha facilitado los atentados y escaladas terroristas desde 2023, dado que el Estado ha perdido parte de su capacidad para anticiparse a los ataques.
Fracaso en las políticas antirreclutamiento
El sicario de 15 años aprehendido por el ataque a Uribe ya había pasado por los programas de atención a jóvenes en riesgo de la Alcaldía de Bogotá, que fallaron en su rescate del entorno de la violencia.
Esta situación se replica en todo el país, donde las organizaciones criminales están engrosando su nómina con menores de edad. Según la Defensoría del Pueblo, en 2024 se documentaron 541 casos, la mayoría en Cauca (360), Antioquia (25) y Norte de Santander (25); del total, 407 fueron reclutados por disidencias de las Farc y 269 eran indígenas.
Entre enero y abril de 2025 la Defensoría reportó 21 casos más de reclutamiento de menores.
Ruta de armas sigue activa y sin control
En el atentado a Miguel Uribe se utilizó una pistola Glock 9 milímetros que fue comprada en el año 2020 de manera legal, en una tienda de Arizona (Estados Unidos), y luego introducida al mercado negro colombiano. Esto implica que estuvo cinco años sin ser rastreada, y seguramente usada por otros sicarios en el bajo mundo.
La ruta de tráfico de armas entre EE. UU. y Colombia, tal cual lo ha denunciado este diario en varios reportajes, se disparó a partir de 2009, cuando en el Valle de Aburrá había una pugna interna en la organización “la Oficina” y en el resto del país las llamadas “bacrim” (bandas criminales) se repartían los territorios a sangre y fuego, en particular el “Clan del Golfo”, “los Rastrojos” y “los Paisas”.
Las armas son compradas por gente que tiene la ciudadanía norteamericana, y luego son desarmadas e importadas a los puertos del Caribe colombiana en encomiendas de autopartes o electrodomésticos.
Pistolas automáticas y fusiles de asalto, que allá se consideran de uso deportivo, quedan en manos de asesinos a sueldo. Aunque se supone que agencias como ICE y la ATF deberían encargarse de frenar ese tráfico, la verdad es que están enfocadas en controlar lo que entra a su país, no lo que sale.
En 2024 en Colombia se incautaron 22.000 armas ilegales, la mayoría de las cuales fueron importadas desde Estados Unidos, México y Venezuela.
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