Para las elecciones de Congreso de 2018, por lo menos seis partidos podrían desaparecer porque no cuentan con la fuerza suficiente para superar el umbral para conservar la personería jurídica, contemplado hoy en el 3 % del total de votos depositados.
Esta situación ha generado crítica entre las colectividades minoritarias, pues se sienten en desventaja con el partido que conformarán las Farc y que contará con recursos oficiales, y tiene garantizado, por ocho años, su presencia en el Senado.
Con el objetivo de proteger los derechos de estas minorías, el proyecto de acto legislativo de reforma política, que empezará a estudiar el Congreso este mes, deja vigente la disposición sobre listas en coalición, incluida en el artículo 262 de la Constitución Política, mediante el Acto legislativo 2 de 2015 (Equilibrio de poderes).
Según esta, todos los partidos y movimientos políticos, que sumados no representen más del 15 % en su circunscripción electoral, podrán hacer una coalición para presentar listas a las corporaciones públicas. Todo dependerá del avance de la reglamentación de esta propuesta, esbozada en el proyecto de Ley Estatutaria número 30 de 2016, que solo lleva un debate, de los cuatro que requiere.
Los reparos de la MOE
Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), afirma que le preocupa que no estén claras las responsabilidades sobre a qué partido pertenecería el elegido por estas listas, quién respondería en lo disciplinario y penal, y a dónde irá la reposición de votos.
“Esa propuesta nos genera todavía muchas dudas, porque podría prestarse para encubrir un nuevo transfuguismo. Estamos esperando que sea publicada la reglamentación para conocer, en detalle, cómo operarían estas listas y quien haría la rendición de cuentas”, dice Barrios.
El proyecto de ley establece que a los candidatos avalados por las coaliciones no les será aplicable el régimen de bancadas. Según la MOE, este régimen es fundamental para fortalecer los partidos y, por eso, recomendó incluirlo.
Otra duda que tiene la Misión es qué pasaría en el caso de que entre los partidos que se unan, un sector esté en coalición con el Gobierno y el otro se declare en oposición.
¿De dónde surge la idea?
La iniciativa de las listas coaligadas fue presentada hace tres años en el Congreso por el senador Antonio Navarro Wolf (Alianza Verde), pero no tuvo eco. El ya precandidato presidencial afirma que el objetivo es que los partidos pequeños puedan unirse para evitar su extinción. Agrega que cada candidato deberá declarar, al inscribirse, a qué partido pertenece y a los elegidos se les aplican las normas de su partido.
“Por ejemplo, El Mira, que tienen un representación en el Senado del 2.9 % y el Polo Democrático, que representa el 5.3 %, podrían unirse. Cada uno podría inscribir 50 candidatos. Finalmente, por voto preferente podrían salir elegidos siete senadores, cinco del Polo y dos del Mira. La reposición de votos se divide como lo acuerden los partidos, que puede ser en proporción a los votos obtenidos”.
Navarro explica que los partidos grandes (liberal, conservador, La U y el Centro Democrático) no pueden unirsen y no les gusta esta propuesta porque no quieren dar ventajas. Cambio Radical, la Alianza Verde, Opción Ciudadana, el MAIS y la Alianza Social Independiente (ASI) también se podrían coaligar para corporaciones.
¿Y los partidos nuevos?
En Compromiso Ciudadano están a la espera de esta reglamentación, porque según Santiago Londoño, vocero de ese movimiento en Antioquia, tienen la intención de presentar una lista a la Cámara integrada por miembros de Compromiso, la Alianza Verde y la ASI.
Pero según Navarro, Compromiso Ciudadano no se beneficiaría de esta reforma para 2018 porque no tiene personería jurídica. “Si consiguen ese reconocimiento más adelante, podrían coaligarse”.
Londoño afirmó que el artículo 262 de la Constitución debe ser desarrollado por una ley estatutaria, pero si eso no se hace, no podrían presentarse en listas coaligadas.
Salvavidas por el umbral
Para Juan Carlos Rodríguez, codirector del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes y uno de los expertos que participó en la Misión Electora Especial (MEE), no consideraron esta propuesta en el estudio que presentaron al Gobierno, en desarrollo del punto dos del Acuerdo de La Habana.
“Es algo que pidieron los partidos pequeños como salvaguardia para superar el umbral. Entiendo que se presentarían como coalición, pero cada miembro conservaría su identidad partidaria”. Agrega que le gustan los incentivos a las coaliciones, siempre que sean sobre acuerdos programáticos y no puramente “electoreros”; aunque no entiende por qué tienen que limitarse solo a los partidos pequeños.
Según Patricia Muñoz, docente de Ciencia Política de la U. Javeriana, es importante reglamentar estas coaliciones, pues hasta ahora solo están permitidas para cargos uninominales de elección popular.
“Este aval no es solo un mecanismo para que puedan acceder a beneficios, sino que debe tener responsabilidades claras sobre cómo responderán las organizaciones si la sanción corresponde a la cancelación de la personería jurídica o a la suspensión de los recursos del Estado o la restricción del derecho a inscribir listas.
“Así como intenta abrir espacios para que las minorías puedan buscar el acceso de representación a cuerpos colegiados, también esa nueva reforma debe prever las sanciones y responsabilidades de estas coaliciones”.
El problema, para Angélica Bernal, docente de Ciencia Política de la U. Jorge Tadeo, es que las curules que ganen con este sistema no serían de un solo partido, sino de la coalición, no obstante, reconoce que es una oportunidad para que las minorías políticas conserven sus participación en los escenarios de poder.
6
partidos de los 10 que tienen presencia en el Senado podrían tener lista conjunta.
15%
es la máxima participación que deben tener los partidos al realizar la alianza.
