El sistema de expedición de nuevos pasaportes atraviesa una compleja disputa judicial que enfrenta el plan del Gobierno de nacionalizar el proceso con cuestionamientos sobre una presunta improvisación.
Mientras el Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudia una acción popular que busca frenar el nuevo esquema, instaurada por el abogado Nicolás Dupont, la Imprenta Nacional de Colombia (INC) y su aliado, la Imprensa Nacional – Casa da Moeda (INCM) de Portugal, han desplegado una defensa técnica y jurídica del servicio.
La Imprenta Nacional, en cabeza de la comunicadora Viviana León, insistió este lunes en un comunicado en que el proceso responde a que el Estado asuma de manera gradual el control total de la producción y manejo de los pasaportes.
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Frente a las críticas por la participación de proveedores extranjeros, la entidad aseguró que “se trata de una transición tecnológica necesaria para evitar interrupciones en el servicio mientras se fortalece la capacidad nacional”.
Sobre la polémica relacionada con las 1.500 libretas producidas, la INC aclaró que no estaban destinadas al público, sino que correspondían a muestras técnicas utilizadas para validar estándares de seguridad y calidad antes de una eventual implementación masiva.
Asimismo, la entidad subrayó que las visitas de organismos de control, como la Procuraduría, hacen parte de procedimientos preventivos habituales y no constituyen evidencia de irregularidades.
El comunicado emitido por la Imprenta Nacional llega tras la revelación de la revista Cambio, que el pasado fin de semana informó sobre los hallazgos del acta de inspección realizada por la Procuraduría el 23 de abril.
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En el documento se detalla que se encontraron 66.400 libretas en blanco, de las cuales el 89% provinieron de París (Francia) y el 11% de Lisboa (Portugal).
Este asunto no es trivial. Es importante recordar que el convenio firmado entre la Cancillería y la Imprenta Nacional fue pactado con la Casa de la Moneda de Portugal, y solo contempla la participación de un tercero, en este caso Francia, en situaciones excepcionales de emergencia.
Lo que ha revelado el organismo de control disciplinario es que, a pesar de no existir ninguna contingencia, casi el 90% de las libretas están siendo producidas por la polémica empresa IN Group en Francia, en lugar de la Casa de la Moneda de Portugal, tal como se establecía en el acuerdo.
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Esto implica que el gobierno de Gustavo Petro, al retirar el contrato a Thomas Greg bajo el argumento de que la producción debía ser estatal, en la práctica está dejando que una empresa asociada, operando en Francia, se encargue de la fabricación.
EL COLOMBIANO el 7 de marzo reveló que para esos días el presidente Petro había mentido al decir que los pasaportes nuevos se estaban produciendo en Colombia.
Lo que este diario encontró es que estos no son producidos todavía en la Imprenta Nacional, sino en Portugal, y para el momento de la publicación ya habían aterrizado en Bogotá 2.000 libretas elaboradas y enviadas desde la Imprenta Nacional Casa de la Moneda de Portugal, como parte de un paquete prometido de 193.000 unidades del documento antes del 1 de abril.
Esto resulta especialmente relevante porque contrasta con lo afirmado públicamente por el presidente Gustavo Petro, quien dijo en su momento que “ya están los pasaportes aquí, están las máquinas y los producimos. Habrá 50 mil entregados hasta el mes de abril y seguirá, por siempre, con una base de datos cuidada por la Imprenta Nacional”.
Colombia debe pagar anualmente la producción de 1.500.000 libretas de pasaportes
El convenio de producción y suministro de pasaportes es resultado de una cooperación entre la Imprensa Nacional – Casa da Moeda (INCM) de Portugal y el Imprimerie Nationale – IN Groupe de Francia.
Aunque el acuerdo está formalizado con Portugal, Francia juega un papel crucial en el proceso, siendo parte integral del modelo de cooperación que se acordó.
Esto implica una tercerización internacional que, a lo largo de diez años, generará significativos compromisos financieros para Colombia. El negocio acordado está todo registrado en el expediente de la demanda que cursa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que fue conocido por EL COLOMBIANO.
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En los primeros años del acuerdo, Colombia dependerá de la producción de libretas y personalización de pasaportes desde Lisboa. En la fase inicial, la producción será completamente externa. Aunque se prevé que en una fase posterior la personalización de los pasaportes se traslade a Bogotá, la producción de libretas seguirá siendo realizada en Lisboa.
El convenio tiene una duración de diez años, desde abril de 2026 hasta marzo de 2036, lo que implica un compromiso financiero a largo plazo. El costo de cada pasaporte será de €17,00 (aproximadamente €15 por la libreta y €2 por la personalización), y todos los pagos se realizarán en euros.
Dado que las cantidades mínimas anuales son altas, esto representa una carga significativa en términos de pago de divisas extranjeras para Colombia.
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El acuerdo establece que Colombia debe garantizar el pago mínimo de 1.500.000 libretas de pasaportes anualmente a la Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM) de Portugal, independientemente de la demanda real.
Esto, según cálculos registrados en el expediente, representa un volumen mínimo de 15 millones de libretas a lo largo de los 10 años.
El costo total anual de este volumen, calculado en €17,00 por pasaporte, será de €25,5 millones. Esto suma €255 millones a lo largo de toda la vigencia del contrato, una cifra cercana a los €225 millones mencionados en los informes previos.
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A este gasto en euros, se debe agregar que la Imprenta Nacional de Colombia ha proyectado un presupuesto total para cubrir los costos de este convenio durante las vigencias futuras (2026-2036) de más de $1.3 billones de pesos colombianos (COP). El convenio también implica compromisos financieros adicionales.
La Contraloría ha señalado que, como parte del acuerdo, Colombia deberá pagar una garantía de primer requerimiento de €6.375.000 (aproximadamente una cuarta parte del valor anual mínimo del convenio). Esta suma deberá ser desembolsada a Portugal si Colombia no cumple con los pagos acordados, lo que añade un costo más a la operación.
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Aunque el convenio es tripartito, se estableció contractualmente que las obligaciones dinerarias están a cargo de la Imprenta Nacional de Colombia (INC) . No obstante, existe una precisión en el marco del acuerdo donde se informa que, respecto a las facturas de las libretas, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores (FRMRE) asumirá el pago y ejercerá como importador.
Casa de la Moneda advierte a magistrado
Por su parte, la empresa portuguesa ha respondido con una estrategia legal que busca desmontar los argumentos de la demanda, como está en el expediente de la demanda que busca tumbar los acuerdos firmados entre Colombia y Imprensa Nacional – Casa da Moeda (INCM) de Portugal.
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EL COLOMBIANO conoció que INCM presentó un recurso de reposición y se opuso al eventual decreto de medidas cautelares solicitadas, con base en tres puntos principales: falta de legitimación, uso indebido de la acción popular y una ausencia de pruebas que la defensa de Casa de la Moneda de Portugal califica de “señalamientos especulativos” y que “no existe evidencia de un daño real o inminente a derechos colectivo”.
En el documento, enviado por el abogado Felipe Viveros en representación de Casa de la Moneda de Portugal, el jurista le dice al magistrado Moisés Mazabel, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que el contrato con la compañía portuguesa no hace parte del Convenio Específico 001 de 2025 —eje de la demanda— sino de un acuerdo de cooperación distinto, “por lo que no puede ser objeto de órdenes judiciales relacionadas con ese contrato”.
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El demandante solicitó, entonces, la suspensión provisional del modelo alegando un posible daño derivado de la demora en su implementación.
Para sustentar su petición, citó comunicaciones de la Cancillería que, según su interpretación, evidenciarían vacíos en la ejecución técnica del convenio. Sin embargo, la defensa de INCM advierte que suspender.
Mientras tanto, el abogado Nicolás Dupont insiste ante la justicia que, dado que la propia Cancillería habría admitido en comunicaciones oficiales que no “existen aún contratos específicos de ejecución ni detalles técnicos finales”, el transcurso del tiempo sin una intervención judicial haría ineficaz cualquier sentencia futura y pondría en riesgo el servicio del nuevo modelo de pasaportes.
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