En su primera intervención ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, presentó una propuesta para focalizar el mandato de la Misión de Verificación en los componentes relacionados con la reincorporación de excombatientes y las garantías de seguridad. Según explicó, la Reforma Rural Integral corresponde a una política pública estructural cuya implementación debe integrarse de manera permanente a la institucionalidad del Estado colombiano.
Con ese planteamiento, el seguimiento de esa reforma pasaría a las instituciones nacionales, lo que implicaría que se le quitara a la Misión de Verificación la vigilancia de la Reforma Rural Integral.
Bula aseguró que el país cuenta con los instrumentos necesarios para continuar las políticas de acceso a la tierra y desarrollo rural, con el acompañamiento de la cooperación internacional.
“Lo que se propone no es modificar la obligación sustantiva del Estado ni el apoyo de nuestros socios, sino el mecanismo extraordinario de verificación”, explicó el canciller. El jefe de la diplomacia colombiana subrayó que la propuesta respeta plenamente las competencias del Consejo de Seguridad y será sometida a su consideración dentro de los mecanismos establecidos por las Naciones Unidas. Reconoció que cualquier modificación del mandato deberá ser decidida por ese órgano, del cual Colombia es miembro no permanente durante el periodo 2026-2027.
Bula también reiteró que Colombia seguirá cumpliendo su compromiso con el mandato de la Misión de Verificación y con las obligaciones derivadas del Acuerdo Final. Planteó la necesidad de evaluar con objetividad los resultados del Acuerdo y de fortalecer una estrategia que garantice seguridad efectiva para todos los ciudadanos.
El canciller afirmó que el Gobierno de Colombia está convencido de que la seguridad no es contraria a la paz; por el contrario, es una condición indispensable para alcanzarla. Por esto, señaló que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella tiene la responsabilidad y el legítimo derecho de examinar con rigor los resultados alcanzados en la implementación del Acuerdo Final suscrito en 2016 entre el Estado colombiano y las FARC-EP, y de enfrentar los desafíos que persisten.
“El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella fue elegido con la votación más alta en la historia de Colombia, en medio de un descontento generalizado y verificable frente a una paz que, para las personas trabajadoras y honestas, nunca existió”, dijo Bula.
Explicó que el Gobierno recibió la seguridad del país deteriorada, con crecimiento de las estructuras criminales, fortalecimiento de las economías ilícitas, incremento del reclutamiento de menores y expansión territorial de grupos armados ilegales. “Las cifras no mienten”, dijo el canciller, quien presentó estadísticas como el aumento del 300 % en el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en los últimos cinco años, verificado por Naciones Unidas.
Las cifras que presentó Colombia ante el Consejo
Otras de las cifras expuestas por el canciller para sustentar el debilitamiento de la seguridad fueron:
- Entre julio de 2016 y agosto de 2026 se registraron 132.930 homicidios, cerca de 100.000 casos de extorsión y más de 2.750 secuestros.
- Los integrantes de grupos armados ilegales se quintuplicaron, al pasar de aproximadamente 6.000 a casi 30.000.
- En 2023 se registraron cerca de 253.000 hectáreas de cultivos de coca y una producción potencial de 2.664 toneladas de cocaína.
Según Bula, estas cifras demuestran que, diez años después de la firma del Acuerdo Final de 2016, la paz prometida no se materializó para los colombianos trabajadores y honestos.
Bula destacó que, desde el inicio de la actual administración, se ha puesto en marcha una nueva orientación en materia de seguridad, dirigida a recuperar el control territorial, proteger a las comunidades, combatir el crimen organizado transnacional y debilitar las fuentes de financiación de los grupos armados ilegales. Según informó, las acciones adelantadas por la Fuerza Pública y las instituciones del Estado han permitido importantes resultados operacionales en los primeros meses de gobierno. Sostuvo además que la seguridad, el fortalecimiento de la presencia estatal y la lucha contra las economías ilegales serán prioridades de la nueva administración.
Durante su intervención, el canciller agradeció el acompañamiento que las Naciones Unidas y la comunidad internacional han brindado al país durante casi una década en la implementación del Acuerdo Final. Reconoció el trabajo de la Misión de Verificación, de los países cooperantes y de las organizaciones que han contribuido a la reparación de las víctimas y al fortalecimiento de los territorios afectados por la violencia.
Finalmente, reafirmó que Colombia seguirá trabajando de la mano de la comunidad internacional para construir una paz sostenible basada en la seguridad, la justicia, la presencia efectiva del Estado y la protección de los ciudadanos.
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“La paz debe reflejarse en la vida cotidiana de los colombianos: cuando las familias viven sin miedo, los campesinos trabajan en libertad y ninguna organización ilegal sustituye la autoridad legítima de la República. Esa es la paz que Colombia está decidida a construir”, concluyó.
La ONU pide continuidad e implementación integral del Acuerdo
A casi diez años de la firma del Acuerdo de Paz, Naciones Unidas destacó los avances alcanzados en Colombia y la importancia de dar continuidad a su implementación en esta nueva etapa política. Entre las prioridades señaló la necesidad de garantizar la financiación de los programas de paz, fortalecer la coordinación institucional y proteger a los excombatientes, 501 de los cuales han sido asesinados desde 2016.
El representante especial del secretario general de la ONU para Colombia, Miroslav Jenča, destacó este lunes ante el Consejo de Seguridad la importancia de garantizar la continuidad y la implementación integral del Acuerdo de 2016, en un momento en que el país enfrenta una creciente inseguridad. Reconoció la intención expresada por la administración del presidente Abelardo de la Espriella de cumplir las obligaciones constitucionales y legales del Acuerdo, pero subrayó la necesidad de traducir ese compromiso en medidas concretas.
En particular, destacó la importancia de establecer planes que garanticen una financiación adecuada para los programas e instituciones de paz, asignar responsabilidades claras de liderazgo y coordinación dentro del Gobierno y reactivar las comisiones previstas en el Acuerdo. Estas medidas, explicó, permitirían responder a las preocupaciones de distintos sectores sobre la continuidad del proceso.
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“Esperamos que se definan con mayor claridad sus políticas y estamos dispuestos a apoyar al Gobierno en este sentido, poniendo a su disposición la experiencia acumulada por la Misión durante casi una década de acompañamiento a la implementación”, afirmó.
Jenča recordó que el Acuerdo ha contribuido a poner fin a la insurgencia más prolongada del conflicto colombiano, impulsar el desarrollo de las zonas rurales y establecer mecanismos de justicia transicional y reparación a las víctimas. Sin embargo, reconoció que su implementación sigue arrastrando importantes deficiencias.
Insistió en que las políticas de seguridad y la aplicación del Acuerdo deben avanzar de manera complementaria, particularmente en las regiones donde persisten la violencia, las economías ilegales y la escasa presencia del Estado. “Una lección se ha mantenido constante durante todo este tiempo: la paz sostenible requiere seguridad, y la seguridad requiere una presencia efectiva y duradera de las instituciones del Estado”, afirmó.
Jenča informó que las comunidades de las regiones afectadas por el conflicto siguen expuestas a la presencia de múltiples actores armados, las economías ilegales, el aislamiento geográfico y las dificultades para acceder a servicios públicos. El reclutamiento de niños y niñas, especialmente entre las comunidades étnicas, y las amenazas y agresiones contra las mujeres siguen siendo motivos de especial preocupación.
Según cifras presentadas recientemente por el nuevo Gobierno ante el Congreso, los grupos armados ilegales pasaron de unos 15.000 integrantes en 2022 a aproximadamente 28.000, mientras que el Clan del Golfo creció de unos 4.000 miembros a más de 10.000.
El representante especial también condenó los asesinatos de los líderes sociales María Ovidia Palechor y James Flor, ocurridos el 1 de septiembre en el departamento del Cauca. “Sus muertes son un recordatorio aleccionador de los riesgos que siguen enfrentando quienes dedican sus vidas a servir a sus comunidades, defender los derechos de las víctimas y promover la convivencia pacífica”, afirmó.
Frente a este panorama, sostuvo que ampliar las oportunidades económicas, mejorar los servicios públicos y fortalecer las instituciones locales resulta fundamental para reducir la violencia. Estos objetivos, señaló, forman parte de las disposiciones sobre reforma rural del propio Acuerdo de Paz.
Pese a las dificultades, Jenča destacó que la reincorporación de los antiguos integrantes de las FARC-EP a la vida civil continúa siendo uno de los logros más importantes del proceso de paz. Más de 11.000 excombatientes mantienen su compromiso con la reincorporación y han desarrollado, con apoyo estatal e internacional, aproximadamente 6.000 proyectos productivos y 300 cooperativas en sectores como la agricultura, el turismo, el comercio y la producción textil.
Entre las experiencias recientes destacó una iniciativa turística que reúne a unos 400 excombatientes y víctimas en seis departamentos, con el objetivo de promover el desarrollo económico a través de la naturaleza, la memoria histórica y la reconciliación. También mencionó un proyecto de comercialización de café que, desde 2018, vincula a unos 1.300 excombatientes en nueve departamentos.
“Estas experiencias demuestran que, cuando los excombatientes tienen acceso a oportunidades económicas sostenibles y a los mercados, la reincorporación se convierte en una inversión estratégica en el desarrollo local, la cohesión social y la paz duradera”, afirmó.
Sin embargo, la sostenibilidad económica de estas iniciativas sigue siendo un desafío y la inseguridad amenaza los avances conseguidos.
501 excombatientes asesinados desde 2016
La inseguridad también amenaza la reincorporación. Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, 501 excombatientes han sido asesinados, el más reciente el 22 de septiembre en el departamento del Cesar. Jenča pidió reforzar su protección y sus oportunidades económicas para evitar que vuelvan a ser reclutados por grupos armados.
El representante especial reafirmó la disposición de la Misión de Verificación a seguir acompañando la implementación del Acuerdo, en estrecha colaboración con el Gobierno, las comunidades, los excombatientes y las organizaciones de la sociedad civil. Destacó especialmente el valor de la presencia territorial de la Misión, que durante casi una década ha establecido relaciones de confianza con las comunidades y las autoridades locales en algunas de las regiones más afectadas por el conflicto.
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Jenča recordó que la ONU ha acompañado los esfuerzos de paz de Colombia durante sucesivos gobiernos, siempre con pleno respeto por la soberanía del país y el principio de apropiación nacional. Añadió que Colombia ha iniciado “un nuevo capítulo político, con amplios desafíos por delante y la necesidad de mantener el compromiso internacional para superar los obstáculos pendientes, profundizar los avances alcanzados y construir un futuro más pacífico y seguro para todos los colombianos”.
“La oportunidad está ahí para aprovechar los instrumentos del Acuerdo y la presencia de la Misión en las regiones afectadas por el conflicto para contribuir sustancialmente a estos objetivos”, concluyó.
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- ¿Qué propuesta presentó el canciller Omar Bula ante el Consejo de Seguridad de la ONU respecto a la Misión de Verificación?
- El ministro de Relaciones Exteriores propuso focalizar el mandato de la misión exclusivamente en los componentes de reincorporación de excombatientes y garantías de seguridad, argumentando que la Reforma Rural Integral debe integrarse de forma permanente a las políticas públicas y a la institucionalidad del Estado colombiano.
- ¿Cuáles fueron las principales estadísticas sobre homicidios y economías ilícitas expuestas por el Gobierno colombiano?
- El canciller señaló que entre julio de 2016 y agosto de 2026 se registraron 132.930 homicidios, cerca de 100.000 extorsiones y más de 2.750 secuestros, además de destacar que hacia 2023 se contabilizaron 253.000 hectáreas de cultivos de coca y que el número de integrantes en grupos armados ilegales pasó de 6.000 a casi 30.000.
- ¿Cuál fue la postura del representante especial de la ONU, Miroslav Jenča, frente a la implementación del Acuerdo de Paz?
- Jenča insistió en la necesidad de garantizar la continuidad y la aplicación integral del Acuerdo de 2016, advirtiendo que las políticas de seguridad y los compromisos de paz deben marchar de manera complementaria con una presencia estatal efectiva en las regiones.
