El proyecto de decreto fue publicado en la página del Ministerio del Interior y estará abierto a comentarios hasta el 27 de septiembre. El mecanismo extrajudicial abarcará denuncias interpuestas entre 1999 hasta la actualidad.
El Gobierno Nacional dio las primeras luces a una de sus promesas de campaña. Esta semana, se publicó en la página oficial del Ministerio del Interior un proyecto de decreto abierto a comentarios que, de sancionarse, daría paso a la creación de una comisión de la verdad encargada de resolver casos alusivos a estallidos sociales y abuso policial.
Según el comité de la ruta de exigibilidad de la Comisión de la Verdad del Estallido, se identifican más de 970 víctimas y 595 detenciones arbitrarias entre 2019 y 2021.Sin embargo, aquellos casos no serán los únicos que tomaría este nuevo organismo extrajudicial.
El proyecto estipula que se revisarán casos y denuncias interpuestas desde 1999 y hasta la actualidad. En la memoria justificativa del proyecto el Gobierno asegura que este organismo será crucial para defender y respetar los derechos de los ciudadanos.
“La protesta social es un derecho fundamental reconocido en diversas constituciones y tratados internacionales (...) Sin embargo,en el contexto de estas manifestaciones en Colombia han ocurrido situaciones en las que se han cometido delitos por actores estatales. Ante este escenario, resulta urgente y necesario esclarecer los hechos delictivos vinculados a la protesta social”, dice el documento.
En cuanto a por qué esta comisión se repararía incluso a casos de 1999, el decreto asegura que el problema del abuso de la fuerza estatal no es algo nuevo, y se remitirán a sentencias de la Corte Constitucional (CC) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para dar justicia y claridad a las víctimas y denunciantes de estos sucesos.
Algunas de esas sentencias son: la STC7641-2020 de la CSJ, que ordenó la suspensión del uso de escopetas calibre 12 y falló a favor de los manifestantes que denunciaron abuso de la fuerza por parte del Esmad; y el Auto 504 de 2022 de la CC, que determinaron que frente a los casos de abuso policial debería estar la justicia ordinaria y no la penal militar.
El nuevo comité de verdad tendría una duración de ocho meses, más otros dos que se usarán para su estructuración. El proyecto de decreto también estipula que este organismo quedará en manos del poder Ejecutivo, y quien sea el jefe de este (es decir, el presidente) deberá entregar a la ciudadanía un informe de rendición de cuentas.
“El presidente estará en la obligación de rendir cuentas en el menor tiempo posible y en un plazo que no supere a un (1) año una explicación pública satisfactoria., a través de los medios de comunicación y las redes sociales institucionales (...) sobre las actuaciones de la Policía relacionadas con el uso de la fuerza, cuando se tenga conocimiento de que miembros de la Policía Nacional hicieron uso de armas letales o menos letales que hayan causado daños a la vida o integridad de las personas en el marco de las manifestaciones”, dice el documento.
Para lograr encontrar la verdad, el decreto estipula que todos los organismos y entidades del Estado deberán entregar la información que tengan al respecto. En ese sentido, se establecerán convenios con la Procuraduría, la Justicia Penal Militar y la Fiscalía para que la comisión de la verdad y el Ejecutivo tengan acceso a los folios y procesos que necesiten revisión.
En contexto: Alias 19 y otros tres integrantes de la primera línea fueron condenados a más de 12 años de cárcel
Se contarán procesos archivados y ya iniciados, por lo que la comisión también deberá tener claro cuál es el estado de los procesos que llegan a sus mesas.
“Cuando se trata de información, documentos o archivos sobre graves violaciones a los derechos humanos, el Centro Nacional de Memoria Histórica deberá promover su máximo acceso y divulgación, no podrá calificar esta información como reservada ni establecer restricciones de acceso”, estipula el decreto.
Esto apenas sería el comienzo. En campaña, el presidente Gustavo Petro prometió que buscaría justicia para quienes alegaban haber sufrido vulneraciones a sus derechos durante el estallido social de 2019 a 2021.
Sin embargo, para inicios de 2025, Juan Pablo Fonseca, miembro del Movimiento de Resistencia a las Agresiones Oculares le dijo a 070 que vivían: “Un abandono estatal. No ha habido avances en estos cuatro años”.
Fonseca ha contado su historia en redes y medios de comunicación. Asegura que caminaba con sus compañeros cuando, a las 8:00p.m., un agente del entonces Esmad, le lanzó un gas lacrimógeno al rostro. Este lo impactó en el lado derecho de la cara, le causó 32 fracturas y perdió su globo ocular.
Su caso está en la Fiscalía, y varias audiencias han sido aplazadas. Sin embargo, él no es el único. Según el más reciente informe del Sistema de Información de Agresiones a la Protesta Social, de los 169 casos de lesiones oculares desde la creación del Esmad (hoy UNDMO) en 1999, 116 fueron en el marco del paro nacional de 2019-2021.
En ese sentido, el nuevo proyecto de decreto del Ministerio del Interior establece que “iniciar el análisis en 1999 permite identificar las raíces estructurales de la violencia institucional, establecer líneas de continuidad, responsabilidad y omisión estatal, y comprender cómo se han configurado los patrones de abuso que afectan el ejercicio del derecho a la protesta en el país”.
Según el decreto, la nueva comisión de la verdad también se encargaría de revisar un supuesto subregistro de 170 jóvenes asesinados, más de 537 personas con detenciones arbitrarias tras montajes judiciales y más de 150 personas heridas tras tentativa de homicidio.
Además, se hará una veeduría de las condiciones de vida en la que están las personas actualmente detenidas. Según el decreto, muchas de ellas han sido sometidas a tratos denigrantes y vulneración de derechos mientras están en la cárcel.
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