La condena contra Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quedó en firme en segunda instancia y se convirtió en uno de los fallos judiciales más relevantes de los últimos días. El Tribunal Superior de Antioquia dejó sin efectos la absolución inicial y, en una sentencia que supera las 300 páginas, describió con detalle las razones por las cuales consideró probado que el ganadero hizo parte de la estructura paramilitar conocida como Los 12 Apóstoles.
Además de fijar una pena cercana a los 28 años de prisión, el Tribunal ordenó compulsar copias para que la Fiscalía investigue al abogado Diego Cadena, por su presunta intervención en la preparación de un testimonio que intentó favorecer al hoy condenado.
”Se compulsarán copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue los posibles delitos en contra de la administración de justicia en que hubiere podido incurrir el abogado Diego Javier Cadena Ramírez de acuerdo con lo considerado en relación con el testigo Juan Carlos Rodríguez Agudelo”, se lee en el fallo.
Ese testigo es Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias Zeus, un exmilitar que luego pasó a las filas paramilitares y que declaró que no conocía a Santiago Uribe ni tenía información sobre Los 12 Apóstoles. Pero para el Tribunal su versión carecía de valor. Zeus no tenía vínculos con la zona donde operó este grupo armado ni con los hechos que se investigaban, y además había recibido ayuda externa para construir su relato.
“El propio declarante aceptó que recibió asesoría del abogado Diego Javier Cadena Ramírez para redactar una carta dirigida al Fiscal General de la Nación afirmando que tenía información acerca de la investigación que se adelantaba en contra de Santiago Uribe. Completo silencio guardó la defensa en su escrito como no apelante sobre este relevante asunto. No podría ser de otra manera. La versión que sostuvo Rodríguez Agudelo se corresponde abiertamente con las propuestas que a lo largo del expediente ha intentado sostener la defensa infundada e infructuosamente: que las incriminaciones que realizaron Juan Carlos Meneses Quintero y Alexander Amaya en contra de Santiago Uribe surgieron por una conspiración –indemostrada– de narcotraficantes del norte del Valle, el gobierno de Venezuela y senadores colombianos, con el fin de afectar al hermano del sindicado”. añade el documento.
En contexto: Atención: Tribunal de Antioquia condenó a 28 años de prisión a Santiago Uribe por el caso de ‘los 12 Apóstoles’
La compulsa de copias provocó reacciones inmediatas, entre ellas la del abogado Víctor Mosquera, quien cuestionó públicamente la decisión. Desde sus redes sociales afirmó que la medida no tenía fundamento, pues Cadena nunca intervino formalmente en la actuación judicial.
“La injusta condena contra Santiago Uribe incurre en una irregularidad grave: el Tribunal revoca la absolución de 2024 y, sin un solo hecho que lo sustente, compulsó copias contra @DiegoCadenaLaw, quien nunca hizo parte del proceso ni aparece mencionado en los supuestos hechos de Yarumal (Antioquia)–donde operaron Los 12 Apóstoles–”, escribió Mosquera.
El penalista insistió en que no hay elementos que vinculen al abogado con la elaboración del testimonio falso y que la decisión se basa en factores ajenos al expediente. “Es evidente que esa compulsa no surge del expediente, sino de una narrativa externa que el fallo intenta reforzar”, afirmó.
La controversia también revive un antecedente inevitable. Diego Cadena no es un personaje ajeno a los Uribe. El abogado ya fue condenado a siete años de prisión domiciliaria por manipulación de testigos en un proceso penal directamente relacionado con el expresidente Álvaro Uribe, por la fabricación de declaraciones falsas.
En ese caso, un juez concluyó que Cadena le ofreció beneficios jurídicos y prebendas a Juan Guillermo Monsalve con el propósito de que modificara su declaración sobre las presuntas relaciones del expresidente Álvaro Uribe con paramilitares en Antioquia.
La investigación demostró que Cadena no solo buscó que Monsalve se retractara, sino que intentó obtener un testimonio que exonerara al exmandatario, acudiendo para ello a maniobras que la justicia calificó como indebidas. Según el fallo, estas gestiones, presentadas por Cadena como “ayudas humanitarias”, en realidad constituían una forma de presión orientada a alterar la versión del testigo clave en uno de los procesos más sensibles que han rodeado al expresidente.
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