El Consejo de Estado decidió mantener la investidura de la exsenadora Claudia López, quien había sido demandada por no haberse declarado impedida en la votación de un proyecto de ley que pretendía despenalizar la injuria y la calumnia.
La denuncia fue hecha por el exprecandidato a la Cámara Hernán Darío Cadavid Márquez el 5 de diciembre de 2017, en el que sustentó el impedimento por la participación de López como integrante de la Comisión
Primera Constitucional del Senado de la República, en la discusión del proyecto de ley 14 de 2017 “Por medio del cual se fortalece la política criminal y penitenciaria de Colombia y se dictan otras disposiciones”, presentado por el Gobierno Nacional.
La exsenadora se defendió argumentando que la costumbre del Congreso de la República, cuando no existe investigación formal en contra de un congresista es que no existe impedimento para participar en las deliberaciones de proyectos que versen sobre el mismo tema.
Esta posición fue respaldada tanto por la Procuraduría como por el Consejo de Estado.
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