La Sección Tercera del Consejo de Estado negó las pretensiones que una compañía interpuso contra Ecopetrol por los costos del incumplimiento de un contrato para la perforación de pozos petroleros en Aguazul, Casanare.
Con ponencia del magistrado Nicolás Yepes, el alto tribunal tuvo como objetivo revisar un caso en el que se le señaló a Ecopetrol de ser la responsable directa del cese de operaciones que en 2012 puso en aprietos a Parker Drilling Company International Limited, la parte demandante.
Según esta compañía, Ecopetrol era el que exclusivamente tenía que socializar el proyecto firmado –entre empresas– con los grupos de interés en la zona de perforación. Pero como en dicho trámite hubo “un cumplimiento tardío y defectuoso”, eso condujo a que la comunidad bloqueara las vías de acceso y a su vez se impidiera la movilización de maquinaria.
Por esa razón, pidió que se le pagara 1.002.690 dólares, la tarifa de stand by de equipo inactivo con cuadrilla pactada en el contrato durante los días que se pararon las actividades, que fue entre el 15 de septiembre y el 10 de octubre de 2012.
En primera instancia este pedido les fue negado, ya que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca encontró que la divulgación del proyecto no era solamente de Ecopetrol, sino de todas las partes.
Parker Drilling Company acudió ante el Consejo de Estado para que le fuera reconocido el dinero, sin embargo, este no lo hizo argumentando que “no se acreditó que la situación que originó la para en las labores de la maquinaria durante 26 días dieran lugar a que Ecopetrol estuviera obligada a pagar la tarifa”.
Incluso dice que la empresa petrolera sí cumplió con su responsabilidad frente a la socialización del proyecto, por ende no está obligada a reconocer las pretensiones millonarias de la compañía demandante.
