Una decisión del Consejo de Estado reconoció la responsabilidad del Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa por lo ocurrido en el corregimiento La Granja, de Ituango (Antioquia) donde, luego de una masacre por parte de paramilitares y miembros de la Fuerza Pública, la comunidad sufrió desplazamiento forzado en 1996. Por este suceso, tendrán que reparar económicamente a 60 personas.
Si bien para el año 2006, en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se condenó al Estado por ese hecho, en el fallo no se incluyeron a esas 60 personas, solo se reconocieron 31 víctimas que no recibieron una reparación económica, sino que se les garantizó condiciones de seguridad en caso de querer regresar a sus tierras.
En este sentido, la Sección Tercera del Consejo de Estado estudió el caso y ordenó la reparación de 50 salarios mínimos a cada persona que no fue incluida en la sentencia internacional, todo bajo el perjuicio moral consecuencia de desplazamiento.
Por eso, el Ejército Nacional tendrá 10 días para consignar un monto de 3.000 millones de pesos al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos.
“El Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos publicará un extracto de la presente sentencia en un diario de amplia circulación nacional. En este se señalará que quienes estén inscritos en el registro de víctimas como desplazados de La Granja en junio de 1996 y no concurrieron al proceso, cuentan con 20 días, siguientes a la publicación, para reclamar la indemnización ante el Fondo”, dicta el fallo.
Una vez finalizado el pago de las indemnizaciones, el dinero sobrante se devolverá a la entidad condenada, es decir, al Ejército Nacional. “La integración de miembros del grupo con posterioridad a la sentencia no incrementará el monto de la indemnización y el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos reembolsará al Ejército Nacional el monto sobrante – si existiese”, dice la sentencia.
