La simpatía de Iván Cepeda con el chavismo va más allá de lo ideológico. Sus trinos del pasado elogiando a Hugo Chávez como el “arquitecto de un nuevo orden” y a Nicolás Maduro como “digno sucesor” que “trabajará por la paz de Colombia” son la punta de algo más profundo que estamos viendo en plena campaña electoral.
En recientes entrevistas con María Jimena Duzán, en su podcast A Fondo, y con Andrés Mompotes, director de El Tiempo, cuando le preguntan sobre si le apuesta a una Asamblea Constituyente, Cepeda no la niega pero opta por decir que él se inclina por un “acuerdo nacional”.
Pero cuando explica de qué se trata, todo indica que conduce al mismo destino: cambiar el sistema político y sus fórmulas parecen repetir las que utilizó Venezuela para convertirse en dictadura.
Mientras el presidente Gustavo Petro destapó sus verdaderas intenciones y anunció el primero de mayo en Medellín su idea de liderar la convocatoria de una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución de 1991 –a pesar de haber firmado en mármol como candidato que no lo iba a hacer si llegaba al poder–; Cepeda dice preferir un “acuerdo nacional”.
Sin embargo, los dos caminos son dos caras de la misma moneda: si llega a ser elegido Cepeda y no logra armar el “acuerdo nacional”, tendrá de respaldo las firmas para convocar la Asamblea Constituyente, recogidas en su mayoría con el apoyo del gobierno de Gustavo Petro en sus últimos 100 días.
Ambas herramientas pueden llevar al mismo puerto: el cambio de la Constitución de 1991 que ha sido la que garantiza derechos de avanzada, y ha permitido grandes transformaciones sociales y de inclusión en Colombia.
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“Sentémonos a hablar y vemos. He participado en procesos de diálogos, sé como se hacen los acuerdos y entre gente que está en posiciones distintas, diametralmente opuestas. Y he visto que es posible llegar a acuerdos. ¿Por qué no podríamos hacerlo aquí y ahora entre los colombianos?”, le dijo Cepeda a Mompotes.
“¿Cómo sería esa invitación?” –le replicó el director de El Tiempo–. El candidato contestó: “Así sencilla, sentémonos a hablar”.
Cepeda advierte además que “el día en que yo sea elegido presidente vamos a comenzar a diseñar el diálogo”. Y él mismo decide explicar quienes harían parte de ese acuerdo: “Hay que decidir una mesa de diálogo en la que están sentados los sectores que tienen la posibilidad de influir el destino de este país de una manera clara”.
Y también precisa: “¿Quiénes son? El movimiento social, los sectores organizados de la sociedad civil, de las poblaciones rurales, que representan a los sectores populares. En segundo lugar, por supuesto, los sectores económicamente más poderosos. También los sectores políticamente más decisorios”.
¿Quiénes los eligen? ¿Cómo los eligen? De eso no habló el candidato del petrismo. Pero pronunció una frase que inquieta: “Y algunos otros que consideraremos para que se sienten o nos sentemos a discutir con el Gobierno”.
Cuando dice “consideraremos” se infiere que sería él y su gobierno quienes deciden los miembros de esa mesa del “acuerdo nacional”. La misma mesa que, según él mismo anticipa, podría decidir darle facultades al Presidente de la República para legislar a punta de decretos.
Cabe recordar, con respecto a los miembros, que en la Asamblea Constituyente que convocó Hugo Chávez, a pesar de que sus seguidores obtuvieron el 65% de los votos terminaron ocupando el 95% de los asientos. Una vez se da rienda suelta a un instrumento como este cualquier cosa puede ocurrir.
Cepeda cuenta con poder embolsillarse a la mayoría del Congreso para propiciar el “acuerdo nacional”, o que conduzca a la Constituyente, como hizo Chávez, que antes de conformar la Asamblea le dio un viso de falsa transparencia a los comicios por el apoyo previo de los legisladores.
En las palabras del candidato se dibuja una hoja de ruta que se resume en tres puntos. Primero, el ya mencionado, el Gobierno elegiría quiénes, cómo y qué temas se discuten en acuerdo —Cepeda ha mostrado en esta campaña un espíritu autoritario al no querer ir a debates y dar escasas entrevistas, según el mismo dijo, bajo “reglas claras”.
Segundo, el vehículo para cambiar la Constitución lo mejor sería, como él mismo dice, que esa mesa de “acuerdo nacional” le diera facultades al Presidente para legislar por decreto. Es decir, el Presidente convierte en ley todo lo que quiera sin tener que pasar por el Congreso. El sueño de los autócratas.
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El propio Cepeda lo reconoció en la entrevista citada: “Puede ser que al final de ese camino, no al comienzo, nos pongamos de acuerdo en que hay unos temas pactados y viene un asunto que cómo se implementa, como en todo acuerdo. Entonces para implementarlos hay que incorporarlos a la Constitución y al orden legal”.
El entrevistador lo cuestiona: “Pero eso se pueden hacer con reformas” y el candidato responde:
“O simplemente con un decreto, fíjese usted. Si todo el mundo está de acuerdo le da facultades al presidente de que se haga un paquete de decretos ley que tenga la fuerza de hacer válidos esos acuerdos. Si es así, es más sencillo aún. O también tramitarlos por el Congreso, pero eso es un camino que por mi experiencia le digo, es muy engorroso”.
La fórmula Cepeda guarda semejanza con el proceso de Chávez en Venezuela: la Constituyente conformada mayoritariamente por sectores afines a Chávez consagró en el artículo 203 de la Constitución de 1999 que se autorizaba al Presidente a legislar por decreto.
Lo que en Venezuela se conoce como leyes habilitantes, que le permitieron a Hugo Chávez cambiar la estructura de Venezuela y tuvieron duros efectos en el aparato productivo del país y que años después produjeron el éxodo de casi 8 millones de venezolanos.
Iván Cepeda, a la pregunta de si incluiría al uribismo en el diálogo, responde:
“He visto y he participado en esos procesos de diálogo. Sé cómo se hacen los acuerdos entre gente que está en posiciones totalmente distintas, diametralmente opuestas. Hay muchas heridas, muchos problemas, muchos prejuicios... pero creo yo que incluso en esa otra orilla hay también un amor por este país”, señala sin convencer a un sector de la población que lo ve, simultáneamente, atacar con fuertes expresiones al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El tercer punto de la ruta tiene que ver, precisamente, con lo que dijo Cepeda del paquete de decretos. En la entrevista anticipa que se meterá con casi todo: la salud, la seguridad, las reformas sociales, el agro y hasta con temas tributarios relacionados con las personas que tienen mayores ingresos.
La ruta del chavismo
Así lo hizo en su momento el entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez a comienzo del siglo XX, cuando arrancó con leyes habilitantes que le permitieron gobernar por decreto en varios frentes. Con ese mecanismo fue concentrando poder y sacando adelante cambios de fondo sin pasar por el Congreso hasta que se hizo con las tres ramas del poder público.
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Por eso, aunque Cepeda insiste en que todo partiría de un gran consenso, la discusión no es menor. La pregunta es hasta dónde ese consenso puede terminar justificando que el Ejecutivo concentre más poder del habitual. Y sobre todo, qué pasa con los contrapesos en ese escenario.
El régimen chavista avanzó en la expedición de un paquete amplio de normas sin seguir los tiempos habituales del Congreso e incluso sin informar previamente su contenido a la Asamblea Nacional, como estaba previsto. Las medidas introdujeron cambios profundos en distintos frentes del país, desde lo económico y financiero hasta lo social, institucional y de servicios, transformando de manera rápida el marco legal vigente.
Varias de esas leyes cambiaron la vida de la gente. Por ejemplo, la ley de tierras permitió intervenir grandes extensiones consideradas improductivas para redistribuirlas entre campesinos, lo que impactó directamente a grandes propietarios.
En el sector pesquero, se limitaron ciertas prácticas industriales para favorecer a pescadores artesanales. Y en el caso del petróleo, se aumentó el control del Estado sobre la industria, modificando el funcionamiento de la empresa estatal y las reglas del sector energético.
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Incluso, Hugo Chávez utilizó en 2007 una ley habilitante para decretar reformas que los venezolanos habían rechazado en referendo ese mismo año.
La historia demuestra que fue mucho más lejos y cómo terminó el país vecino.
Riesgos de la ruta para la Constituyente
La imposición de “reglas”: quiénes, cómo y qué temas
Cepeda insiste en tener claras las “reglas”, que suena más bien a una imposición. Según el politólogo e internacionalista Camilo González, “hay la posibilidad de una ley de facultades extraordinaria como propone Iván Cepeda, que es la mayoría más uno (...) El apoyo que podría ser un puente es la Alianza Verde y en cierto modo hay un estilo Chávez porque es el Congreso el que rinde su facultad de legislar en favor del presidente en el hipotético caso que sea Cepeda”.
Más allá de esa formalidad, el candidato del Pacto ganaría por ambas vías: sea a través del Congreso a través del mentado “acuerdo nacional”, pero imponiendo quiénes, cómo y qué temas.
Poder desmedido: leyes habilitantes y decretos ley
El experto González, en diálogo con este diario, señala que la diferencia actual de Cepeda con el caso venezolano es que la ley de facultades llegarían a un límite que lo impone el Congreso. “Hay un escenario en que se pueda reeditar el caso Chávez en el sentido en que el presidente se vuelva un actor muy poderoso en ese tipo de acuerdo nacional. Sería distinto el Congreso venezolano por la fragmentación actual y la diversidad de voces”.
Sin embargo, como ha contado este diario, Cepeda podría lograr las mayorías pues sumando la coalición petrista más algunos “indecisos”, se puede llegar fácilmente al número de 56 senadores a favor del Gobierno. Y en la Cámara de Representantes tienen aún mayor margen de ventaja sobre sectores opositores e independientes.
Lo que está en juego para la vida de la gente
En términos prácticos, una eventual Constituyente puede abrir múltiples riesgos. Se sabe cómo comienza, pero no cómo termina. Diversos expertos han recordado que así como se pueden reformar temas importantes, así mismo se pueden perder conquistas sociales de la Constitución de 1991.
Esto implica un cambio de reglas, justamente, en la vida de la gente que muchas veces no conoce o da por sentadas las virtudes de la Carta Magna; la amplitud de la tutela para reclamar derechos, instrumentos como el derecho de petición o el libre desarrollo de la personalidad, por nombrar apenas tres ejemplos.
En términos gruesos, ya estarían en juego otras conquistas relacionadas con los pesos y contrapesos vitales en una democracia.
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