La Contraloría General de la República encontró un carrusel de contratación de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), que viene de años atrás y se ha lucrado de millonarios recursos.
La entidad señaló que los contratistas que harían parte del mismo no han ejecutado las obras de mitigación ambiental que se les encargó, y que muchos de ellos resultaron ser empresas con direcciones inexistentes y oficinas cerradas.
Estas irregularidades fueron detectadas en una auditoría adelantada a Cardique en 2017, al revisar la contratación de obras civiles en caños, arroyos y reservorios en los municipios de su jurisdicción, donde también se revisaron los contratos para la recuperación y conservación del Parque Natural Distrital Ciénga de la Virgen, en las últimas tres vigencias fiscales.
“La auditoría determinó que la construcción de canales en concreto no se ha iniciado, no existen soportes que demuestren la realización de las obras contratadas, no se han aplicado los diseños acordados y las obras que se habrían realizado no cuentan con las pólizas de seguro necesarias para garantizar la calidad de las mismas”, señaló la Contraloría.
Se calcula que el detrimento patrimonial por las irregularidades en ambos casos pueden ascender a los 18.154 millones de pesos, representados en once hallazgos fiscales, además de 24 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y nueve con presunta incidencia penal.
“Lo más preocupante de las conclusiones a las que llega la Contraloría en su informe, es que Cardique lleva más de una década comprometiendo gran parte de su presupuesto anual de inversión, contratando obras bajo la modalidad de relimpias, donde se han dado las irregularidades encontradas”, señaló.
En la verificación del período comprendido entre el 2011 y el 2016, se estableció que la corporación destinó 172,9 mil millones de pesos en la protección del Recurso Hídrico, de los cuales 144,8 mil millones de pesos fueron ejecutados bajo esta modalidad contractual, con un agravante, como es que estos dineros se ejecutaron en su mayoría con los mismos contratistas, en una especie de carrusel de contratación, en el que cada cierto tiempo, y de forma sistemática, intercambian sus roles.
Además, se presentaban en los mismos procesos de selección como oferentes, con ofertas que diferían entre una y otra en sumas irrisorias de 10 pesos, o 5 pesos y pegadas al presupuesto fijado por la Corporación. Y compartían también los servicios de un mismo Contador Público, que a su vez contrató con la Corporación como representante legal de una persona jurídica.
Esta auditoría surgió como consecuencia de los resultados del ejercicio auditor efectuado en el primer semestre de 2017, en donde el equipo del nivel central, logró identificar 51 hallazgos de tipo administrativo, de los cuales 30 tienen presunta incidencia disciplinaria, 3 presunta incidencia penal y 5 presunta incidencia fiscal en cuantía cercana a los 5.313 millones de pesos, lo que motivó una verificación más profunda que se centrara en determinados contratos, con los resultados aludidos.
De acuerdo a esto, producto de las dos auditorías adelantadas por la Contraloría en el año 2017, se lograron identificar 81 hallazgos, de los cuales 54 tienen presunta incidencia disciplinaria; 12 presunta incidencia penal y 16 presunta incidencia fiscal cuya cuantía asciende a 23.467 millones de pesos.
