Veintiocho fueron los hallazgos que configurarían detrimento patrimonial en los contratos del Ejército Nacional, según las pesquisas adelantadas por la Contraloría General de la República, producto de una Actuación Especial de Fiscalización, realizada por equipos de auditoría del nivel central y de la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia.
De acuerdo con el organismo de control, unos $3.740 millones estarían comprometidos y buena parte de los hallazgos se dieron en la Cuarta Brigada que tiene jurisdicción en Antioquia.
Ante la denuncia general, el Comando Conjunto del Ejército aseguró que “la Inspección General del Ejército adelantará la verificación y posterior evaluación de los hallazgos señalados por la Contraloría para así presentar ante las autoridades competentes las acciones disciplinarias, administrativas y penales a que haya lugar”.
Así mismo, reafirmó su disposición para prestar el apoyo a los organismos de control y advirtió que mantiene una política de permisividad cero con los corruptos, “por lo que no tolerará actuación alguna de los integrantes de la institución que sea contraria a la Constitución, la Ley, los derechos humanos o el derecho internacional humanitario”.
Investigaciones simultáneas
De acuerdo con Sebastián Montoya Mejía, contralor delegado del Sector Defensa Justicia y Seguridad, esta actuación especial se realizó gracias a denuncias y una actuación penal que se venía haciendo por parte de la Fiscalía General de la Nación en Medellín, en contra del general (r) Jorge Romero, excomandante de Cuarta Brigada, en las cuales ya hay varios oficiales del Ejército presos. (ver Para saber más)
“Quisimos unificar este proceso para auditar y revisar qué validez tenían en los temas fiscales que nos competen. Analizamos uno a uno estos contratos y encontramos fallas en casi todos, especialmente en la supervisión y control. No encontramos soportes, por lo que no tenemos cómo saber si se cumplió con el objeto del contrato”, mencionó Montoya.
Y agregó que frente a la carencia de esa información hay que iniciar un proceso de responsabilidad fiscal que determinará si hay lugar a sanciones y cuáles serían.
Hallazgos en la IV Brigada
El más cuantioso corresponde a facturación por mantenimiento de vehículos, en la que se incluyeron varios que al parecer no pertenecen a esa unidad militar, “las dudas se acentúan por el hecho de que el contratista no incluyó la placa civil o militar en las facturas. Sumados a la incertidumbre sobre el cumplimiento del objeto contractual, los documentos y evaluaciones disponibles sugieren un presunto detrimento en cuantía de $607 millones”, dice el informe de la Contraloría.
También hubo casos en que los repuestos y mantenimientos que aparecían en las fotografías no correspondían a los vehículos que figuraban en el contrato, para este caso serían $940 millones.
Tampoco aparece el registro fotográfico que permita comprobar que el contrato 298 de 2016, para mantenimiento de inmuebles se haya realizado conforme fue pactado, se presume un detrimento de $275 millones.
El mismo problema presentan ocho contratos de 2016 y tres de 2017, suscritos por la Cuarta Brigada, que suman $351 millones.
Por otra parte, en el contrato 309-BASPC4-2016, los auditores encontraron un mayor gasto al requerido para la dotación para 4.402 soldados incorporados en 2016 y tampoco hay soportes que expliquen la destinación final de esos elementos adicionales por valor de $140 millones.
Por último, la Brigada no chatarrizó vehículos que ya no utilizaba y tuvo que incurrir en el pago del respectivo SOAT por varios años e incluirlos e la póliza de seguros para su flota vehicular. Y se presentaron dobles pagos en el mantenimiento de vehículos y la omisión del reintegro de elementos dañados o de entrega de los soportes respectivos fueron comunes en la Cuarta Brigada durante las vigencias examinadas. Los casos documentados sugieren un presunto detrimento por $48 millones, según el ente de control.
Varios de estos contratos están relacionados en el expediente del caso del general Romero, quien además enfrenta otro proceso penal por irregularidades en los permisos de armas.
Otros casos
La Contraloría también reveló que uno de los casos más relevantes en su Actuación Especial de Fiscalización se relaciona con un contrato que tenía por objeto la reparación de componentes de la División de Aviación y Asalto Aéreo, en el que la institución militar hizo los desembolsos sin contraprestación alguna. A juicio de los auditores, se habría configurado entonces un daño fiscal estimado en $465 millones.
Y el contrato, con número de radicación 407-CENACAVIACIÓN, se vio además afectado porque los responsables de su ejecución fueron eximidos, sin sustento legal, de pagar una sanción por incumplimiento en cuantía de 32.600 dólares (cerca de $100 millones a la tasa de cambio actual).
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