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Coronel Núñez pedirá perdón y será testigo clave en caso de “falsos positivos” en Chochó, Sucre
Ambas acciones hacen parte del preacuerdo que el coronel en retiro firmó con la Fiscalía para obtener una rebaja de pena.
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El coronel (r) Núñez fue capturado el pasado 8 de septiembre mientras arribaba de un vuelo internacional proveniente de México. FOTO: CORTESÍA
30 de noviembre de 2022
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El coronel (r) Benjamín Núñez Jaramillo pedirá perdón a las familias de los tres jóvenes que fueron asesinados el pasado 25 de julio en el corregimiento de Chochó, municipio de Sampués, Sucre.
Así habría quedado definido en el preacuerdo que el oficial de la Policía negoció con la Fiscalía General de la Nación por su presunta participación en el crimen de los tres jóvenes que fueron presentados, en su momento, como integrantes del Clan del Golfo.
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El coronel (r), que en el momento de los hechos se desempeñaba como comandante operativo de la Policía en Sucre, deberá pedirle disculpas a las familias de Carlos Ibáñez, Jesús David Díaz y José Carlos Arévalo Contreras, en un acto público en el que reconocerá que atacó a los jóvenes.
Los tres jóvenes fueron detenidos por la Policía y luego los señalaron de cometer el homicidio del patrullero Diego Felipe Ruiz Rincón en una panadería de Sampués en medio del paro armado que adelantaba el Clan del Golfo en 11 departamentos del país.
Pero además de las disculpas, en el preacuerdo también quedó establecido que el coronel será testigo clave de la Fiscalía para esclarecer otras investigaciones que realice el ente acusador contra otras personas que estén vinculadas en el caso.
Además del coronel (r) otros 10 uniformados –privados de la libertad– están siendo investigados por su participación en el triple homicidio.
El preacuerdo, que estaría a punto de cerrar con la Fiscalía, le daría a Benjamín Núñez una pena de 29 años en prisión.
Núñez fue capturado el pasado 8 de septiembre mientras arribaba de un vuelo internacional proveniente de México, a dónde se dio a la fuga días después de revelarse su participación en el crimen. La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio. El procesado se negó aceptar los cargos porque su intención era buscar un preacuerdo. En la misma diligencia un juez lo envió a la cárcel, donde permanece recluido mientras continúa su proceso.
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La investigación de la Fiscalía, que esclareció el caso en 28 días, determinó que durante el procedimiento en contra de los jóvenes algunos uniformados, al parecer, los golpearon. Posteriormente, el entonces comandante operativo llegó al lugar y pidió subirlos a una camioneta para trasladarlas a Sincelejo.
“El material de prueba da cuenta de que, durante el recorrido, el coronel presuntamente activó su arma de dotación en contra de los jóvenes, de manera directa y a muy corta distancia en siete oportunidades causándoles la muerte. Luego descendió del vehículo y se fue en la patrulla que tenía asignada, mientras los cuerpos fueron trasladados a un centro asistencial”, señaló el ente investigador.
Así mismo, la investigación estableció que los tres hombres agredidos estaban en estado de indefensión en el momento en el que recibieron los disparos, uno de ellos tenía una discapacidad en uno de los brazos y otro estaba con las manos amarradas.
También se conoció que el entonces comandante operativo de Sucre, al parecer, “repuso la munición que gastó con la aparente intención de dificultar el esclarecimiento de lo sucedido. De igual manera, hay evidencia de que reunió a 10 policías en su despacho y les habría pedido firmar un informe que consignaba información falsa, en medio de intimidaciones con una ametralladora mini Uzi”, reseñó la Fiscalía.
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