Previo a la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional en la plenaria del Senado, este miércoles se conoció una determinación que podría reestructurar las cuentas alrededor de la apretada votación entre María Patricia Balanta –que llega con el guiño del petrismo–, el exdefensor del Pueblo, Carlos Camargo –el ungido de independientes y oposición–, y el abogado Jorge Humberto Tobar.
Se trata de una sanción contra el senador Richard Fuelantala, del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO). Reclamando que, pese a ser un partido declarado de Gobierno, el congresista ha votado en contra de los intereses del Ejecutivo, la colectividad resolvió suspender provisionalmente su derecho a la vocería, voto y representación política.
“Las actuaciones refieren la desobediencia del senador, dado que nuestro partido político es de Gobierno, situación que obliga al congresista, a acatar lo dispuesto por la bancada, situación que ha desconocido y vulnerado”, advirtió AICO, en una determinación fechada este 2 de septiembre.
Previamente, en diálogo con este diario, Fuelantala manifestó que solo este miércoles tomará una decisión alrededor de la elección. “Dependerá de la intervención de cada uno”, dijo, negando que haya sido contactado por el Gobierno. “Ellos saben que soy independiente”. Es decir, su voto aún es un misterio.
No deja de ser incierto si el senador podrá participar en el proceso, teniendo en cuenta que aún no ha sido notificado formalmente de la sanción.
En medio de las apretadas cuentas, este martes las miradas estuvieron puestas en un partido en el que el asunto parecía zanjado: Cambio Radical. Allí su jefe natural, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, ha insistido una y otra vez que Petro podría hacerse a mayorías con Balanta –justo en momentos en los que sus adeptos hablan de una Constituyente y reelección, temas que pasarían por el resorte de la Corte–.
Sin embargo, la elección dejó al descubierto las costuras de la bancada y, de 11 senadores, al menos tres estarían de lado de Balanta. Se trata de los congresistas Didier Lobo, Temístocles Ortega y Ana María Castañeda, quienes le han caminado a algunos de los proyectos del Gobierno.
A Lobo, según contaron fuentes al interior de la colectividad, “ya lo apretaron y le advirtieron que tenía que votar en bancada, so pena de enfrentarse a sanciones”. Sobre Ortega y Castañeda hay otras consideraciones. Ambos fueron castigados semanas atrás por negarse a votar en contra de la consulta popular de Petro y hasta ayer no tenían ni voz ni voto para participar en el proceso. Por ello, sus votos parecían estar por fuera de la cuenta.
No obstante, al final de la tarde de este martes se conocieron dos sorpresivos oficios del Consejo Nacional Electoral (CNE), tribunal en el que ambos senadores impugnaron la sanción, en los que advierte que, hasta tanto no haya una decisión de fondo, el castigo permanece suspendido provisionalmente como medida cautelar. Es decir, ambos sí podrán votar y ejercer su derecho al voto.
En el Senado, y en particular en la bancada, no dejó de generar ruido que los documentos que dan vía libre a la votación de Ortega y Castañeda fueron firmados por dos magistradas que son cuota del Pacto Histórico en el CNE: Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez.