La Corte Constitucional suspendió el estudio del Decreto 898 que reestructura la Fiscalía General de la Nación de cara al posconflicto, mientras se expide la decisión sobre la reforma a la Constitución que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y la Jurisdicción Especial para la Paz.
La decisión de suspender el estudio se da por considerar que “numerosas disposiciones contenidas en el Decreto Ley 898 de 2017 guardan una estrecha vinculación material y se hallan directa y normativamente subordinadas a algunas de las disposiciones previstas en el Acto Legislativo 01 de 2017”. Es decir, que la decisión sobre la reforma a la Fiscalía depende de lo que la Corte diga sobre el Sistema Integral, y por eso se suspende el estudio.
Este decreto crea la Unidad Especial para el desmantelamiento de las organizaciones que atenten contra defensores de derechos humanos o movimientos políticos, incluyendo las sucesoras del paramilitarismo, que fue concebida en el punto 3.4.4 del Acuerdo Final alcanzado con las Farc.
Otras disposiciones
Igualmente, el decreto crea una Fiscalía Delegada contra la Criminalidad Organizada en la que quedarán incluidas una serie de direcciones para la investigación y procesamiento de graves violaciones a los derechos humanos, como la actual Fiscalía Delegada para los Derechos Humanos y la Delegada para la Justicia Transicional.
Para dicha reestructuración se crean 254 cargos administrativos y 516 Fiscalías en los territorios y también crea una Dirección de Políticas y Estrategia, una de Planeación y Desarrollo y unifica la dirección del CTI entre otros.
En este caso, la Procuraduría solicitó el aval generalizado del Decreto, al estimar que cumple con los requisitos formales y que son acordes a la Constitución todos los puntos que tienen que ver con la puesta en marcha de la Unidad, salvo un aparte del artículo 24 que señala que los recursos para su funcionamiento deberán ser aportados por el Gobierno en el presupuesto anual de la Fiscalía que se discute en el Congreso.
La Procuraduría estima que es contrario a la Ley orgánica imponerle una orden a la preparación del Presupuesto General y, por eso, pidió tumbar ese artículo en particular.
