En la posesión de la magistrada Adriana Consuelo López, el presidente de la Corte Suprema, Octavio Tejeiro, advirtió sobre presiones políticas, desinformación y “juicios paralelos” que debilitan la confianza en la justicia.
Durante la posesión de una nueva magistrada, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro, realizó este jueves sendos reclamos frente a los ataques contra la Rama Judicial y el ambiente de desinformación que prolifera en Colombia. Incluso, advirtió por “presiones políticas de diversa índole”.
Ocurrió en el marco de la posesión de la magistrada Adriana Consuelo López, con quien se completan los 23 magistrados que integran el alto tribunal. Desde allí, ante la sala plena, Tejeiro llamó la atención además por “juicios paralelos” en desmedro de las decisiones que se adoptan en los estrados.
“Cada día los retos y los desafíos de las magistraturas son más complejos. Surgen presiones políticas y de diversa índole y también de diversa procedencia. Prolifera la desinformación constante, se ataca a la justicia y abundan los juicios paralelos”, alegó el presidente del alto tribunal ante los magistrados.
En esa línea, aseguró que a lo largo de la historia la justicia ha sido asediada, “pero esta Corte Suprema ha sabido salir adelante, blindada por el espíritu de los jueces y el inquebrantable poder de lo justo, representado en las leyes, la Constitución y el Estado Social de Derecho”.
Si bien no hizo mención al presidente Gustavo Petro, la situación descrita por el magistrado Tejeiro tendría relación con la pugnacidad, los cuestionamientos cada vez más subidos de tono y sus frecuentes señalamientos –con dejo pendenciero y provocador–, que han caracterizado la relación del presidente Petro con varios frentes de la sociedad.
La Rama Judicial ha quedado en medio de su tono inquisidor. El jefe de Estado ha llegado a cuestionar decisiones de la Fiscalía, fallos de organismos del calibre de la Corte Constitucional y determinaciones del Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia.
Basta recordar lo ocurrido en febrero de 2024 cuando, en plena elección de la cabeza de la Fiscalía, manifestantes instigados por Petro atacaron la sede de la Corte Suprema en Bogotá y asediaron a sus magistrados.
Semanas atrás, Petro le quitó la competencia al Consejo de Estado para revisar tutelas en su contra y durante otro Consejo de Ministros televisado, la emprendió contra el magistrado José Fernando Reyes, de la Corte Constitucional, a quien señaló de sabotear la aprobación de la reforma pensional, en la mira de ese organismo por vicios de forma.
“Con esa actitud no contribuye a crear confianza en el sistema judicial colombiano. Como jefe de Estado debería hacer todo lo contrario: infundir confianza y propugnar que se respeten las decisiones judiciales, discrepando de ellas a través de los recursos establecidos”, explica a EL COLOMBIANO Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia.
De hecho, Petro llegó a acusar a la Corte Constitucional de generar un “lío fiscal” tras tumbar parte de su reforma tributaria.
La situación ha sido tan insostenible que, en contra de la tradición republicana, muchos magistrados han optado por posesionarse ante sus pares y no ante el jefe de Estado.
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