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Crisis chilena aviva debate sobre pensiones en el país

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Por Diana Milena Ramírez H. | Publicado el 09 de diciembre de 2019
4%

del PIB nacional fue girado en transferencias pensionales en 2019: CPC.

1,36

millones de personas están pensionadas por el régimen público, 172.354 en el privado.

En Definitiva

Aún no hay consenso de qué cambios debe tener el régimen pensional en Colombia. No obstante, entre los acuerdos se reconoce que el Estado destina demasiado para este rubro.

La crisis política y social que vive Chile por las bajas pensiones que reciben los trabajadores aviva el debate en Colombia sobre cuál es el rumbo que debe tomar la reforma pensional, teniendo en cuenta que una parte del sistema colombiano es similar al modelo chileno, y que varias de las soluciones propuestas se le asemejan aún más.

Las dificultades de los jubilados chilenos se pueden resumir en que después de haber laborado durante toda la vida, la mesada de los ciudadanos solo les representa la tercera parte del salario que ganaban.

“Esa tasa de reemplazo —el nivel de la pensión, comparado con el ingreso laboral—oscila en Chile entre 34 % y 50 % del salario. Si usted recibe un sueldo de 350 dólares, y al momento de pensionarse solo le llega la mitad, serían 175 dólares, y con eso no puede vivir, porque está muy por debajo del mínimo. Entonces, a pesar de estar pensionados, muchos deben seguir trabajando”, explica la abogada y especialista en Seguridad Social, Berta Fanny Osorio Salazar.

Que haya pensiones por debajo del salario mínimo obedece a que en Chile se adoptó un sistema de ahorro individual en los 80, manejado por privados, al que muchos de los trabajadores se cambiaron atraídos por una tasa más baja de cotización.

Esto significó mayores salarios, pero al llegar a la edad de pensión resultó en mesadas bajas; pues estas dependían del ahorro individual que se hiciera a lo largo de la vida.

David Bravo, profesor de la Universidad Católica de Chile le contó a EL COLOMBIANO que mientras fue director de la Comisión Asesora Presidencial del Sistema de Pensiones, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, ya había advertido sobre los bajos montos que iban a recibir los pensionados.

Incluso, cuenta, sus estudios estimaron que entre 2025 y 2035, las tasas de reemplazo serían inferiores.

“Estas tasas de reemplazo observadas, cercanas a 40 %, distan de las esperadas con base en los cálculos de quienes promovieron la reforma en 1981, en las que se hablaba de 70 % o más”, asegura Bravo, para quien la situación en su país podría ser más compleja de no haberse dado una reforma en 2008, que permitió introducir un pilar solidario, complementario.

La urgencia del cambio

Colombia, al igual que Chile y otras naciones en el mundo, se enfrenta a un sistema que no es financieramente sostenible, por lo que diferentes sectores piden una urgente modificación, pese a su alto costo político.

“Son los mismos problemas que se aducen para los países de América Latina y el Caribe: baja cobertura, inequidad y falta de sostenibilidad financiera. Y producto de ese carácter no redistributivo, hay enormes subsidios que benefician a los pensionados de altas mesadas”, señala el economista y profesor de la Universidad de Antioquia, Remberto Rhenals Monterrosa.

Los datos del Consejo Privado de Competitividad (CPC) lo muestran: la nación giró en 2019 casi el 4 % del PIB en transferencias pensionales, solo 25 % de las personas que llegan a la edad de jubilación recibe una mesada y el 48 % de las que se otorgan se concentra en el 20 % más rico.

Otro aspecto que afecta es el cambio demográfico: la población envejece, pero cada vez nacen menos personas; lo que impacta el funcionamiento al haber menos aportes.

El país ha estado a la espera de un cambio, pero los gobiernos lo han aplazado por su impopularidad.

El de Iván Duque ha dicho que no es probable que este año se presente un articulado al Congreso de la República para el cambio de sistema y la ministra de Trabajo, Alicia Arango, afirmó que las propuestas no serán aprobadas sin ser debatidas en la mesa de Concertación Laboral, lo que empujaría la presentación de un documento a 2020.

Por ahora, el presidente Duque ha sostenido que hay aspectos que desde su Gobierno no se tocarán: la edad de pensión, la tasa de cotización y la existencia de Colpensiones (como entidad pública de administración de dineros para la vejez), promesas que se mantendrían al ser el mandatario el que debe sancionar la Ley que sufrirá modificaciones en el órgano legislativo.

Las propuestas

Las pensiones chilenas son manejadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las cuales también existen en Colombia y funcionan con el ahorro individual.

Se incorpora la capitalización del ahorro pues la administración de los recursos incluye en la inversión en diferentes portafolios para tipos de perfiles: moderado, conservador y el de alto riesgo, que supone apuestas de las AFP que se mueven entre la renta fija (pj: TES) y renta variable (pj: acciones), la última más volátil. Esta posibilidad es la que sustentaría una mayor tasa de reemplazo y la sostenibilidad del sistema.

Las AFP compiten por los afiliados con el fondo público (Colpensiones), que tiene un esquema de aportes colectivo denominado Régimen de Prima Media (RPM), en el que se subsidian algunas mesadas y el sistema de reparto se establece con el promedio salarial de los últimos diez años de cada aportante.

Teniendo en cuenta los costos para país, y los problemas mencionados, las entidades que representan a los fondos privados han propuesto la unificación de los sistemas y que desaparezca el régimen público, aunque no necesariamente Colpensiones.

Un documento suministrado por Sergio Clavijo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), detalla su insistencia en una reforma estructural que se centre en el “marchitamiento” del RPM, al cerrar la opción de nuevos afiliados”. Esta contempla un tiempo de transición, según el periodo restante para la jubilación.

La mirada de Asofondos es similar y sostiene que la única posibilidad de hacer viable el sistema es por la capitalización individual.

“Implica que Colpensiones compita con las AFP en las mismas condiciones en un sistema de ahorro y capitalización. Esta nueva versión de Colpensiones tendría un gobierno corporativo inspirado en el del Banco de la República, que garantice independencia frente al Gobierno”, referencia el informe del CPC.

Un espejo

Mientras que para algunos analistas estas alternativas no serían funcionales porque repiten el modelo de Chile, para otros es prematuro ver en este país y su sistema de ahorro individual un espejo de la situación colombiana, teniendo en cuenta que los problemas son diferentes y las condiciones económicas también.

“Cuando alguna de las propuestas dice que marchitemos el público y dejemos el privado, estamos retomando lo que se intentó hacer en los 90, no es nuevo. Estaría mal porque la experiencia chilena ha demostrado que la capitalización individual pura no funciona”, dice Jaime Mejía, magíster en Seguridad Social y director del Semillero de Reformas a la Seguridad Social de la Universidad de Antioquia.

Sin embargo, David Hincapié Vélez, economista de la Escuela de Economía de la UPB, señala que la situación de conmoción social que atraviesa Chile no es un indicador objetivo sobre el fracaso absoluto de su sistema originalmente de ahorro individual o predominantemente privado.

“La productividad laboral para este país es mucho mayor que en Colombia, y su tasa de cobertura pensional también. La situación financiera de nuestro sistema pensional es insostenible al mediano y largo plazos, por el esquema de subsidios del régimen público. Una reforma pensional es necesaria”, indica.

Por su parte, Juan Pablo Zuluaga, estadístico y fundador del blog PensionesSinIlusiones, que se ha dedicado a sensibilizar a la población colombiana ante este tema, también rechaza estas opciones.

“No creo que los desafíos demográficos y de presupuesto sean tales que justifiquen una reforma como la que quieren las AFP y sus matrices en el sector financiero, en la que las AFP entronizarán un abusivo negocio a costa de nuevo sacrificio y riesgo para los cotizantes”.

Además, sostiene que ha “documentado conductas censurables y hasta ilícitas de las AFP. Si eso ya lo han hecho con lo que manejan, sería el colmo que les ampliáramos el negocio”, expresa.

La abogada Osorio Salazar considera que el esquema base debe seguir siendo el de prima media y los fondos privados, accesorios.

El profesor Rhenals Monterrosa, por su parte, dice que teme que se quiera reformar todo, de derecha o de izquierda. “Soy partidario de que los ajustes sean marginales, que son más fáciles políticamente y pueden convencer a la sociedad de la necesidad de la reforma. Este es un tema que debe ser discutido con juicio y no estar contaminado con intereses políticos o privados”.

Nuevas miradas

Otras alternativas que se plantean a las propuestas de los privados para garantizar la sostenibilidad del sistema, sin menoscabar el bienestar de las personas, pasan por considerar el sistema multipilar, adoptado por Uruguay.

“En este se garantiza un salario básico, un recurso administrado por el Estado en el que las personas aportarían para tener un ingreso mínimo. Otro pilar estaría en las pensiones privadas y, otro, en las voluntarias”, explica Mejía.

De igual forma, se plantea hacer modificaciones en los parámetros, algunas sin el visto bueno del Estado: aumentar la edad o igualarla sin importar el género, cambiar las semanas de cotización, limitar las pensiones de sobrevivientes, o reformas a las megapensiones de los regímenes especiales, entre otras.

“Nuestras estimaciones sugieren que incluso aumentar la edad en 3 años sería eficiente si se formaliza de manera significativa el empleo y la productividad total de los factores, para lograr una reducción de la deuda de 7,4 puntos del PIB entre 2020 y 2050, como lo propone Anif. Sin embargo, esta medida no es popular”, dice el investigador de la UPB.

Tanto el profesor Rhenals como el estadístico Zuluaga reclaman que la evaluación sobre el funcionamiento del sistema, además de Colpensiones, debe revisar la forma en que los privados administran los recursos, exigiendo, por ejemplo, mínimos de rentabilidad y que no se pongan de acuerdo para el cobro de administración, para que se fomente la libre competencia.

“Son buenísimos para criticar a Colpensiones, pero no examinan la enorme ineficiencia de las AFP ni apuntan a medidas ciertas para incrementar la rentabilidad de los cotizantes”, asegura Zuluaga.

Esa revisión que reclaman sobre las AFP ocurre en medio de las complejidades de la crisis de Chile, en donde si bien hay consenso sobre aumentar el ahorro subiendo el monto de la cotización de 10 % hasta un 15 %, la población no quiere que estas entidades administren sus recursos.

“La discusión ha estado dominada por qué entidad administraría los 4 o 5 puntos porcentuales adicionales, debido a la fuerte hostilidad que se ha creado en relación con las AFP privadas. En las últimas negociaciones se ha acordado que la administración de este ahorro adicional sería hecha por una nueva entidad pública”, explica el economista Bravo, quien vendrá a Colombia para conocer los pormenores del sistema pensional del país y las reformas que se proponen, para evaluarlos a la luz de lo que vive hoy Chile.

Entre tanto, analistas, académicos, gobierno y fondos privados seguirán tomando nota sobre cuál es el rumbo de las pensiones en el país, según la experiencia de Chile y el ambiente político y social interno, también está enrarecido por la baja popularidad del presidente Iván Duque.

Contexto de la Noticia

Paréntesis Traslados del privado al público

Pese a que en Colombia el sistema de ahorro individual aún es reciente, de los años 90, ya se registran casos de cotizantes inconformes con los montos de las pensiones que reciben por medio de las AFP. Lo anterior, ha incrementado los traslados del régimen privado al público. El Consejo Privado de Competitividad señaló que para 2018 fueron 156.000, incrementando en más de 23.000 frente a 2017, pese a que la Superintendencia Financiera estableció un trámite adicional de doble asesoría. “Estos traslados generan pasivos a futuro que ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema en el largo plazo”, destaca.

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