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Crisis en la Nacho: jaque al Consejo Superior para darles poder a los estudiantes

El presidente Petro insiste en que el rector de esa universidad debe ser elegido democráticamente, dándole un golpe a la autonomía universitaria y a las reglas que dan este poder al Consejo Superior. ¿Jugada política?

  • La elección del rector de la Universidad Nacional terminó en una crisis institucional por la designación de José Ismael Peña en lugar de Leopoldo Múnera. FOTO Esneyder Gutiérrez
    La elección del rector de la Universidad Nacional terminó en una crisis institucional por la designación de José Ismael Peña en lugar de Leopoldo Múnera. FOTO Esneyder Gutiérrez
  • Crisis en la Nacho: jaque al Consejo Superior para darles poder a los estudiantes
  • Crisis en la Nacho: jaque al Consejo Superior para darles poder a los estudiantes
27 de mayo de 2024
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La actual crisis que atraviesa la Universidad Nacional de Colombia (Unal) por cuenta de la designación del rector, bien podría ser un espejo de lo que planea el gobierno nacional con la democracia y la autonomía universitaria en las instituciones públicas. En un giro de tuerca, Gustavo Petro pretende desconocer al Consejo Superior, órgano máximo, y darle el poder de decisión a las bases estudiantiles, las cuales están de los movimientos de izquierda que hoy integran el Pacto Histórico.

La situación en ese claustro es clara: el Gobierno no reconoce como rector a José Ismael Peña, quien fue designado por el Consejo Superior Universitario (CSU) el 21 de marzo pasado. Mientras un grupo de docentes y exrectores (entre las que está Dolly Montoya) insiste en que hay que respetar las reglas de juego, la Casa de Nariño aúpa la idea de que el rector debe ser quien gane la consulta entre estudiantes, egresados y profesores (que este año ganó Leopoldo Múnera).

Le puede interesar: Sin firma de MinEducación, José Ismael Peña se posesionó como rector de la Universidad Nacional.

Vale la pena recordar que en las universidades públicas del país el rector se elige por un sistema que encabeza el CSU de cada una. Previamente, se hace la mencionada consulta universitaria, pero su resultado no es vinculante.

Entre tanto, el Consejo lo conforman ocho personas, entre las que hay tres delegadas del presidente de la República, un representante de estudiantes, profesores y exrectores, una del Consejo Nacional de Educación Superior y otra del Consejo Académico.

Históricamente, quien gana la consulta rara vez termina designado por el CSU. Para la muestra un botón: Dolly Montoya (antecesora de José Ismael Peña) en su primera aspiración a ser rectora ganó la consulta, pero perdió en la votación del Consejo; pero en su segundo intento, no ganó la consulta y sí quedó designada por el CSU.

Para la elección de este año, el Gobierno creó una alta expectativa cuando anunció que sus tres delegadas votarían por el ganador de la consulta Múnera. Pero como tres de ocho no son mayoría, y como la historia de estas elecciones muestran, el designado terminó siendo Peña.

Lo que pasó de ahí en adelante ya es conocido. Pero lo que llama la atención es que desde entonces el presidente Gustavo Petro ha sido enfático en que la salida a la crisis en la Nacional es dando “la lección de la democracia” en la que “las personas que constituyen la universidad decidan”. En otras palabras, que el rector se elija por voto popular.

Sin embargo, a la luz del contenido del proyecto de ley estatutaria de educación que presentó el Ministerio de Educación en 2023, ese sería el escenario al que quieren llevar las designaciones de rectores.

Son los numerales de dos artículos: el 5 y el 12. Allí se plantea que “los establecimientos educativos e instituciones de educación superior garantizarán la participación real y efectiva de los sujetos integrantes de la comunidad educativa para la toma de decisiones” y que el estado tendrá que “promover, apoyar y garantizar la participación en la dirección y funcionamiento de los establecimientos educativos e instituciones de educación superior de manera democrática, participativa, pluralista y directa”.

Sobre estos artículos la Asociación Colombiana de Universidades adviritó que aunque tiene la intención de fortalecer la democracia, lo que plantea “es restringir los procesos de participación democrática y debilitar la autonomía universitaria, al prohibir la democracia representativa en las comunidades académicas, con el riesgo de permitir la interferencia de los poderes políticos en la gobernanza de las IES (instituciones de educación superior)”.

En respuesta a una consulta de EL COLOMBIANO, el viceministro de Educación Superior, Alejandro Álvarez, sostuvo que el espíritu del proyecto de ley estatutaria “está lejos la idea de que se pueda violar la autonomía de las universidades públicas, pues es imposible y no hay ley que lo pueda hacer porque es un principio constitucional”.

Entre tanto, el rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, le expresó a este diario que no considera buena la idea de la participación directa en la dirección y funcionamiento de las instituciones, debido a que “en Colombia los modelos de representación directa tienden a ser politizados o politiqueros; incluso más participación puede terminar desdibujando el rol de la participación universitaria o puede ser un ring de boxeo político”.

A su vez, el exrector de la Universidad Nacional, Ramón Fayad, señala que si bien no es opositor de la reforma estatutaria, es clave determinar los criterios con los que la comunidad educativa va a participar de las decisiones.

“Que hubiera, en el caso del estudiantado, alguna característica como número de semestres cursados, un destacado desempeño académico y que conozcan sobre las decisiones en las que entraría esa participación”, señaló.

En su respuesta, el viceministro Álvarez destaca que “la elección de rectores de las universidades públicas seguirá siendo un asunto propio de los Consejos Superiores y de las dinámicas participativas que definan”.

Sin ir más lejos, las advertencias desde la academia están puestas sobre la mesa frente a los cambios que quiere hacer el Gobierno en la educación y sobre lo que ocurre en la universidad pública más grande del país. Quedará en manos del sector educativo atenderlas, cumplir con lo dicho para esta nota y que la crisis institucional de La Nacho sea una excepción a la regla sobre cómo serán las transiciones en las rectorías de las universidades.

Las advertencias de la ASCUN

La Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) expresó su preocupación por lo que llamó “vacíos” del proyecto de Ley Estatuaria en Educación, que a su juicio ponen en riesgo el futuro de la educación en el país.

Así pues, señala que la reforma “no reconoce explícitamente que nuestro sistema educativo es mixto” y que “dejar toda la carga de la educación sólo a las instituciones estatales puede terminar desbordándolas”.

Por otro lado, la Asociación expresó que “carece de estudios del impacto fiscal que implica la progresividad de su aplicación”, lo cual refleja “falta de novedad en la iniciativa”.

Para leer más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

34
es el número de universidades públicas que hay en Colombia.

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