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Haciendo cuentas, Estado tendrá que pagar $1,1 billones a víctimas del exterminio de UP
Gobierno tiene plazo de un año para realizar los pagos a las personas plenamente identificadas. También debe declarar un día nacional en memoria del caso y construir un monumento.
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Este lunes las víctimas del exterminio a la UP realizaron un evento conmemorativo en el que recibieron la sentencia condenatoria de la Corte IDH contra el Estado colombiano. FOTO COLPRENSA
02 de febrero de 2023
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Pagar las reparaciones a las más de 6.898 víctimas del exterminio a la Unión Patriótica, UP, le costará al país más de 1,1 billones de pesos solo en indemnizaciones a los familiares de las víctimas y directos afectados.
Así lo decidió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso que pasará a la historia como una de las condenas más grandes por la responsabilidad y omisión del Estado.
Nunca antes Colombia había sido condenada por un caso que involucrara a casi 7.000 víctimas a las que la Corte IDH ordena reparar con millonarios pagos para cada tipo de delito y con conmemoraciones y construcciones simbólicas para honrar la memoria de los miles de integrantes y militantes de la Unión Patriótica.
Los pagos más altos –estipulados en 55.000 y 35.000 dólares para cada persona– se pagarán a víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, respectivamente (Ver: Informe).
Tras revisar el caso, la Corte dividió a las víctimas en tres grupos dependiendo de su nivel de verificación. En el anexo 1 incluyó a las directas con prueba sobre su identidad y parentesco, que hasta el momento son 676 personas. En el dos agrupó a las víctimas de los derechos a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial, que son familiares de las víctimas directas del grupo 1 y que suman otras 761 personas. Y en el tres quedaron las víctimas que no han sido plenamente identificadas pero que tendrán el derecho a acreditarse para ser indemnizadas.Q
Así las cosas, la Corte IDH ordena que las víctimas del grupo uno sean reparadas de manera integral en los próximos 12 meses. Las de los anexos dos y tres deberán acreditarse y verificar su identidad para recibir los montos que fijó el tribunal internacional. Para todas esas personas, que son la mayoría, el plazo de un año aplicará a partir de la notificación de que fueron identificadas como víctimas dentro del caso.
Pero las reparaciones van más allá de lo económico e implican cambios que tocarán a toda la sociedad.
Como condena, la Corte también le orden a Colombia hacer todos los esfuerzos necesarios para dar con el paradero de las víctimas desaparecidas, brindarle tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico a las víctimas que lo soliciten y crear un “comisión para la constatación de la identidad y parentesco de las víctimas listadas en los Anexos II y III”.
Sumado a eso, la sentencia estipula medidas simbólicas como la designación de un día nacional para la conmemoración de las víctimas de la Unión Patriótica, la construcción de un monumento en honor a ellas y la colocación de cinco placas en lugares emblemáticos hablando del caso y de la responsabilidad del Estado.
El fondo del fallo
El “exterminio de la UP” –como es conocido en el país y como fue nombrado por la Corte– empezó en 1984 y se prolongó por 20 años, hasta 2004.
En un principio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, emitió una sentencia en la que calificó estos hechos como un “exterminio” y consideró que el Estado es responsable internacionalmente por el incumplimiento de sus deberes de respeto y de garantía, por las privaciones del derecho a la vida, desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados y tentativas de homicidio de los integrantes y militantes de la UP.
Asimismo, determinó que el Estado violó los derechos a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la honra y dignidad y a la protección judicial por la alegada criminalización y torturas contra integrantes y simpatizantes de la Unión Patriótica.
Tras la decisión de la CIDH, el Estado colombiano decidió escalar el caso hasta la Corte porque consideró que las reparaciones que exigía la Comisión eran desmedidas para un país con “recursos limitados” como Colombia.
Pese a eso, la Corte le dio la razón a casi todos los puntos de la Comisión y estimó que los pagos de esas indemnizaciones deberán hacerse en un plazo máximo de un año contando a partir de la notificación de la sentencia, la cual fue dada a conocer a las víctimas y al Estado el pasado lunes 30 de enero.
De hecho, la Corte fue más allá y determinó que el Estado había “violado el derecho a conocer la verdad y de la sociedad en general” por la falta de investigación y esclarecimiento de los hechos. Un punto nunca antes visto en una sentencia contra Colombia.
El fallo fue aplaudido ampliamente por los defensores de Derechos Humanos y hasta por el Gobierno, quien defendió la sentencia como un punto necesario para la reparación de las víctimas.
Desde el presidente Gustavo Petro hasta su ministra de Cultura, Patricia Ariza –quien fue miembro de la UP– insistieron en que el Estado fue culpable por ese exterminio y que deberá continuar pagándole a las víctimas lo que hizo.
En esa misma vía, la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, aseguró que “la sentencia es la mejor forma d reparar a las víctimas de la UP” y que el Gobierno se compromete a cumplirla a cabalidad –con los pagos que ellos implica– para reparar a las más de 6.000 víctimas que lucharon durante más de dos décadas para lograr esta decisión
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