En exactamente un mes, el abogado penalista Abelardo De la Espriella asumirá la Presidencia junto a José Manuel Restrepo. Todavía no ha llegado a la Casa de Nariño y ya uno de sus anunciados decreto, la creación de un “Bloque de Defensa para la Seguridad” en las ciudades, genera apoyos y detractores.
El nuevo mandatario dijo este domingo en su cuenta de X: “El 7 de agosto firmaré el decreto creando el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana. Para dictar medidas efectivas y acordes con las necesidades de las ciudades más afectadas, estoy convocando a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga”.
El abogado afirmó que por eso estaba convocando a los mandatarios regionales para atender una problemática que aqueja a los ciudadanos a diario como lo es la inseguridad en las ciudades.
El anuncio ha sido comparado por sus detractores con las extintas Convivir, las cooperativas de vigilancia creadas en 1994 para apoyar a la Fuerza Pública y que en algunos casos terminaron vinculadas con el surgimiento del paramilitarismo.
Aunque las creó el presidente Ernesto Samper y tuvieron alcance nacional, se hicieron famosas durante la gobernación de Álvaro Uribe en Antioquia, entre 1995 y 1997, hasta que un fallo de la Corte Constitucional dio paso a su desmonte. De entrada, no son comparables ambos casos, pues la propuesta de De la Espriella apenas es un anuncio.
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Precisamente, a través de una transmisión en redes, el presidente electo reiteró que el único ofrecimiento para los grupos ilegales será el sometimiento a la justicia con los beneficios previstos en la legislación vigente.
También anunció que ordenará reactivar todas las órdenes de captura suspendidas y que instruirá a la Fuerza Pública para hacerlas efectivas. Aseguró que durante su gobierno “no habrá impunidad ni territorios bajo control de organizaciones criminales”.
Además, reveló que recibió una solicitud de sometimiento a la justicia por parte de Digno José Palomino y Aldair Montealegre, señalados cabecillas de la banda Los Pepes, organización criminal que delinque en Barranquilla y Atlántico, la cual hizo parte de la “paz urbana” del gobierno Petro.
Hay que recordar que en medio de ese programa de paz se concretaron mesas de diálogo con estructuras criminales de Quibdó, Buenaventura y el Valle de Aburrá, mientras que también se adelantaron acercamientos exploratorios con las bandas de Barranquilla y La Inmaculada, en Buga, Valle.
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El balance de esa política es negativo. Las principales críticas al anuncio de De la Espriella llegaron de congresistas del Pacto Histórico, como era previsible.
La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal fue una de las primeras en rechazar la iniciativa junto a la senadora María José Pizarro; calificaron el anuncio como un intento de revivir un modelo que, según sostuvieron, terminó facilitando el surgimiento del paramilitarismo, aunque en este caso aún no se ha implementado la propuestas ni hay mayores detalles.
Mandatarios apoyan medida
En contraste, varios alcaldes y gobernadores apoyaron la iniciativa y coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación entre el gobierno nacional y las administraciones territoriales para enfrentar el crimen organizado. Uno de los primeros pronunciamientos llegó desde Bucaramanga.
El alcalde Cristian Portilla afirmó en X “que las ciudades no pueden combatir solas la delincuencia” y celebró que la seguridad vuelva a ser una prioridad del Gobierno. Además, anunció que preparará un informe con cifras, estrategias y necesidades de la capital santandereana para presentarlo antes de la expedición del decreto que reglamentará la iniciativa.
Desde Antioquia, el gobernador Julián Andrés Rincón respaldó la propuesta, aunque advirtió que una estrategia enfocada únicamente en las ciudades será insuficiente si no se atienden las dinámicas de violencia en las zonas rurales por cuenta del aumento de los cultivos ilícitos, las estructuras armadas ilegales, la extorsión y la minería ilegal.
Por su parte, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, sostuvo que “Colombia necesita decisiones firmes en materia de seguridad y justicia”, y subrayó que el liderazgo del nuevo presidente será clave.
A ese respaldo se sumó el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien aseguró que la coordinación institucional, el fortalecimiento de la autoridad y las acciones concretas son el camino para proteger a la ciudadanía.
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Otro de los pronunciamientos fue el del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien celebró el cambio de enfoque frente a la seguridad y sostuvo que el Estado debe garantizar que “los únicos que deben sentir miedo sean los criminales”, en una crítica a la política de seguridad del gobierno saliente.
Por su parte, el mandatario de Bogotá, Carlos Fernando Galán, manifestó su disposición a trabajar con el nuevo Gobierno y enfatizó en la necesidad de fortalecer la política criminal del país.
Señaló que la Fuerza Pública requiere mayor respaldo para combatir delitos como la extorsión, el hurto y el narcotráfico. De la Espriella se ha reunido con alcaldes y gobernadores y tendrá más encuentros.
Otros anuncios de seguridad
La creación del “Bloque de Defensa para la Seguridad” fue una de las principales promesas de campaña De la Espriella, pero no la única.
También ha planteado retomar todas las formas de erradicación de cultivos ilícitos, fortalecer la destrucción de laboratorios de droga, perseguir las finanzas de las organizaciones criminales y combatir el microtráfico mediante inteligencia, investigación criminal, operaciones focalizadas y recuperación del espacio público.
En materia territorial, planteó reforzar el control de fronteras, crear comandos conjuntos operacionales en regiones estratégicas y combatir economías ilegales como la minería criminal mediante mayor control estatal, trazabilidad de recursos y persecución al lavado de activos.
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Para la seguridad ciudadana, entre otras, propuso también fortalecer los grupos Gaula, establecer un centro nacional contra el contrabando y construir 10 megacárceles bajo un modelo con participación privada, además de reemplazar el INPEC por un nuevo cuerpo penitenciario integrado por veteranos y reservistas.
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