La Defensoría del Pueblo alertó al Gobierno por la inestabilidad en la dirección de la Unidad para las Víctimas, tras la declaratoria de insubsistencia del director Adith Romero. La Defensora del Pueblo, Iris Marín, le pidió directamente al presidente Petro que designe como nuevo director “a una persona con conocimiento”.
Según se advierte desde la Defensoría, esta situación en la Unidad de Víctimas ha afectado la continuidad institucional y el avance de procesos estructurales de la política pública dirigida a esta población.
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Denuncias de corrupción e inestabilidad institucional
Además, hicieron énfasis en la declaración de insubsistencia del director general de la entidad, algo que sucedió en medio de denuncias por presuntas irregularidades en procesos de contratación durante su gestión.
Frente a este escenario, se le pidió al Gobierno Nacional responder a los cuestionamientos relacionados con posibles hechos de corrupción. “Exhortamos al Gobierno Nacional a dar respuesta a los cuestionamientos relacionados con presuntos hechos de corrupción”.
“La estabilidad y transparencia son fundamentales para impulsar las medidas y políticas públicas en favor de las víctimas, cuyo universo representa aproximadamente el 20% de la población del país”, se lee en el comunicado de la Defensoría.
Marín, por medio de un mensaje que compartió a través de X (antes Twitter), le solicitó al presidente Gustavo Petro que es importante que se designe “como nuevo director o directora de la Unidad de Víctimas una persona con conocimiento y compromiso con la labor de atención y reparación a las víctimas”.
También, advirtió que la función de la entidad es especialmente sensible por el contexto humanitario que enfrenta el país y alertó sobre los efectos negativos de los cambios constantes en su liderazgo.
“La labor de la Unidad para las Víctimas es demasiado delicada para la atención de las crisis humanitarias que vivimos en las regiones, también para la reparación”, escribió en el mensaje y agregó que la improvisación y la inestabilidad en esta entidad “están haciendo un daño tremendo para la garantía de los derechos de millones de víctimas y personas desplazadas en nuestro país”.
Bajo la lupa: El polémico contrato de $112.455 millones
Estas declaraciones suceden justamente en medio de fuertes cuestionamientos, los cuales, además de los mencionados por la Defensoría por presuntos casos de corrupción, incluyen una denuncia sobre presuntas irregularidades en un contrato firmado por la Unidad para las Víctimas por $112.455 millones.
Este contrato se suscribió el pasado 17 de enero mediante contratación directa con otra entidad pública y dentro de las funciones estaría brindar asesoría jurídica a la entidad; sin embargo, el contratista que se escogió no estaría habilitado para ofrecer ese tipo de labores.
Además, el proceso se realizó a través de un contrato interadministrativo, lo que habría permitido a la entidad “evadir la licitación” y cerrar la puerta a la participación de empresas privadas.
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