La senadora del Centro Democrático y candidata presidencial, Paloma Valencia, denunció presuntas irregularidades en un contrato firmado por la Unidad para las Víctimas por $112.455 millones, que se suscribió el pasado 17 de enero mediante contratación directa con otra entidad pública, para la prestación de varios servicios.
Una de estas funciones sería el brindar asesoría jurídica, pese a que el contratista no estaría habilitado para ofrecer ese tipo de labores.
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Según la candidata, el proceso se realizó a través de un contrato interadministrativo, lo que habría permitido a la entidad “evadir la licitación” y cerrar la puerta a la participación de empresas privadas.
“Con esta jugadita, la Unidad podía contratar de manera directa, a dedo, mediante un contrato interadministrativo, a pesar de que el monto supera los $112.000 millones”, afirmó Valencia.
La denuncia
De acuerdo con la denuncia, la Unidad de Víctimas justificó la contratación en dos necesidades principales: la gestión técnica de la atención y orientación de los usuarios a través de canales digitales, y la falta de personal suficiente para responder a requerimientos judiciales, especialmente tutelas.
Valencia resaltó que, en el componente tecnológico, el contratista —la Corporación Colombia Digital— sí cumpliría con los requisitos exigidos. Sin embargo, advirtió que la empresa “no tendría cómo proveer los servicios legales que la Unidad necesita”. Esto, porque “Colombia Digital se enfoca exclusivamente en temas tecnológicos”, señaló.
La senadora aseguró que ni en la Cámara de Comercio ni en el Registro Único de Proponentes el contratista aparece habilitado para prestar servicios jurídicos. “La propia Unidad de Víctimas, en los estudios previos, acreditó que se trata de un contratista enfocado en tecnología”, indicó.
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Justamente, en los documentos a los que accedió el COLOMBIANO, se estipula que la Corporación Colombia Digital “tiene como finalidad el desarrollo de las herramientas necesarias para realizar proyectos de base tecnológica en todo el territorio nacional; la vinculación creciente del componente tecnológico a la política de desarrollo y la cualificación del capital humano como sustento de la política de productividad y competitividad empresarial; el acceso al desarrollo de proyectos de innovación tecnológica e investigación según las necesidades del país, como contribución a la política nacional de tecnologías de información”.
Pese a ello, el contrato obliga a la empresa a la que se le adjudica a responder requerimientos judiciales como tutelas, acciones de cumplimiento, procesos de restitución de tierras y asuntos de justicia transicional, con una meta de 12.505 requerimientos para 2026. Frente a esto, Valencia cuestionó: “¿Cómo va a hacer una empresa de tecnología para realizar esta labor jurídica?”.
“No permitieron la oferta de empresas privadas”
La congresista también criticó que el proceso se hubiera limitado exclusivamente a empresas públicas, sin permitir la participación de actores privados.
“No permitieron que empresas privadas ofertaran y propusieran un mejor precio. Sin ningún criterio técnico, la Unidad decidió contratar solamente con empresas públicas”, afirmó.
Según Valencia, esta restricción redujo la competencia a solo tres ofertas: “Dos de empresas de tecnología, sin habilitación para prestar servicios legales, y una persona natural que no cumplía los requisitos”. Y agregó que se trataría de “una contratación sastre”, sostuvo.
Además, advirtió que, al no ser una firma jurídica, el contratista probablemente deberá tercerizar los servicios legales bajo derecho privado, lo que, a su juicio, implicaría “nuevamente contratación a dedo”.
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La candidata presidencial aseguró que este tipo de prácticas se han vuelto recurrentes en el Gobierno del presidente Gustavo Petro y, sobre todo, como ya ha investigado EL COLOMBIANO, en estos últimos meses se ha incrementado el número de contrataciones en distintas entidades de este mandato, curiosamente, antes de que entre a regir completamente la Ley de Garantías.
“El abuso de los contratos interadministrativos para contratar a dedo y evadir las licitaciones ha sido descarado en el Gobierno Petro. Amarran la contratación para que no lleguen actores privados y se pueda bajar el precio de los servicios”, dijo, y concluyó: “Este desastre lo detendremos pronto”.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿De qué monto es el contrato denunciado?
- De
$112.455 millones, firmado el 17 de enero.
- ¿Cuál es la principal irregularidad señalada?
- Que se usó contratación directa para un contrato millonario que incluye
servicios jurídicos para los que el contratista no estaría habilitado.
- ¿Quién es el contratista?
- La
Corporación Colombia Digital, una entidad enfocada en tecnología e innovación.
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