La noticia de que Estados Unidos había descertificado a Colombia tomó por sorpresa al Gobierno de Gustavo Petro. Según relató el embajador en Washington, Daniel García Peña, fue el lunes —minutos antes de la alocución sobre salud— cuando funcionarios de la Casa Blanca le notificaron la decisión al presidente, un hecho que no ocurría desde la administración de Ernesto Samper, hace 29 años.
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Es por eso que no fue hasta el siguiente día que el mandatario colombiano pudo hacer una alocución rindiendo cuentas sobre las cifras y medidas tomadas en relación a la erradicación de cultivos ilícitos. Durante la misma, lanzó duras acusaciones contra el Gobierno de Iván Duque.
Emilio Archila, exasesor presidencial de Duque, fue quien estuvo encargado de liderar las iniciativas de erradicación de cultivos ilícitos durante aquel Gobierno. Y no es ajeno a las declaraciones de Gustavo Petro.
”Yo, cuatro veces más que su amigo (expresidente Álvaro) Uribe, señor Trump. ¿A qué se debe? A que di la orden tajante al Ejército, a la Policía, a la Fuerza Aérea y a la Naval colombiana de incautar todo lo que se atraviese, sin amenazar a ningún otro país del mundo”, dijo el presidente y añadió: “o lo logramos, si ustedes incautaban tan poca cocaína con las fuerzas militares y policiales de Colombia en los gobiernos de Uribe, (Juan Manuel) Santos y (Iván) Duque, ¿Por qué conmigo lograron lo máximo en nuestra colaboración?”.
De ahí en adelante, el jefe de Estado se refirió en varias ocasiones a las cifras de erradicación durante el periodo presidencial de Duque, acusándolo incluso de inflar cifras. En entrevista con EL COLOMBIANO, Archila dio su versión frente a las acusaciones.
Durante la alocución, el presidente Petro aseguró que durante el Gobierno Duque no se cumplieron las metas de erradicación de cultivos. También los señaló de ocultar cifras, y reportar más hectáreas de las erradicadas.
“En el tema de la sustitución voluntaria de cultivos durante la presidencia del presidente Duque, esa era parte de la implementación de los acuerdos con la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). Yo era responsable de la coordinación de esas acciones.
Lo primero que hicimos, que no siempre se nota pero es muy relevante, fue darle una estructura operativa adecuada al programa Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS). Este programa estaba adscrito a la Presidencia de la República, lo cual resultaba incoherente. Lo que hicimos fue adscribir la Agencia de Renovación del Territorio a la Presidencia, para que dependiera de la consejería donde yo trabajaba, y creamos una unidad al interior de la agencia con autonomía operativa y presupuestal.
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Después realizamos un trabajo juicioso de reingeniería para organizar cómo se iba a cumplir con las familias que querían entrar al programa de sustitución voluntaria. El programa no estaba financiado, como tampoco lo estaban otros, así que tuvimos que conseguir recursos. Trabajamos con el Fondo Colombia en Paz, modificamos la destinación del impuesto al carbono y, por esa vía, logramos más de 2 billones de pesos para apoyar la sustitución voluntaria.
El programa apoyó a 100.000 familias, es decir, 400.000 colombianos que gracias a este trabajo salieron de la coca. Lo puedo decir con tranquilidad porque la UNODC, que verificaba los compromisos, confirmó que efectivamente se cumplió.
Uno de los cuestionamientos era que las familias dejaban de cultivar en su predio, pero se iban a otro vecino. Nosotros pedimos a la UNODC que ajustara la verificación para controlar eso. Por eso tengo certeza de las cifras: menos del 0,02 % de las familias regresaron a la coca. En términos de hectáreas, el programa arrancó 40.000 hectáreas de coca, de las cuales 19.700 se erradicaron entre 2018 y 2022. Además, hicimos más para que las familias y comunidades pudieran abandonar la coca. Es clave que el Estado llegue a esos territorios”.
El presidente también ha sido reiterativo con que durante el Gobierno Duque se “hizo trizas” el PNIS.
“En el acuerdo estaba previsto que en los municipios con sustitución voluntaria debía haber un plan de desarrollo integral, los llamados PISDA. En la mayoría de los más de 50 municipios con programas de sustitución coincidían también los PDET. Entonces, lo que hicimos fue que las familias en sustitución participaran en la planeación de los PDET de sus municipios.
Había ocho municipios que no coincidían con los PDET, y a esos les hicimos su planeación de largo plazo. También creamos otros mecanismos: “formalizar para sustituir”, con la Agencia de Tierras; y “conservar para sustituir”, con Parques Naturales. Esto atrajo cooperación internacional y privada.
Por ejemplo, Warren Buffett conoció el programa y nos apoyó con 50 millones de dólares. Con eso hicimos un proyecto en el Catatumbo que incluía vías, un tema que considero fundamental. Estoy convencido de que lo que más espanta la coca son las vías, por eso en la política antidrogas de Duque estaban explícitamente incluidas.
Si comparas, en nuestro periodo logramos esas 19.700 hectáreas, mientras que —según dijo el ministro de Defensa hace tres días— el actual gobierno ha llegado a 6.000 hectáreas de sustitución efectiva. Las cifras hablan solas”.
El presidente aseguró que, cuando llegó a la presidencia en 2022, se encontró con la mayor cantidad de hectáreas sembradas. Y, de hecho, en el 2021 ustedes aseguraron que no lograron cumplir las metas de erradicación.
“La diferencia en nuestra aproximación es que para el presidente Duque la coca era el peor enemigo de Colombia: el narcotráfico es fuente de violencia, corrupción y delincuencia. Por eso trabajamos en sustitución voluntaria, erradicación manual forzosa y sustitución asistida.
La sustitución asistida era cuando las familias querían sustituir pero tenían miedo de hacerlo visibles frente a los criminales. Entonces ayudábamos a erradicar las matas sin que se notara que lo hacían ellas. También dejamos listos todos los protocolos para utilizar sistemas de aspersión con precisión. No era solo una forma: eran todas las posibles herramientas. Y, claro, trabajamos con las Fuerzas Armadas en labores contra el narcotráfico. No abandonamos ningún eslabón de la estrategia. Mi participación estaba en la sustitución voluntaria”.
Otra diferencia de enfoques es que, hasta hace poco, para el presidente Gustavo Petro era impensable utilizar glifosato. Para ustedes nunca lo fue, a pesar de la sentencia de la Corte que calificó el glifosato como algo dañino.
“La Corte Constitucional nunca prohibió el glifosato. Lo que dijo es que debía usarse bajo estándares muy altos y detallados para proteger derechos. Eso incluye consulta previa con comunidades étnicas, cuidado con zonas protegidas y uso de instrumentos de precisión en la aspersión.
Hay diferencias grandes entre la aspersión manual y la aérea. Lo importante es que la Corte no lo prohibió: estableció condiciones. Nosotros trabajamos con la Corte, con el Consejo de Estupefacientes y teníamos listos todos los protocolos. Además, trabajamos con la administración Trump y teníamos listo el plan Colombia Sustituye, que buscaba reemplazar voluntariamente el 95 % de la coca. Teníamos identificadas todas las zonas, cultivos alternativos, puntos de acopio, secado, almacenamiento y vías necesarias. Eso costaba 3.500 millones de dólares”.
De hecho ustedes expidieron el decreto 380 de 2021 para continuar con las fumigaciones con glifosato. Un punto muy criticado.
“Ese decreto generó polémica porque unos decían que no cumplía con la Corte y otros que sí lo hacía. Obvio, todos quisiéramos que no hubiera ni una mata de coca. Pero hoy es aún más grave porque ya no hay actores con fines políticos: solo hay narcotraficantes y criminales, de los peores del mundo.
Ellos tienen capacidad ilimitada de asustar, controlar territorio, degradar valores y afectar a nuestros jóvenes. Pensar que no debemos usar todos los mecanismos legales y constitucionales contra ellos me parece equivocado. En los acuerdos no está prohibida la aspersión: el Estado se reservó esa posibilidad. Y la Corte no la prohibió, solo pidió protocolos estrictos. Si se atiende ese balance, debería hacerse”.
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Durante 2018–2022 siempre se logró la certificación de EE. UU. ¿En qué cree que falló el Gobierno Petro para conseguirla?
“No me atrevería a dar consejos, pero sí a señalar en qué debe trabajar el país. Debemos usar todas las formas de erradicación: forzosa y voluntaria. También urge aprobar la ley de pequeños cultivadores, que dejamos lista. Debemos entender que los actuales grupos son criminales, sin voluntad de resocializarse. Con criminales no se negocia: toca usar la fuerza pública y la justicia. No podemos renunciar a la extradición, que es lo único que temen los cabecillas.
Además, necesitamos presionar a EE. UU. y Europa para que combatan precursores y lavado de activos. De cada dólar del narcotráfico, menos de 10 centavos se quedan en Colombia; el resto se queda allá, y no veo que encarcelen a nadie. Por último, necesitamos unas Fuerzas Armadas y una Policía con inteligencia fuerte y efectiva, con respaldo de sus mandos, y la certeza de que la población no impedirá que cumplan su tarea”.
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