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Se agrava crisis por desplazamiento forzado en Nariño

  • Foto: Manuel Saldarriaga
    Foto: Manuel Saldarriaga
EFE | Publicado el 02 de febrero de 2020

Unas 1.600 personas tuvieron que abandonar en las últimas semanas sus viviendas en zonas rurales de Roberto Payán, en el departamento colombiano de Nariño, por enfrentamientos entre grupos armados ilegales, confirmó este domingo a Efe el Gobierno local.

Esa cifra se suma a alrededor 4.000 desplazados de municipios como Tumaco y Olaya Herrera, también ubicados en la costa pacífica nariñense, donde desde noviembre pasado se ha recrudecido el conflicto armado, con enfrentamientos constantes entre grupos armados ilegales, dijo a Efe el alcalde de Roberto Payán, Juan Carlos Sinisterra.

“Esto ha generado una crisis humanitaria que ha rebasado la capacidad de respuesta del municipio. Debido a la gran cantidad de población que está en medio de la confrontación, desde mi condición de alcalde no voy a poder solo con la situación”, alerto Sinisterra al detallar que en los últimos tres meses se han registrado cinco grandes desplazamientos.

Datos de la Alcaldía precisan que debido a la violencia desde noviembre han llegado a Roberto Payán unas 400 familias, que representan más de 1.600 personas.

Los desplazamientos más recientes se reportaron esta semana. Hoy arribaron al casco urbano varias familias desde la zona de Guacuco Patía y el viernes llegaron otras 35, procedentes de la zona de Negrito, donde tres personas murieron el pasado martes víctimas de una mina antipersonales, confirmó el alcalde.

Lea también: Defensoría del Pueblo pide que se aclare muerte de campesino en Tumaco

“Como advierto, la situación es muy grave en Roberto Payán, pero le problema se extiende a lo largo y ancho de la costa pacífica nariñense, donde la población es la víctima de grupos que consideran estratégico este territorio”, agregó Sinisterra.

Emergencia

Una situación similar se vive en otros municipios de Nariño, como Tumaco, donde a mediados de enero más de 3.300 personas abandonaron sus viviendas en zonas rurales por enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

Aunque la Administración local ha organizado el retorno de la población a sus viviendas con el acompañamiento de la fuerza pública, la tensión persiste.

Nariño, fronterizo con Ecuador y uno de los que más hectáreas de siembra de coca tiene en el país, es un corredor estratégico para la salida de cocaína hacia el Pacífico.

Es por eso que allí hay presencia de bandas dedicadas al narcotráfico y de disidencias de la desmovilizada guerrilla de las FARC, sobre las que no existe un número preciso de integrantes.

Los grupos armados ilegales suelen enfrentarse entre sí o con las autoridades por el control territorial de las zonas donde se cultiva coca y de las rutas para sacar la cocaína hacia el Pacífico, lo que provoca desplazamientos de campesinos o incluso muertes.

Retorno

En medio de la crisis, el director de la Unidad estatal para las Víctimas, Ramón Rodríguez, anunció esta semana líneas de intervención en el departamento enfocadas en responder a las emergencias humanitarias, la creación de infraestructura social y en acciones para el retorno de desplazados.

En ese plan se dio prioridad a los municipios de Barbacoas, El Charco, La Tola, Magüí Payán, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Ricaurte, Roberto Payán, Santa Bárbara y San Andrés de Tumaco, donde hay registradas unas 162.000 víctimas del conflicto.

La Defensoría del Pueblo de Colombia calcula que entre enero y octubre del año pasado fueron desplazadas 15.140 personas en ocho departamentos como consecuencia del conflicto.

En ese periodo, el departamento más golpeado fue el de Nariño, en donde 5.423 personas de 2.028 familias fueron desplazadas forzosamente.

Según un informe de la Misión de Verificación de la ONU sobre la implementación del acuerdo de paz con las FARC, firmado en 2016, la presencia de grupos armados ilegales en algunas zonas, como Tumaco, “sigue teniendo consecuencias devastadoras, como reclutamientos forzados de menores, homicidios, desplazamientos, confinamientos y ataques y amenazas contra las autoridades y los líderes étnicos”.


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