Se prevé que el lunes de la semana entrante, el 15 de septiembre, Estados Unidos anuncie si descertifica o no a Colombia en la lucha contra el narcotráfico, lo que tendría graves consecuencias: el país podría dejar de percibir por materia de ayudas económicas alrededor de US$453 millones, según cálculos de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham).
Además de la pérdida de recursos en ayuda militar, programas de asistencia social, económica y seguridad civil, la descertificación implicaría también un bloqueo a créditos con la banca multilateral —FMI, BID, Banco Mundial, entre otros— e incluso sanciones arancelarias, aún más en tiempos de Donald Trump, que utiliza ese mecanismo como una amenaza en el tablero geopolítico.
“La descertificación podría empujar a Bogotá lentamente en una nueva dirección diplomática, incluso si le toma años cambiar de alianzas y subsanar las deficiencias de financiación”, advirtió recientemente un informe de International Crisis Group, una organización dedicada a la prevención de conflictos.
Hay tres escenarios: descertificación total; certificación parcial con waiver (exención) —como sucedió en 1997 en el Gobierno Samper— que mantendría el apoyo a las fuerzas militares colombianas, pero sería considerado una sanción política de un país que fue históricamente el aliado más cercano; y el tercer escenario es no descertificar, lo que parece lejano, según el contexto y las fuentes consultadas.
¿Qué está haciendo el Gobierno Petro para evitar los dos primeros escenarios? Muy poco. El hecho más reciente es que el presidente Gustavo Petro le abrió la puerta a la aspersión aérea con glifosato, a pesar de su posición en campaña y en tres años de mandato. No dijo que fuera por una posible descertificación sino por el accionar de los grupos criminales. Diversos análisis han señalado que el anuncio de la fumigación es tardío e improvisado.
Frente a este panorama, los alcaldes Federico Guitiérrez de Medellín y Alejandro Eder de Cali viajaron hace un par de días a Washington y adelantaron reuniones de alto nivel con funcionarios del gobierno norteamericano como Christopher Landau, subsecretario de Estado, y otros encuentros con congresistas republicanos y demócratas.
El Gobierno Petro se opuso a esa visita argumentando que por ley los únicos representantes autorizados para hablar de asuntos de política internacional en otro país deben ser del gobierno nacional. Sin embargo, mandatarios locales pueden adelantar gestiones de cooperación para temas de sus ciudades.
EL COLOMBIANO conoció por diversas fuentes detalles no revelados hasta ahora sobre lo que se habló en esas reuniones.
El tema de la descertificación se mencionó tanto en la reunión con Landau como con los legisladores estadounidenses. “Ellos (los alcaldes) les dijeron que reconsideraran la descertificación total porque eso afectaría directamente a las Fuerzas Armadas de Colombia y que no se justificaría porque quedan menos de 11 meses de mandato de Petro”, le dijo bajo reserva a este diario una fuente de alto nivel.
La respuesta de Landau, agrega la fuente, es que Estados Unidos está “muy preocupado por la situación de Colombia” y que el Departamento de Estado no le había abierto la puerta a ningún funcionario de Colombia hasta que los visitaron Gutiérrez y Eder. Los republicanos consideran “que no hay motivos para certificar” y mencionaron el crecimiento de cultivos de uso ilícito.
También los congresistas estaban al tanto de las “amenazas” del Gobierno Petro frente a la reunión de con los alcaldes y les expresaron su respaldo. De hecho, el alcalde Gutiérrez puso en consideración que todos los criminales de las disidencias de las Farc implicados en el asesinato de los 13 policías en Amalfi (Antioquia) hace dos semanas, fueran pedidos en extradición pues el helicóptero derribado era propiedad de Estados Unidos.
También se habló de la política de la paz total y Gutiérrez puso el ejemplo de los beneficios a criminales que participaron en el “tarimazo” en La Alpujarra.
Incluso, Landau mencionó que Petro no lo iba a dejar entrar a Colombia para asistir a las exequias de Miguel Uribe Turbay, algo que el propio mandatario colombiano expuso jactándose de finalmente no haberlo hecho.
Además, sobre la mesa se comentaron temas relacionados sobre comercio y cooperación.
Precisamente, EL COLOMBIANO consultó al alcalde Federico Gutiérrez sobre qué se habló en esos encuentros “Les dijimos que se podía hacer una relación de apoyo subnacional con varias ciudades para que no haya afectación en materia de comercio y empleo. En mi rol, mencioné la lucha contra las bandas criminales en Medellín con alcance transnacional. Ellos saben de las amenazas que hemos recibido de esas organizaciones”.
Finalmente, dice Gutiérrez, hubo un pedido explícito para que Estados Unidos siga apoyando la lucha contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes “con agencias como el FBI y Homeland Security Investigations para erradicar ese delito”.
Por su parte, el alcalde Eder dijo sobre el encuentro con el subsecretario Landau que “para Cali es fundamental seguir fortaleciendo esta relación, en especial hoy que nos quieren devolver a épocas del narcoterrismo. Esperamos profundizar apoyos en materia de seguridad ciudadana, antiterrosimo y la atracción de nuevas inversiones que generen empleo para nuestra gente”.
Posterior a esa vista, este jueves, el almirante Francisco Cubides, el director de la Policía general Carlos Triana y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, adelantaron otros encuentros con funcionarios de la Casa Blanca y congresistas estadounidenses; según trascendió, manifestaron que la lucha contra los grupos ilegales y los narcotraficantes se mantendrá “con o sin certificación”.
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