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Dictan detención domiciliaria a investigadores de “Ñeñepolítica”

  • Ganadero José “Ñeñe” Hernández, ya fallecido. FOTO INSTAGRAM
    Ganadero José “Ñeñe” Hernández, ya fallecido. FOTO INSTAGRAM
COLPRENSA | Publicado el 10 de junio de 2020

El juzgado 62 con función de control de garantías dictó detención domiciliaria para los dos investigadores de la “Ñeñepolítica”, por supuestas interceptaciones ilegales a cinco uniformados de la Policía.

Según la Fiscalía, el intendente Wadith Miguel Velásquez García y el mayor de la Policía, Yeferson Fabián Tocarruncho Parra serían los presuntos responsables de interceptar de manera irregular a cinco uniformados de la institución, quienes adelantaron un operativo en Cali en el que se extravió un dinero.

Lo que ha dicho la Fiscalía es que Tocarruncho y Velásquez usaron su cercanía con una fiscal para ingresar los números telefónicos de sus compañeros, en el marco de la investigación que se adelantaba en contra del ganadero José “Ñeñe” Hernández, y de esta manera obtener información sobre si habían cometido algún ilícito en medio del operativo.

Por estos hechos, el juzgado catalogó la medida de aseguramiento como “idónea”. Sin embargo, consideró que la detención debía ser en su lugar de residencia, situación que no fue de agrado para el abogado Miguel Del Río, quien defiende los intereses de los uniformados, y quien interpuso recurso de apelación al estimar que debían darles la libertad.

En la diligencia pública, adelantada de manera virtual este miércoles, Del Río calificó el proceso de sus defendidos como un montaje para evitar que siga adelante la investigación contra el narcotraficante “Marquitos Figueroa”.

Los dos uniformados fueron quienes interceptaron al presunto testaferro del narcotráfico José “Ñeñe” Hernández, dentro de una investigación contra el narcotraficante Figueroa, en la que pretendían vislumbrar el asesinato de un empresario de la costa colombiana. Sin embargo, en los audios terminaron entregando detalles sobre la cercanía del “Ñeñe” con el presidente Iván Duque y su supuesta participación en su campaña presidencial, en 2018.

En la audiencia, Del Río presentó documentos que, según él, muestran que los dos uniformados habían advertido, desde un año antes de que iniciara la investigación en su contra, que la banda de “Marquitos Figueroa” estaba dispuesta a “meter una gran suma de dinero” para que se montara un proceso judicial.

“Lo que tocara pagar se paga, para llegar a altas esferas de la Fiscalía y a jueces, con el fin de denunciar penalmente al intendente, mayor Tocarruncho, y su grupo de investigadores, para hacer un fraude procesal y que los mismos sean retirados del cargo”, se lee en el documento presentado por la defensa.

Del Río también señaló que uno de los denunciantes, Paul Corrales Figueroa, es sobrino del sindicado “Marquitos Figueroa”, y que “La Penca”, otro miembro de la organización de “Marquitos”, fue quien entregó a los dos policías los teléfonos que fueron interceptados ilegalmente y que dieron lugar a la investigación en contra de ellos.

“En toda esta trama, el señor Wadith Velásquez estaba de vacaciones desde el primero de junio (...) Nos vendieron la idea de que las interceptaciones duraron cuatro meses”, aseguró Del Río.

El abogado sostuvo que ha habido un mal manejo de las pruebas por parte de la Fiscalía y que eso se le ha querido achacar a sus clientes. “Hay elementos indiciarios del desorden administrativo, y hasta de corrupción (...) Tocó hacer un escándalo público para demostrar que, en medio del desorden, se perdieron unos audios muy importantes. Luego, el fiscal Barbosa salió a decir que esos audios no estaban, con un informe de Policía Judicial”, señaló el penalista.

Y concluyó: “Penosamente, la fiscal Jenny Andrea Ortiz Ladino quiso legalizar los audios del “Neñe” Hernández (...) Entonces me vienen a decir ahora que ese desorden administrativo puede ser elemento indiciario para establecer responsabilidades penales de dos individuos”.


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