Diego Cadena no tenía la experiencia para ser el abogado de Álvaro Uribe Vélez, el expresidente acostumbrado a tener en su bancada de defensa a penalistas de gran reconocimiento público como Jaime Lombana, Jaime Granados o Abelardo de la Espriella.
Por eso, cuando Juan Guillermo Monsalve, alias “Guacharaco”, advirtió de la presión que supuestamente Cadena estaba ejerciendo sobre él, esto llamó la atención de las autoridades. De acuerdo con algunas pruebas recabadas por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, Cadena habría hecho ofrecimientos de asesorías jurídicas a cambio de que Monsalve reversara la declaración que desde el 2015 había hecho en contra de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe, según la cual fueron fundadores de un grupo paramilitar en la hacienda Guacharacas.
Para ese momento no existía un poder firmado en el que se diera cuenta que Cadena era abogado de Uribe. Según el expediente, se conocía en la defensa de capos del narcotráfico en Colombia y EE. UU., trabajo con el que pudo acumular cierta riqueza que le permitió tener oficina en Miami, un avión privado y varias propiedades más, como dice el documento judicial.
El inicio
El expediente del caso 52.240, en el cual la Sala de Instrucción investiga al expresidente Uribe por soborno en la actuación penal y fraude procesal, muestra, según la indagatoria que rindió el entonces senador en octubre pasado, que a Cadena lo conoció por intermedio de su primo Mario Uribe (político condenado en 2011 a 7 años de prisión por concierto para delinquir al aliarse con paramilitares), como una manera de aparentemente identificar por qué cuestionados personajes lo involucraban “en execrables hechos, en los que no tuve participación”.
Ahí, dijo, surge una relación profesional y personal en la que Cadena le ofreció sus servicios para entrar en contacto con aquellas personas condenadas, detenidas, o que, por su pasado criminal, tuviesen información de manipulaciones en su contra con el objetivo que ayudaran a esclarecer la verdad y comparecieran ante las autoridades para ese fin, siendo claro que el abogado tenía la posibilidad de acercarse a esos personajes en virtud de su actividad profesional.
Advierte la defensa que desde el comienzo de la relación cliente-abogado con Cadena, Uribe fue enfático en que su “única instrucción fue la verificación de información bajo el principio inamovible de la verdad, la Constitución y la ley”.
Según interceptaciones telefónicas, el puente entre la información que conseguía Cadena y los abogados defensores de Uribe era Fabián Rojas, miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Uribe, quien determinaba la importancia del material y le daba el visto bueno a lo que podía servir en la Corte.
Su influencia
El 2 de abril de 2018 Deyanira Sarmiento esposa de Monsalve, radicó ante la Corte Suprema la carta que dice le fue pedida a su esposo, en la que presenta perdón al país y a los hermanos Uribe y expresa arrepentimiento por haber testificado en contra de ellos, “quienes son inocentes”, pero a renglón seguido se aprecia la anotación que éste hizo al final, en punto a que la realizó: “bajo preción (sic) del abogado Diego Cadena y Enrique Pardo jacher, alias ‘El gringo’, quienes fueron enviados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez”.
De inmediato saltaron las alertas en la Corte que ya estaba investigando a Uribe tras no hallar mérito para investigar al senador Iván Cepeda y compulsar copias para que se abriera esta nueva investigación.
Según la defensa, Uribe nunca envió a Cadena a que presionara a Monsalve para que faltara a la verdad, sino que el abogado acudió a una solicitud de personas cercanas al recluso que decían que él quería pedir perdón y retractarse, ya que había actuado a cambio de favores que supuestamente le daría Cepeda.
Cadena también fue el responsable de conseguir los testimonios de tres exparamilitares presos en Cómbita, Máximo Cuesta, Elmo Mármol y Giovanny Cadavid, quienes enviaron a la Corte una carta en la que aseguraron que Cepeda estaba buscando testimonios contra Uribe.
Además, contactó a Carlos Enrique Vélez, otro exparamilitar preso, a quien le hizo transferencias directas o a allegados por al menos siete millones de pesos (en el expediente contra Cadena hay evidencia de que fueron 40 millones), a título de viáticos y ayudas humanitarias.
Por intermedio de Vélez se consiguieron los testimonios de Eurídice Cortes, alias “Diana” (quien recibió $700.000) excomandante del Bloque Cacique Pipintá, y de los otros exparamilitares Darley Guzmán, Faurner Barahona y Jhon Jaime Cárdenas.
Cadena también fue el responsable del contacto con Juan Carlos “el Tuso” Sierra, preso en EE. UU. y con la exfiscal Hilda Niño, quien aseguró ante la Corte que el caso de los 12 Apóstoles, por el cual está en juicio Santiago Uribe, era un montaje de la fiscalía de Eduardo Montealegre; después de su declaración, Niño fue trasladada al centro de reclusión de su preferencia.
De momento, Cadena está detenido en su vivienda en Cali, imputado por los delitos de fraude procesal y soborno en la actuación penal. Y recientemente la Sala de Instrucción compulsó copias para que sea investigado por los delitos de falso testimonio, fraude procesal y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio en que pudo incurrir.
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