El informe que presentó el Fondo Nacional de Financiación Política al Consejo Nacional Electoral, a propósito de la polémica alrededor del pago de 230 millones de pesos por parte de la campaña de Oscar Iván Zuluaga al hermano del hacker Andrés Sepúlveda generó división al interior del organismo electoral.
Al comienzo de la semana se conoció el informe del Fondo en el que se asegura que la campaña cumplió con las normas legales para el reporte de las cuentas y con el tope establecido para la misma, razón por la cual no habría mérito para iniciar una investigación.
El reporte correspondía a una consulta que elevaron el presidente del CNE, Emiliano Rivera, y el vicepresidente, Felipe García, a propósito del préstamo que hizo David Zuluaga al partido para cancelar los honorarios de Andrés Sepúlveda, investigado por haber interceptado de manera ilegal correos electrónicos de los delegados del Gobierno y las Farc, en la mesa de negociaciones.
Dudas razonables
Sin embargo, la decisión de no investigar y de concluir que no hubo irregularidades en el manejo de los gastos de la campaña no es compartida por todos los miembros del CNE.
El magistrado Armando Novoa explicó que el informe del Fondo de Financiación sobre la campaña de Zuluaga no fue sometido a consideración de la sala plena de la corporación y, por lo tanto, “esa decisión no se tomó de forma reglamentaria”.
Indicó que existen una serie de dudas que abren interrogantes que deben ser aclarados e incluso podrían llevar a una pérdida de la personería jurídica del Centro Democrático.
Al argumentar sus afirmaciones, el magistrado Novoa dijo que “no está suficientemente claro por qué el gerente de la campaña e hijo del candidato Zuluaga hizo un préstamo, de su propio pecunio, para que el partido le pagara los honorarios a Sepúlveda, por interpuesta persona (a su hermano)”.
Lo segundo, agregó, es que el pago se hizo en agosto, cuando ya Sepúlveda estaba preso y con serios cuestionamientos de la Fiscalía de que sus actividades en la campaña eran ilícitas. “El dinero con el cual se le pagó al hacker provino de la reposición de los gastos de campaña. Entonces es un dinero público que se está utilizando con una finalidad ilícita, que es cubrir los honorarios de una persona que desarrolló, según dice la Fiscalía, una labor de espionaje”.
Si esto es así, concluye Novoa, “el CD se encuentra involucrado en una conducta que está proscrita y que da lugar, incluso, a la pérdida de la personería jurídica para el partido”.
El pago, como lo certifica el informe del Fondo de Financiación, se acordó el 17 de julio del año pasado, mediante acuerdo celebrado en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, entre David Zuluaga y Luis Carlos Sepúlveda. En el mismo se indica que “la suma de 230 millones estaba provisionada como costos financieros y que se reclasifica a la cuenta de gastos de administración como un pago de concepto de honorarios” .
