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Operación Agamenón cumple dos años sin lograr captura de “Otoniel”
La Operación Agamenón cumple dos años en la lucha contra “los Urabeños”. La banda sigue buscando acercamientos para negociar su sometimiento.
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La Operación Agamenón se concentra en Antioquia, Córdoba y Chocó, aunque tiene alcance nacional. FOTO donaldo zuluaga velilla
Agamenón, la operación de Policía más grande en la historia de Colombia, cumple dos años sin lograr sus principales objetivos: detener a la cúpula de “los Urabeños” y contrarrestar su expansión territorial en el país.
Cuando se lanzó en el terreno, el 2 de febrero de 2015, la operación contaba con enormes recursos: un presupuesto diario cercano a los 150 millones de pesos; un equipo élite de 1.200 policías de todas las especialidades, al mando de cuatro generales, concentrados en la subregión de Urabá; una flotilla aérea, con dos aviones plataforma y 10 helicópteros Black Hawk y Bell; avanzados sistemas de telecomunicaciones e Inteligencia, con apoyo de la DEA y Europol; y una gran innovación: acciones de apoyo a la comunidad, para arrebatarle a la banda la influencia sobre ella y conquistar informantes.
A estos componentes se sumaba una urgencia política, pues avanzaba el proceso de paz en La Habana y las Farc exigían garantías de seguridad para su reinserción y un ataque frontal a las estructuras residuales del fenómeno paramilitar.
Con estas bases, Agamenón prometía derrotar a “los Urabeños” (o clan del Golfo o autodefensas gaitanistas) en tres meses. Y el resultado parecía cercano, pues un día después de iniciar los movimientos en el área, estuvieron a pocos metros de capturar a Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, el máximo jefe.
Sucedió en el corregimiento Nueva Antioquia, de Turbo, con tan mala suerte que uno de los comandos resbaló por un barranco y se fracturó una pierna. El operativo de su rescate alertó a la escolta del capo y el arresto se frustró.
Los deseos de la Fuerza Pública por detenerlo siguen intactos, pero 730 días después de haber iniciado la cacería, Agamenón parece haber llegado a un punto
de estancamiento.
Una lucha compleja
EL COLOMBIANO consultó a varios oficiales que participan en la operación, quienes hablaron bajo la condición de reserva de identidad.
Coinciden en que esta operación es más grande en recursos que la lanzada en los años 90 contra el cartel de Medellín. Para empezar, no se desarrolla en la ciudad, sino en una selva agreste, con campos minados y corrientes de viento que llegan del Caribe y golpean en la serranía de Abibe, formando niebla y humedad que dificultan el paso de los comandos y las aeronaves.
Estas situaciones derivaron en las lesiones de tres policías por minas antipersonal y las muertes de otros 17 por la caída de un helicóptero en Carepa (04/8/15).
Sumado a esto, está la pericia de los cabecillas de “los Urabeños”, conocedores del terreno y de este tipo de guerras, como quiera que han delinquido hace más de 30 años a favor del Epl, las Auc y ahora el narcotráfico.
“Desde lo judicial, nuestro Código Penal está diseñado para luchar contra delincuentes comunes, necesitamos reformas en ese tema y una mejor dinámica procesal, porque estamos desbordados”, dice un fiscal que integra el equipo contra esta organización.
A pesar de todo, Agamenón ha producido resultados: 1.176 capturas (906 de “los Urabeños” y 270 de otras organizaciones), 30 delincuentes dados de baja y 35 toneladas de cocaína decomisadas, según la estadística policial hasta el pasado noviembre.
El principal objetivo neutralizado fue Jairo Durango Restrepo, alias “Guagua”, miembro del estado mayor de la estructura y jefe de la misma en la Costa Pacífica. Murió en un enfrentamiento con los comandos en Medio Baudó, Chocó (23/3/16).
Además de él, 37 mandos medios y regionales han sido apresados, como “Torta”, “Orejas”, “Zeta 5” y hasta Blanca Madrid, la cónyuge de “Otoniel” y coordinadora de una red de finanzas ilegales.
Agamenón cambió la forma de combatir al crimen organizado. El 02/11/15 en Unguía, Chocó, por primera vez en la historia del país, una banda fue bombardeada y murieron 12 integrantes en un campamento rural. El hecho produjo un nuevo enfoque en la aplicación y alcance de los procedimientos judiciales.
No obstante, sigue pendiente dar con el paradero de la cúpula: “Otoniel”, “Marcos Gavilán”, “Nicolás”, “el Indio” e “Inglaterra”. Tampoco se ha podido frenar la expansión del grupo, cuyos tentáculos hoy llegan a 20 departamentos, con células activas en España y Venezuela y rutas de droga a tres continentes.
La cantidad de integrantes que tendrían “los Urabeños” es difusa. Ellos mismos afirman, en declaraciones a la Fiscalía, que son 8.000 (incluyendo facciones aliadas), y la Policía estima que son 2.500.
Al preguntarle esto al general Jorge Nieto, director de la Policía, respondió: “ellos tienen esa intención de expansión, van y reclutan a otros, y a veces el conteo es difícil. En Chocó han tratado de ampliar la cobertura y todos los que han mandado allá se los hemos capturado. Buscan el control de la salida de la droga al mar, el trabajo que estamos haciendo es sobre eso”.
Los oficiales entrevistados señalan que, aunque los ánimos siguen en pie, los recursos comenzaron a mermarse en febrero de 2016. A esa fecha, el gasto en la operación rondaba los $54.750 millones, aunque el Estado nunca ha presentado la cifra oficial.
“Al principio nos habían dicho que la estrategia iría acompañada de otras entidades, con inversión en acueductos, servicios públicos, educación y vivienda para esa población afectada por la banda. Y eso nunca se cumplió, allá solo llegamos los policías”, narró uno de los uniformados.
También les habían dicho que Agamenón sería una operación de persistencia, sostenida en el tiempo, mas las unidades se han ido retirando a otras misiones y de aquellos 1.200 hombres hoy quedan unos 300, lo que redujo la operatividad ostensiblemente.
“Ya no hay cuatro generales al mando, sino un coronel, y aunque eso no le quita el mérito, es claro que no tiene la misma experiencia ni los recursos”, comenta otro oficial.
La Policía abrió otros frentes de batalla, con la creación en marzo de 2016 del Bloque de Búsqueda contra el Crimen Organizado, que con 500 hombres especializados desarrolla más operaciones: Esparta (Norte de Santander) y Atenea (Llanos Orientales). Próximamente, afirman fuentes de la entidad, lanzarán Poseidón en el Pacífico Sur y Aquiles en el Bajo Cauca.
A la cabeza de estas operaciones estará el general Jorge Vargas, director de la Dijín.
La nueva estrategia, esperan los oficiales, terminará asfixiando la expansión de este y otros grupos ilegales. Y esperan contar para ello con una participación más directa de las Fuerzas Militares.
Sobre Agamenón, el general Nieto dice que su Institución va a persistir, y que “Otoniel” y sus hombres “tarde o temprano irán cayendo”.
Negociación secreta
Paralelo al control social, los “planes pistola” contra la Fuerza Pública y el aprovechamiento de economías ilegales, “los Urabeños” han gestionado acercamientos con el Gobierno Nacional, con el propósito de negociar un acuerdo de sometimiento a la justicia.
Tal cual ha informado este diario, las conversaciones vienen desde 2015, encabezadas por abogados y pastores de iglesia que representan a la facción.
El 10/2/15 hubo una reunión con Clara López Obregón, la actual ministra de Trabajo, quien en ese entonces fungía como presidenta del partido Polo Democrático y era su candidata a la Alcaldía de Bogotá. La dirigente, apenas supo de qué se trataba, les dijo que no se prestaba “para interceder por personas implicadas en actividades ilegales”.
Los representantes buscaron al vicefiscal General del momento, Jorge Perdomo, quien recibió la propuesta escrita y delegó en un fiscal el estudio de la figura jurídica que se podría aplicar.
Ahí no se han detenido los acercamientos. EL COLOMBIANO conoció en exclusiva un documento incautado en un allanamiento a la banda, en el cual se formulan 10 puntos para adelantar la negociación con el Gobierno.
Se trata de una carta, fechada el 26 de mayo de 2016, en la que un abogado le explica los términos a un cabecilla, tras una reunión sostenida el día anterior en Bogotá.
“Se me informa de la reunión que ya se efectuó en el búnker de la Fiscalía, con la única representación de las AGC (autodefensas gaitanistas) por parte de la Doctora, en la que se discutió que no va a ser un sometimiento, va a ser una salida negociada, voluntaria y digna, sin régimen de transicionalidad, sin interés de estatus político”, reza.
Contempla que los posibles sitios para la negociación podrían ser la vereda Tulapa, en San Pedro de Urabá, o el corregimiento Piedras Blancas, en Carepa. De igual manera, se habla de un interés para tramitar los salvoconductos de dos voceros, que representarían al estado mayor, con los que podrían desplazarse sin riesgo de ser capturados.
El documento propone como garantes al “senador Iván Cepeda, la excongresista Piedad Córdoba, Movimiento del Pueblo (ONG), Comisión Internacional Eclesiástica, delegados de Holanda, Cuba y Noruega”. Y agrega: “posiblemente un delegado de las Farc, esto aún sin confirmar”.
Más adelante, precisa: “es oportuno dejar claro que si se está planteando una salida negociada, no se está proponiendo que no haya que pagar una posible condena en lugar de reclusión, para tal fin se tiene como propuesta que sea la cárcel de Urrá en Tierralta (Córdoba), pero lo que sí es negociado es la pena a imponer, que en ningún caso podrá superar los 4 años máximos”.
Al consultar al senador Iván Cepeda Castro sobre si tenía conocimiento de esta situación, se abstuvo de hacer comentarios. Solo dijo: “estoy de acuerdo con el pronto acogimiento a la justicia de estos grupos, contribuiría mucho a la seguridad del país”.
El acuerdo de paz firmado con las Farc incluyó el punto 3.4.13 sobre “sometimiento o acogimiento a la justicia” de este tipo de organizaciones. Insta al Gobierno a presentar un proyecto de ley para promover el sometimiento, “mediante el procedimiento legislativo especial para la paz”.
Esto implica que el presidente Juan Manuel Santos podrá aprovechar las facultades especiales que le concedió el Congreso para proponer una ley sobre el tema, la cual sería rápidamente debatida mediante el “fast track”.
Algunos funcionarios que persiguen a la banda ilegal, cuestionan esta situación. “¿Entonces a qué estamos jugando? ¿Cuál es la instrucción?”, afirma uno de ellos.
Mientras estos acercamientos se cocinan de manera secreta, Agamenón continuará hasta que se acabe la amenaza de “Otoniel” y “los Urabeños”, ya sea porque logren capturarlos o se termine firmando un acuerdo de desarme.
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cabecillas de “los Urabeños” con injerencia nacional procesó la Fiscalía en 2016.
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bienes de la organización fueron ocupados por la Fiscalía para la extinción de dominio (en 2016).
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