Un nuevo debate alrededor de la reglamentación de la dosis mínima en el país tiene enfrentados al Fiscal General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia.
Todo surgió a raíz del anuncio del jefe del ente acusador, Néstor Humberto Martínez, quien anticipó que en compañía de la Policía Nacional se presentará un proyecto de ley para reformar la reglamentación de la dosis.
“Necesitamos ajustes legales para vencer el microtráfico, la mayor amenaza contra nuestros niños y adolescentes”, sostuvo Martínez.
La situación que ataca el Fiscal tiene que ver con la posición de los jueces ante el tema. Por un lado, la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia determinó en marzo de 2016 que la dosis mínima de droga es la que el consumidor necesite, por tanto, los que sean encontrados con una dosis mayor a la que se establece por ley (20 gramos de marihuana y 5 gramos de cocaína), si es para su propio consumo, no podrán ser encarcelados.
Esta postura se alinea con la de la Corte Constitucional, que desde 1994 vinculó el consumo de la dosis mínima a la libertad propia del ciudadano, entendiendo que el adicto es un enfermo y no un delincuente.
Sin embargo, para Martínez, esta protección que otorga la Rama Judicial se ha vuelto un “escampadero” de expendedores y microtraficantes, “si son 20 papeletas (las incautadas) el malandrín de las drogas dice que son las de la semana, si son 40 que son las de la quincena, si son ochenta que son las del mes y si es una tonelada nos dicen que es la del resto de su vida”, indicó.
Desde la Corte Suprema de Justicia no aceptaron la crítica, y el presidente de la Sala Penal, Luis Hernández, aseguró que ni la Policía ni la Fiscalía están justificando con pruebas que los capturados estén vendiendo y no consumiendo.
Sin embargo, este nuevo enfrentamiento desnuda la apatía desde el Congreso por no legislar sobre la materia, pues desde hace 24 años existe el concepto de dosis mínima, sin que exista una ley clara sobre su articulación.
Asimismo, expertos en temas constitucionales como Kenneth Burbano, resaltó que el papel de la Corte ha sido abordar el tema del consumo, “otra cosa es la distribución o el comercio. Resolver problemas sociales como el consumo y el microtráfico con penalización es un error. Es como pensar que el sicariato por parte de adolescentes se soluciona disminuyendo la edad para poder judicializarlos”.
Recalcó que “penalizar el consumo de la dosis mínima es un retroceso en materia de derechos”, pues “lo que hace falta es estudiar más el delito como fenómeno social, atacando sus causas y las penas o la creación de nuevos delitos no ha dado resultado”.
Frente a las cifras, el último consolidado exacto corresponden al año 2016. En este, la Policía registró que 63.793 personas fueron capturadas por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Esto corresponde a un 26 % del total de capturas del año, lo que ubica a este delito como la mayor causa de aprehensiones.
Sin que hayan datos cruzados entre la Policía y los jueces, el fiscal estima que casi un 50 % de los capturados tiene posibilidad de no terminar judicializado por este delito.
No obstante, el informe Forensis que publica Medicina Legal anualmente recalcó en su última edición, de 2016, la drogadicción como un factor de peso dentro de las muertes registradas. En el primer caso, en los homicidios en los que pudo incidir algún factor de vulnerabilidad, el más común encontrado es la drogadicción con un 6,47% de los casos.
Detrás aparecen el desplazamiento y la sexualidad diversa como otros factores.
Igual en los casos de muertes accidentales, la sobredosis es el segundo indicador más registrado por Medicina Legal.
