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Gobierno restringirá el uso de celulares en colegios, ¿cómo funcionará y a quién afecta?
Legislación cobijará a 9.7 millones de menores en edad escolar y estará a cargo de MinEducación. Padres e instituciones también serán responsables.
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76 % de los jóvenes tiene celular con voz y datos, según MinTic. FOTOILUSTRACIÓN JAIME PÉREZ
26 de noviembre de 2021
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Las normas para el uso de celulares y tabletas en entornos educativos de preescolar, básica y secundaria deberán ser cambiadas en un período máximo de seis meses por parte del Ministerio de Educación. Asuntos como el horario de manipulación, las limitaciones y las supervisiones de dichos aparatos pasarán a ser reguladas de manera directa por las instituciones educativas y tendrán directrices claras para limitar el uso y proteger a los menores de los riesgos.
Así quedó estipulado en un proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad en el Congreso y que busca restringir el uso de dichos aparatos con el fin de beneficiar la integridad física y emocional de los menores.
La decisión, cuyo único paso pendiente es la promulgación por parte de la Presidencia de la República, llega a una semana del inicio de la época navideña, donde se ha demostrado la inclinación de los colombianos por la compra de elementos tecnológicos que, en muchas ocasiones, son obsequiados como regalos de navidad para menores.
De hecho, según datos del Ministerio de Comercio, en el último Día sin IVA (19 de noviembre de 2021) los celulares fueron el segundo objeto más comprado, superado solo por los televisores. Siguiendo esa misma tendencia, la Federación Nacional de Comerciantes estima que las compras de tecnología en la última navidad alcanzaron a superar el 8 % del total de las categorías.
En ese sentido, y teniendo en cuenta que el estudio más reciente del Ministerio de las TIC reveló que el 76% de los jóvenes entre los 12 y los 17 años tiene su propio teléfono móvil con plan de voz y datos, los legisladores concordaron en la necesidad de regular su uso.
Los riesgos en las aulas
Dentro de los argumentos del representante a la Cámara y autor del proyecto, Rodrigo Rojas, se encuentran estudios que concluyeron altos índices de ansiedad entre menores que usan constantemente el celular y factores de riesgo como el ciberacoso.
Según un informe publicado en 2017 por Tigo, Une y la Universidad Eafit, de 436 niños y jóvenes del país encuestados, el 32% ha tenido contacto por internet con personas desconocidas y el 71 % de los encuentros que finalmente se dieron terminaron en casos de estafas y uso indebido de la información.
De igual modo, otros datos expuestos en el proyecto alertan riesgos de ciberbullying, afectaciones a la salud mental y prácticas sexuales prematuras.
En todo caso, el representante Rojas aseguró - en diálogo con EL COLOMBIANO- que la ley “no buscará de ninguna manera” restringir el derecho a la comunicaciones de los menores y que, en cambio, busca generar entornos seguros de aprendizaje que usen las herramientas a su favor. “Además, hay que resaltar que, en ningún caso, las instituciones podrán restringir o prohibir la comunicación entre los acudientes y los menores”, concluyó Rojas.
Así las cosas, la ley también responsabiliza al Gobierno, dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la Ley, para desarrollar las orientaciones que aseguren el uso adecuado de las herramientas tecnológicas en los estudiantes (Ver: anexos)
EN RESUMEN, ESTOS SON LOS TRES PUNTOS CLAVES:
1. ¿A quién cobijará la ley?
Según el proyecto, el cumplimiento de la ley será una responsabilidad compartida entre el Estado, las instituciones educativas y los padres. Esos tres actores, en conjunto, deberán velar por el buen uso de las herramientas tecnológicas por parte de los menores que cursen grados de preescolar, básica y secundaria.
2. Colegios deberán vigilar
Adoptar los lineamientos de la ley e incluirlos dentro de los manuales de convivencia será tarea de los colegios. Al igual que vigilar y sancionar a quienes no las cumplan.
3. Sigue un camino de dos años
Luego de que Presidencia promulgue la ley, el Ministerio de Educación tiene seis meses para reglamentar lo relacionado con las modificaciones a los manuales de convivencia y dar los lineamientos necesarios. A partir de ahí, al Gobierno le quedan dos años para aplicar la Ley.
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