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La Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, presentó un informe sobre la situación de contingencia social que vive el país como consecuencia de las manifestaciones y el actuar de Fuerza Pública para contener los bloqueos.
Entre el 28 de abril y el 10 de mayo su despacho reportó 35 homicidios y 181 lesionados, una cifra preocupante toda vez que ocurre en el marco del goce del derecho legítimo a la protesta. EL COLOMBIANO habló con Gutiérrez a ceca de lo que está ocurriendo en el país.
¿Cómo impactan los hechos que vive el país en su labor como consejera para los Derechos Humanos?
“Colombia ha firmado pactos internacionales de derechos humanos que lo comprometen a la protección de los mismos. La Consejería hace un seguimiento para que las políticas públicas que se expiden a nivel nacional y territorial lleven ese enfoque y también a la articulación de las diferentes entidades que tienen funciones y competencias en materia de protección de DD.HH. Este informe, precisamente, hace referencia a las acciones del Estado en esta situación de contingencia social, para verificar que las entidades estén cumpliendo con ese compromiso frente a la protección de los derechos”.
¿Ustedes hacen un monitoreo en terreno o se basan en las cifras de la Fiscalía y de otras entidades del Estado?
“Dentro del límite de sus capacidades, la Consejería Presidencial no tiene una presencia en todo el país como la de la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría. Pero nosotros estamos en el terreno en los momentos de mayores dificultades y de crisis. La semana pasada estuvimos tres días en Cali hablando con la comunidad, con líderes sociales, líderes religiosos, con las autoridades y con la Fuerza Pública, revisando las circunstancias y condiciones de la situación difícil y violenta allá. También en Bogotá hemos adelantado conversatorios con las comunidades, con organizaciones sociales, pero para este informe tenemos un análisis y una compilación de la información de la Fiscalía, de la Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo, y de la Policía Judicial para tener un enfoque de derechos humanos frente a las cifras oficiales que se reportan”.
A través de videos en las redes sociales se ha visto la represión policial a estas manifestaciones, específicamente con policías que portan armas de fuego, ¿por qué ocurre esto durante una protesta social?
“Cuando la Policía Nacional va a estar presente en las manifestaciones públicas tiene dos líneas. En la primera está la Policía que no tiene armas de ninguna naturaleza, que acompaña a la ciudadanía, para efectos de garantizar que se mantenga el orden y que esté protegida la protesta, cuando es pacífica, pública. Cuando hay elementos que se cuelan en las protestas, a efectos de generar disturbios, o de adelantar violaciones a inmuebles o establecimientos privados con el ánimo de hurtar elementos, allí aparece el Esmad, que tiene armas menos letales y que precisamente busca el restablecimiento del orden.
Hemos visto algunos vídeos con excesos y se han presentado unas denuncias en ese sentido y por eso en el informe se hace relación a esta situación. Por ejemplo, la Policía Nacional abrió 65 investigaciones disciplinarias, la Procuraduría tiene 10 investigaciones por el control preferente y en la Justicia Penal Militar hay 21 procesos de investigación penal. Entonces, vale la pena decir que el informe demuestra cómo las instituciones de investigación y aplicación de justicia actúan para determinar las responsabilidades individuales y definir las sanciones acordes”.
¿Qué acción del Estado se ha ejercido contra los ciudadanos que han vandalizado e inclusive han disparado en el marco de estas protestas?
“La Fiscalía tiene 255 noticias criminales y en medio de ello hay 611 capturas en flagrancia. Tienen 152 imputaciones y 43 medidas de aseguramiento. Esa es la acción de la justicia ordinaria frente a civiles que han sido capturados cometiendo posibles delitos y también la investigación de noticias criminales”.
¿Cuáles son las cifras de muertes y desapariciones en estos días de protesta?
“Lamentablemente hay 35 civiles y un uniformado fallecido. Entre las personas lesionadas hay 716 civiles y 849 uniformados de la Policía. Realmente estos días de protestas han tenido unas jornadas de muchísima violencia. Sin embargo, hay que destacar que se han hecho 5.569 actividades de manifestación social. Se han dado 2.682 concentraciones, 1.215 marchas, 299 movilizaciones y 11 asambleas en 750 municipios del país. Eso demuestra también la gran movilización que ha habido y la protesta social o manifestaciones públicas que se considera como un derecho”.
¿Cómo ve la relación de las redes sociales, la protesta y los DD. HH.?
“Me preocupa la desinformación y la generación de pánico. Pero el manejo mesurado y respetuoso de las redes sociales sale de una cultura de creación de respeto. Si en el medio hay conciencia al respeto hacia los otros, pues seguramente vamos a conseguir una sociedad mucho más tranquila y mesurada, aun utilizando las redes sociales. Indiscutiblemente, la creación de una cultura de respeto y la educación en derechos humanos es fundamental y necesaria en Colombia”.
¿De aquí en adelante qué debemos hacer como país para que el derecho a la protesta no termine en violencia, como se está viviendo hoy, pero que tampoco sintamos restringido el derecho a la protesta?
“Desde la Consejería Presidencial estamos adelantando el plan de acción en derechos humanos. Y la semana pasada, adelantamos 32 espacios virtuales de conversación con organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, comunales, municipios, departamentos, instituciones y autoridades para saber qué más debemos hacer en materia de derechos humanos. Apareció allí que la primera solicitud es trabajar sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, lo que demuestra que se deben reforzar los programas sociales. Gran parte de las movilizaciones legítimas que se han presentado tienen que ver con un inconformismo y con una situación social muy difícil derivada de la pobreza que ha sido agravada por la pandemia.
En segundo lugar, indiscutiblemente, a la Fuerza Pública hay que mantenerla en una capacitación constante de DD.HH. y DIH, que parta de conocer también la situación humana de ellos, y poderles dar a conocer claramente la necesidad de autocontrol y de actuar en momentos de dificultades en medio de los límites que ponen los derechos humanos.
También hemos encontrado la necesidad de generar una educación en derechos humanos y la implementación de una cultura del respeto. Y lo otro es la promoción del diálogo, que es siempre una oportunidad para desahogarse, expresar sentimientos y para encontrar soluciones entre todos”