El presidente Iván Duque anunció que la cartera del Ministerio de Defensa, tras el fallecimiento de Carlos Holmes Trujillo, estará a cargo de Diego Molano, actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia –Dapre–.
En una lectura inicial frente al nombramiento, el director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Universidad del Rosario, Yann Basset, considera que Iván Duque busca el equilibrio con esta designación. “Es uno de los funcionarios más cercanos a la presidencia, y de paso le permite al Centro Democrático mantener su influencia en la cartera de Defensa, siendo Molano del ala moderada del partido, creo que Duque primó confianza y equilibrio político por encima de capacidad técnica”.
En esto coincide el coronel (r) John Marulanda, uno de los principales expertos en seguridad y defensa del país, quien señala que el reto inmediato que tendrá el ministro, desde lo político, será la defensa de la institución militar en el Congreso “ante los intentos de reformas a su estructura y pertinencia, como la propuesta de trasladar la Policía bajo competencia de Mininterior. También tendrá una dura prueba ante los embates de la oposición que seguro derivarán del trámite en la JEP del caso 003 (ejecuciones extrajudiciales), ante lo cual tendrá que hacer una defensa política de la Fuerza Pública y aunque se ha desempeñado con éxito en cargos burocráticos no tengo la certeza de que políticamente sea el tipo del peso que se requiera en este escenario, aunque seguramente el Gobierno en su análisis así lo considera”.
Nuevos enfoques
En contraste, lo que más le preocupa a Luis Trejos, investigador de Uninorte y director del Observatorio sobre Dinámicas de la Confrontación Armada e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, es que además de la inexperiencia Molano se rodee de asesores que “estan anclados en la doctrina política de seguridad democrática y no han leído los cambios en términos de seguridad y violencia armada que se han producido en los últimos años, especialmente tras la desmovilizacion de las Farc”, explica.
Para Trejos, la “constelación de expresiones de violencia armada con distintas intensidades y objetivos demanda, sin más dilaciones, en seguridad y política pública en el que no puede haber un único diseño de seguridad sino una estrategia que responda a la particularidad de cada territorio. Cabe citar un ejemplo: Tumaco, un municipio de Nariño con 10 organizaciones armadas diferentes. Allí no puedes combatir la violencia con el mismo enfoque que utilizaste para enfrentar al antiguo frente 29 de las Farc-EP”.
Para lograrlo, concluye, se necesitan dos requisitos: “restablecer la confianza ciudadana en la Fuerza Pública; sin esta no hay inteligencia y obviamente tampoco logros estructurales en la lucha contra el crimen y además cambiar el enfoque de su presencia en territorio, que no se limite a consejos de seguridad sino que entienda que las decisiones de seguridad se construyen con la comunidad, la academia y organizaciones de la sociedad civil”.
Precisamente los defensores del nombramiento de Molano apelan a uno de los cargos que ejerció el bogotano de 50 años como el antecedente para pensar en su capacidad de realizar una gestión integral al frente de Mindefensa.
Molano fue director adjunto del programa Midas (Más Inversión para el Desarrollo Alternativo Sostenible) de la Usaid, pensado para impulsar proyectos productivos en favor de comunidades vulnerables en zonas de conflicto en el país. También lideró el Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI).
De la experiencia derivada de estos cargos, expertos como Marulanda consideran que Molano puede desarrollar una eficiente articulación interagencial para fortalecer la respuesta institucional en las regiones, con programas de desarrollo, de la mano de la política de seguridad.
De cara a la ciudadanía, Pedro Piedrahíta, director de la maestría en estudios políticos y constitucionales de la U. de Medellín y experto en seguridad y defensa, opina que el Gobierno da un paso en falso. “Sus posiciones (de Molano) en cuanto a derechos humanos y respeto por el disenso han sido desafortunadas”.
En abril de 2019, seis meses antes de posesionarse al frente del Dapre, Molano trinó contra la Minga que se desarrollaba entonces en el Cauca y la calificó como “terrorista”.
En 2018, siendo concejal de Bogotá, propuso construir un “protestódromo”, según manifestó, para prohibir manifestaciones en vía pública en Bogotá y evitar daños y desmanes en las calles en medio de las mismas.
Durante las protestas de septiembre pasado revivió su propuesta y expresó: “¿Cuántas vidas, CAIs y buses se habrían salvado? El mensaje central es el mismo: la protesta no puede terminar en violencia y menos en vandalismo”
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