Un par de carnés que identificaría a los dos hombres como funcionarios judiciales, y una solicitud de ingreso con fecha y hora de ayer martes, fue la fachada utilizada por las dos personas que al parecer se encargaron de ingresar un vehículo cargado de explosivos a las instalaciones de la Brigada 30 del Ejército, con sede en el barrio San Rafael, en Cúcuta.
La camioneta blanca ingresó al cantón militar San Jorge a las 3:05 p.m. Siete minutos después, se produjo su detonación frente al alojamiento del Batallón de Caballería Mecanizado No.5 Maza, “y frente a la guarnición donde se aloja la comisión de la Brigada de Asistencia de la Fuerza de Seguridad del Ejército de los EE. UU., (SFAB por sus siglas en inglés) la cual arribó hace un año a Colombia para dar asesoría a la Fuerza de Tarea Vulcano”, expresó un mando militar a EL COLOMBIANO. De hecho, la Embajada de EE. UU. en Colombia confirmó que en la base se encontraban soldados de ese país, pero que no hubo “heridos serios” por la explosión.
Esta información hace parte del informe preliminar presentado por los altos mandos militares al ministro de Defensa, Diego Molano, quien este martes, por orden presidencial, llegó a la sede del batallón y de inmediato realizó un consejo de seguridad con la cúpula militar para tratar de establecer cuál estructura armada ilegal estaría tras el atentado con un carrobomba que dejó 33 militares heridos, tres de ellos con lesiones graves; y tres civiles afectados por la detonación.
“Rechazamos y repudiamos este acto terrorista y vil que buscó atentar contra los soldados de Colombia. Seguiremos velando por la integridad y la defensa de nuestros soldados y los colombianos aquí en Cúcuta y Norte de Santander”, expresó Molano.
El jefe del Ministerio de Defensa certificó que fue un atentado y que la primera hipótesis es que detrás del hecho criminal estaría el Eln y en segundo lugar, las disidencias del frente 33. “Hemos designado un grupo especial de la Fiscalía y de investigadores de la Policía que brindarán apoyo esencial a la investigación que permita dar con los responsables de este hecho”, enfatizó Molano.
Además, agregó que a la base militar también llegó el presidente Iván Duque para liderar una reunión con mandos militares y de Policía y establecer la forma de proceder ante este nuevo atentado.
Duque, pasadas las 10:30 de la noche, anunció el ofrecimiento de una recompensa de 500 millones de pesos por información que permita encontrar a los responsables del atentado terrorista, y confirmó que el FBI está ayudando en la investigación. Además, indicó que este miércoles en la mañana se dará a conocer una reconstrucción de los hechos.
“Mi solidaridad a nuestro Ejército Nacional por este ataque cobarde, miserable, que se ha perpetrado el día de hoy (martes) contra su personal, las instalaciones, que ha buscado afectar a personal de la Fiscalía y también a militares que prestan asistencia militar a nuestro país provenientes de Estados Unidos”, precisó el Jefe de Estado.
¿Un ataque cantado?
Fuentes de Inteligencia Militar señalaron a este diario que los responsables de este ataque al corazón de esta brigada militar sería el frente de guerra Nororiental Manuel Pérez Martínez, del Eln; más específicamente, el frente guerrillero Carlos Armando Cacua.
El informe registrado por el investigador y presentado al Ministro de Defensa, sindica a alias Kevin, uno de los mandos de esta estructura armada que actúa en zonas urbanas; y alias Giovanni, señalado por las mismas autoridades militares como uno de los más avezados explosivistas del Eln en la región del Catatumbo.
Estos dos integrantes de la guerrilla habrían sido escuchados en interceptaciones el pasado mes de abril cuando planificaban atacar distintos puestos de mando no solo de la Policía sino también del Ejército nacional.
“En una de las interceptaciones que les escuchamos se le oye ordenar por parte de ‘Kevin’ a ‘Giovanni’, que prepare todo el arsenal el cual incluye explosivos y munición calibre 7.62 para atacar a la Fuerza Pública”, dijo el investigador.
Con las alertas encendidas, los investigadores judiciales pudieron establecer que la escalada de atentados se realizarían en Tibú, Hacarí, San Calixto, Cúcuta y el Tarra, por lo que se redoblaron los controles de seguridad en las brigadas y estaciones de Policía de esos municipios de Catatumbo, donde se vive una confrontación histórica entre el Estado colombiano y las guerrillas del Eln y el Epl; el clan del Golfo y las disidencias del frente 33 de las Farc.
Sin embargo, para el analista y experto en conflicto armado, Juan Carlos Ortega, que este tipo de atentados ocurra con infiltrados, como ya pasó hace dos años en la escuela de Cadetes, en Bogotá, debe llamar a la reflexión del Gobierno, “porque está quedando en evidencia que la Inteligencia Militar y los controles de seguridad están fallando en sedes militares”.
Una zona en disputa
Norte de Santander ha sido una zona en disputa en la que confluyen distintos grupos armados. El último informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, llamado Balance sobre las dinámicas del Eln en Colombia, registró que para este grupo subversivo, la zona del Catatumbo le representa una ubicación estratégica relacionada con las economías ilícitas para sostener la confrontación.
“El manejo de rutas entre La Serranía de Los Motilones y la de Perijá, que conecta con Catatumbo y Cesar, por donde movilizan distintas economías que llegan desde Venezuela, sin que esto signifique un control o consolidación en la región”, sería su objetivo, dice el documento.
Indepaz reseña que el contrabando de gasolina que se mueve en su mayoría por la vía entre Convención y Tibú, para luego ser llevado a Aguachica, Cesar, donde se comercializa y distribuye a otros departamentos, es parte de esas economías con las que se sostiene el Eln .
