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En el Día de la Libertad de Prensa, FLIP denuncia acoso judicial

  • La FLIP registro 36 casos de acoso judicial en Colombia durante 2020. En el caso mexicano, ARTICLE 19 reseñó 39 casos durante el mismo período de tiempo. FOTO Edwin Bustamante
    La FLIP registro 36 casos de acoso judicial en Colombia durante 2020. En el caso mexicano, ARTICLE 19 reseñó 39 casos durante el mismo período de tiempo. FOTO Edwin Bustamante
Por juan diego quiceno mesa | Publicado el 03 de mayo de 2021

La Fundación para la Libertad de Prensa se une con la organización ARTICLE 19 para publicar un informe sobre lo que caracteriza esta práctica en Colombia y México.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) publicó hoy un informe en conjunto con la organización internacional ARTICLE 19 (que defiende la libertad de publicación desde 1987, y en México desde el 2006), en el que denuncian que el acoso u hostigamiento judicial contra la prensa se ha vuelto un fenómeno “cada vez más recurrente” en ambos países.

El informe “Acoso judicial en Colombia y México” define esta práctica como “el abuso de mecanismos judiciales para censurar e intimidar a las personas que revelan información de interés público, ya sea por su trabajo periodístico y/o de defensa de derechos humanos”. Ambas organizaciones señalan que este tiene cuatro elementos que lo caracterizan: la judicialización de conflictos de libertad de expresión, la apariencia de una causa infundada, desigualdad entre las partes en conflicto, y la búsqueda del silenciamiento de un asunto de interés público.

Panorama en Colombia

En Colombia la FLIP describe que pasó de registrar 14 casos de acoso judicial en el 2017, a 66 casos en el 2019 y 36 en el 2020. En el caso de México, en el 2015 se registró un sólo caso; para 2017 aumentó a 13 y escaló a 21 en 2019. En 2020 alcanzó 39 casos registrados.

“Las denuncias que se suelen formular son en contra del honor, buen nombre y/o intimidad de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, de particulares con exposición pública”, señala el informe. El mecanismo más usado para efectuar este acoso en Colombia, según la FLIP, es la acción de tutela.

Cuando son “utilizadas en contra de periodistas exigen la protección a los derechos al buen nombre, la honra y a la intimidad. En estos casos entran en tensión los derechos mencionados con el derecho a la libertad de expresión y es deber del juez ponderar en razón del test tripartito. Sin embargo, en la práctica hay jueces que toman decisiones que no se ajustan a los estándares de libertad de expresión”, reza el informe, que pone ejemplos de periodistas que sufrieron este tipo de acoso.

Uno de ellos, el periodista antioqueño Sergio Mesa. Según la FLIP, Mesa recibió solo en 2019 seis acciones de tutela contra trabajos periodísticos que cuestionaban los manejos administrativos de municipios en el Bajo Cauca de Antioquia. A pesar de que el poder judicial falló en las seis ocasiones a su favor, la FLIP señala que “la simultaneidad y el perfil de quienes lo entutelan dejan claro que su propósito es el de intimidar”. Entre las personas que censuran, según el organismo, se encuentran funcionarios públicos como el alcalde (e) de Caucasia, Felix Olmedo Arango.

El otro caso que menciona la FLIP en Colombia gira alrededor de Juan Pablo Barrientos, el periodista que denunció supuestos casos de pederastia en la Iglesia Católica colombiana. “En una semana recibió cuatro acciones de tutela y una denuncia penal”, describe el informe.

El caso mexicano

El panorama de ese país esta mediado por lo que se conoce en su sistema judicial como delitos contra el honor. Según el informe, “son todas las expresiones que afectan el honor de una persona”. Entre ellas, la difamación, la calumnia y la injuria. “Por lo general, funcionarios públicos o personas privadas con proyección pública recurren al uso de estas figuras como mecanismo para desincentivar y censurar la crítica”.

Uno de los ejemplos de acoso judicial mexicano que presenta el informe es el de Arnoldo Cuéllar, periodista y activista de Guanajuato. En 2018 fue notificado de una demanda por daño moral interpuesta por Jorge Antonio Rodríguez Medrano, propietario de un canal de televisión privado y esposo de Silvia Rocha Miranda, regidora (autoridad municipal) de Guanajuato.

Según la FLIP y ARTICLE 19, esta acción judicial se debió a la “publicación de los contratos millonarios que presuntamente recibió (Medrano) de parte de la administración pública de la capital del Estado (Guanajuato), del modo en que se han colocado a familiares de Rodríguez en puestos de la administración local así como de estar exentos del pago por el uso de vía para la distribución de cableado de su servicio de televisión”.

A pesar de que estas acciones han sido falladas a favor del periodista, se observa, según los organismos, “una clara tendencia de parte de la familia Rodríguez Rocha a utilizar recursos judiciales para inhibir la práctica periodística y de defensa a través de hostigamiento judicial”.

El informe de las dos organizaciones concluye que la consecuencia de la práctica del acoso judicial “es lo que en la literatura se ha acuñado como ´efecto inhibidor`, es decir, el silenciamiento sistemático de quienes usualmente se expresarían libremente ante el temor a las consecuencias que sus expresiones puedan acarrear. En este caso el hecho de enfrentar un proceso judicial con todo lo que implica”

Contexto de la Noticia

¿qué sigue? el papel del estado y del poder judicial

El informe recomienda a los Estados: “Asumir una postura en favor de la libertad de expresión y protección a periodistas y personas defensoras para erradicar agresiones e intimidaciones en contra de ellas y ellos, ya que juegan un rol importante para ejercer una prensa libre en sociedades democráticas”. Y a los jueces: “Evitar que las personas periodistas y defensoras de derechos humanos sean sometidas a acoso judicial y campañas de estigmatización como represalia por su trabajo, estableciendo protocolos y criterios fijos para su no reproducción”, entre otras.


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Carlos López

Soy comunidador social y periodista. Me interesan, entre muchas cosas, temas de conflicto armado, medio ambiente y derechos humanos.

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