Justo en febrero del año pasado, el presidente Juan Manuel Santos intervino La Guajira con el objetivo de mejorar la atención en los sectores de salud, acueducto y alimentación de La Guajira, pero pasados 13 meses de aquella decisión, la situación no ha cambiado mucho. Así, lo reveló esta semana la Defensoría.
En Riohacha, su capital, el 15,1 % de sus habitantes está en situación de pobreza extrema, según el Dane, es decir, obtienen ingresos mensuales por $116.330 o menos, lo que, directamente, redunda en la crítica situación que viven.
Los guajiros siguen sumidos en desnutrición, pobreza y desigualdad, y cada que es visitada por una autoridad que defiende los Derechos Humanos –como sucedió con la Defensoría del Pueblo– quedan expuestas las condiciones de vida que afrontan, en especial las comunidades wayúu.
Hasta la semana epidemiológica 12, que recoge datos de enero a marzo de este año, al Instituto Nacional de Salud (INS) le reportaron 16 muertes por desnutrición o síntomas asociados a este flagelo, con corte a marzo. Lo más grave es que pese a las acciones del gobierno, son siete muertes más que en el mismo lapso del año pasado, según cifras del propio INS.
“A los niños les debemos más que promesas y palabras, les debemos acciones y resultados”, criticó el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, en la Audiencia Defensorial sobre la situación de mortalidad por desnutrición o causas asociadas, de esta semana.
Negret insistió en que los informes presentados no evidencian los avances en la cobertura del acceso al agua potable de la comunidad wayúu. “La Defensoría recibió información de que se han desarrollado proyectos en la Alianza por el agua y la vida, pero se desconocen cuántos acceden a agua potable”.
Así mismo, sostuvo que esto es un abierto desconocimiento de las órdenes judiciales y la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le otorgó en diciembre pasado, protección a los derechos de alrededor de 3.000 indígenas de la región.
Críticas al gobierno
El defensor cuestionó las acciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por considerar que debía estar en la Audiencia y no llegó su directora, Karen Abudinen. Justamente ayer Abudinen arribó al departamento con la “Operación Guajira”, con la que atenderá a los menores de edad.
Ángel María Solano, presidente de la Veeduría Nacional de Salud para La Guajira, coincidió con lo planteado, pues señaló que la intervención ha puesto barreras para que la atención sea directa. Además, Solano reclamó la falta del agua para algunas zonas, sobre todo en la Alta Guajira.
“El Estado no está haciendo lo que le compete”, cuestionó Solano, haciendo hincapié en que el presidente Santos ya va a cumplir sus ocho años de gobierno, pero las condiciones no cambiaron.
Abudinen, para hacerle frente al reclamo, agregó que durante dos semanas cerca de 600 profesionales atenderán a los niños, además de que cada cuatro días entregará un informe de lo que se hace. Una estrategia similar fue implementada por la exdirectora del ICBF Cristina Plazas, pero los casos de desnutrición se mantuvieron; no obstante, tras denuncias de corrupción en la región, la Fiscalía logró capturar a 11 contratistas, quienes defraudaron a la entidad en alrededor de $2.700 millones en 2016.
Las acciones
Pese a que la situación sigue siendo crítica, no se debe desconocer que se han hecho esfuerzos enfocados, precisamente, en la atención en salud de las comunidades, así como en educación y acueducto. Esto lo planteó Weildler Guerra, exgobernador, quien señaló que es necesario tener en cuenta el factor climático, pues estos tres meses han sido secos, lo que representa falta de agua, “que afecta la seguridad alimentaria, pues no hay líquido para los alimentos ni los cultivos”. También reconoció que se debe hacer seguimiento especial a los Wayúu que llegan de Venezuela “en condiciones muy difíciles”.
Elkin Osorio, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, dijo que las condiciones estructurales de La Guajira y de otros departamentos en condiciones provocan que los planes de intervención y atención multidisciplinares sean más complejos; sin embargo, manifestó que “desde el sector se ha generado una estrategia fundamentada en la atención primaria”, que consiste en mayor presencia de centros de salud, para que la atención sea rápida.
Aunque el gobierno Santos invirtió en 2017 alrededor de $785 mil millones para los sectores de salud, educación y acueducto, lo que esperan en La Guajira es que se disponga de más plata, para que la crisis se resuelva.
