Las dos jornadas de marchas callejeras instigadas desde la Casa de Nariño, con las que el Gobierno pretendía demostrar su fortaleza para impulsar la consulta popular y de paso hacer un pulso electoral para 2026, tuvieron un mínimo impacto político; en cambio, provocaron el hastío de trabajadores, comerciantes, camioneros y ciudadanos en general, afectados por los desmanes de encapuchados y bloqueos de vías.
Los desórdenes más graves sucedieron al anochecer del miércoles en Bogotá. “Una marcha que se desarrolló del Parque Nacional a la Plaza de Bolívar, no tuvo mayor afectación, se desarrolló con tranquilidad y se dispersó rápidamente, pero desde muy temprano, en varios puntos hubo grupos que se dedicaron a bloquear y afectar los derechos de los ciudadanos”, reportó el alcalde Carlos Fernando Galán.
Los puntos críticos, en los que fue necesaria la intervención de policías antimotines, fueron La 26, La NQS con calle 45, la estación de Banderas, Usme y Suba.
En esta última localidad se registró un fuerte enfrentamiento entre encapuchados y uniformados, en el barrio La Gaitana.
Allí se presentó una concentración de personas que hacían una velatón pacífica cerca de un CAI de la Policía, en conmemoración a Angie Alejandra Rodríguez Moreno, de 27 años, quien perdió la vida en un procedimiento policial el pasado 22 de mayo.
De repente aparecieron jóvenes enmascarados arrojando bombas molotov y papas explosivas contra la instalación oficial. Al sitio fueron enviadas tanquetas para tratar de repeler a los revoltosos, y el conflicto se desplazó por un par de horas a las manzanas vecinas.
En horas de la mañana, los protagonistas fueron los ciudadanos que se opusieron a los bloqueos y actos de vandalismo de los encapuchados en otros lugares de la capital. Tal cual quedó evidenciado en videos publicados en redes sociales, les gritaron a los vándalos que los dejaran “camellar”.
“La conclusión de esto es que la gente está cansada de lo que está pasando. No aceptan que se utilice el argumento de una supuesta protesta, para afectar los derechos de la ciudadanía; 1’800.000 personas perjudicadas en Transmilenio y el sistema de buses de Bogotá por cuenta de estos bloqueos, 211 rutas se vieron afectadas”, aseveró Galán.
Los ataques de los encapuchados continuaron en la mañana del jueves 29 de mayo, esta vez en la ciudad de Popayán (Cauca). Allá una horda de vándalos hostigó el CAI de Policía del barrio La Paz, lanzando artefactos explosivos improvisados.
En ese momento solo había un uniformado en la caseta, el cual salió ileso gracias a la intervención de los vecinos, que se interpusieron y ahuyentaron a los agresores.
En carreteras de Bolívar, Cesar, Caldas, Santander y Meta los bloqueos afectaron a los camioneros y pasajeros de buses interdepartamentales. La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) estimó que las pérdidas de su gremio superan los $12.000 millones.
Y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), calculó esas pérdidas en cerca de $278.000 millones diarios.
La indignación cundió entre la gente, que aprovechó la presencia de los periodistas para quejarse porque no pudieron enviar a sus hijos a estudiar, perdieron citas médicas y llegaron tarde a sus respectivos empleos.
