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Los toros volverían a Bogotá en enero de 2017

  • El regreso efectivo del espectáculo taurino a Bogotá sería hasta la temporada de enero de 2017. FOTO ARCHIVO COLPRENSA
    El regreso efectivo del espectáculo taurino a Bogotá sería hasta la temporada de enero de 2017. FOTO ARCHIVO COLPRENSA
02 de marzo de 2015
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En septiembre de 2016 deberá estar lista la Plaza de Toros La Santamaría, de Bogotá, para recibir de nuevo a la “fiesta brava” en la capital del país. Así lo determinó la Corte Constitucional en una solicitud de aclaración que había radicado el Distrito contra la sentencia que avaló su regreso a la ciudad.

De esta manera, el regreso efectivo del espectáculo taurino a Bogotá sería hasta la temporada de enero de 2017.

En el auto 060 de 2015, la Corte dispuso que la Plaza debe ser rehabilitada en su integridad, esto es, debe reforzarse de manera estructural “dado el deterioro que actualmente presenta”. Para esto, el Distrito tiene plazo hasta el 17 de marzo de 2015 para adjudicar el contrato y estas obras deben terminarse en un plazo máximo de 18 meses.

Además, la Corte dispuso que el plazo inicial que había dado de seis meses para realizar el proceso de administrativo y de contratación de la operación de la Plaza de Toros empezará a correr a partir del 17 de marzo de 2016.

“(...) correspondiendo a la autoridad distrital competente adelantarlo de conformidad con el resolutivo cuarto de la sentencia, < >, conducente a la reanudación de los espectáculos taurinos tradicionales y periódicos, en los términos de la Ley 916 de 2004”, señaló la Corte.

La Corte manifestó, además, que la restitución de la Plaza como escenario para la realización de espectáculos taurinos no impide que el escenario pueda ser utilizado en otras actividades culturales o artísticas, deportivas o recreativas, siempre y cuando con ello no se altere ni obstruya su destinación principal y tradicional que es la ‘fiesta brava’.

En el auto de aclaración, la Corte asumió la competencia para verificar cumplimiento de la sentencia T-296 de 2013 que determinó que la decisión del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, de acabar el contrato de operación vigente y sacar los toros de la ciudad, había vulnerado el debido proceso.

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