La propuesta era difícil de rechazar. Una casa a bajo costo, adquirida en remate judicial, con entrega en seis meses o la devolución del dinero con ganancias que, aseguraban, podían superar el 100%. Para 27 personas en Ibagué, ese ofrecimiento representaba la posibilidad de dejar de pagar arriendo y asegurar el patrimonio familiar. Hoy, esa ilusión hace parte de un proceso penal.
Detrás de esas promesas estaban las hermanas Diana Milena y Carolina Guzmán Andrade, quienes, según la Fiscalía, construyeron un discurso convincente alrededor del sueño de la vivienda propia.
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Durante meses habrían repetido el mismo esquema con distintas víctimas. Sin embargo, la denuncia de una de ellas permitió que las autoridades destaparan la estructura que presuntamente habían consolidado para captar recursos de manera irregular.
Por eso, en las últimas horas, la Fiscalía les imputó los delitos de captación masiva y habitual de dinero y estafa agravada, al considerar que habrían montado un esquema para quedarse con los ahorros de quienes confiaron en ellas.
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Según la investigación, ambas se presentaban como intermediarias en remates judiciales de vivienda. Bajo esa fachada, ofrecían supuestas oportunidades inmobiliarias a precios muy por debajo del mercado. La condición era entregar anticipos o inversiones para “asegurar” el inmueble.
El discurso estaba diseñado para generar tranquilidad. Prometían que la vivienda sería entregada en un plazo máximo de 180 días y, en caso contrario, garantizaban la devolución del capital con utilidades extraordinarias.
La Fiscalía señaló que las procesadas suscribían contratos, expedían recibos y firmaban letras de cambio con huellas incluidas, documentos que reforzaban la apariencia de legalidad. Los aportes se realizaban mediante consignaciones bancarias o en efectivo, por montos variables según la capacidad económica de cada víctima.
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En total, el monto que presuntamente habrían recaudado supera los 600 millones de pesos. Para los afectados, más que una cifra, se trata de ahorros de años de trabajo que, según la investigación, terminaron en manos de quienes prometían convertirlos en vivienda propia.
Las hermanas Guzmán Andrade no aceptaron los cargos y seguirán vinculadas a la investigación.
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