El Gobierno de Abelardo De la Espriella prepara una de las principales apuestas de su política de seguridad: un Estatuto Antiterrorista con el que busca endurecer el marco jurídico para perseguir a las organizaciones armadas y criminales que operan en distintas regiones del país.
El proyecto, elaborado por el Ministerio del Interior, en cabeza de Rodrigo Lara, será presentado este jueves 8 de octubre ante el Consejo de Política Criminal, instancia que deberá realizar la revisión técnica y jurídica correspondiente antes de que la iniciativa continúe su camino hacia el Congreso.
La propuesta hace parte de una estrategia que el Ejecutivo pretende desplegar de manera paralela con una ley de sometimiento a la justicia, liderada por el ministro de Justicia, Iván Cancino.
El principio que atraviesa ambas iniciativas es el mismo: el Gobierno quiere ofrecer una salida jurídica para quienes pretendan someterse, pero al mismo tiempo endurecer las condiciones para quienes continúen en las estructuras criminales.
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“El jueves presentaré en el Consejo de Política Criminal la pócima jurídica que necesitamos para enfrentarlos y derrotarlos: el Estatuto Antiterrorista”, anunció Lara.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la creación de un sistema de listas para identificar y clasificar como terroristas a determinadas organizaciones armadas ilegales.
De acuerdo con lo que ha anticipado el Gobierno, la inclusión de una estructura en ese listado no sería automática. Inicialmente, tendría que pasar por la evaluación del Consejo de Seguridad Nacional, máximo órgano asesor del presidente en asuntos relacionados con defensa y seguridad nacional.
La intención del Ejecutivo es que esa categorización permita activar un conjunto de consecuencias jurídicas y operativas sobre las organizaciones incluidas.
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Entre los grupos que estarían en el centro de esta estrategia aparecen el ELN, la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc de Calarcá y de Iván Mordisco, según lo señalado por el Ministerio del Interior.
El Gobierno sostiene que existen elementos que permiten establecer el carácter terrorista de algunas de estas estructuras y que Colombia necesita un marco más específico para enfrentarlas.
La referencia utilizada para construir este modelo son los sistemas de listas empleados por Estados Unidos, la Unión Europea y Naciones Unidas.
Según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), los grupos armados ilegales que operan en Colombia alcanzan los 28.802 integrantes, una cifra que evidencia el crecimiento y la expansión de estas organizaciones en distintas regiones del país.
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El Clan del Golfo concentra la mayor cantidad de integrantes, con 10.268 miembros. De acuerdo con el análisis de la FIP, esta estructura no solo es la más numerosa, sino también una de las que registra mayor expansión territorial.
Le sigue el ELN con 7.123 integrantes. La guerrilla mantiene presencia en diferentes zonas del país y continúa siendo una de las principales estructuras armadas ilegales por número de miembros y capacidad territorial.
A este panorama se suman las diferentes disidencias de las extintas Farc, que en conjunto reúnen cerca de 10.000 integrantes.
Entre ellas se encuentran las estructuras bajo el mando de alias Iván Mordisco, que tendría unos 4.480 hombres, además de los bloques y frentes que se agrupan alrededor de otras facciones, como las comandadas por alias Calarcá.
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La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y otras estructuras armadas reúnen, por su parte, unos 2.359 integrantes. A este mapa se agregan organizaciones de menor tamaño, entre ellas las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), la Segunda Marquetalia y los Comuneros del Sur.
Una de las principales alertas del informe está en el crecimiento de estas organizaciones. La FIP señala que, frente a diciembre de 2022, cuando contabilizaba 15.120 integrantes, las filas de los grupos armados crecieron cerca de 90 %.
Es decir, en menos de cuatro años, el número de personas vinculadas a estas estructuras prácticamente se duplicó. El fenómeno no se limita al aumento de hombres en armas.
De acuerdo con la FIP, estas organizaciones funcionan mediante más de 170 subestructuras armadas, muchas de ellas fragmentadas y distribuidas en diferentes regiones del territorio nacional.
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Esta atomización dificulta establecer un único mapa de actores y muestra la transformación de la violencia armada hacia estructuras con distintos niveles de autonomía y control territorial.
En ese escenario, el informe advierte que el crecimiento de las organizaciones armadas ocurre en medio de disputas por territorios, rentas ilegales y formas de gobernanza criminal, un panorama que plantea nuevos desafíos para la seguridad y para las estrategias de negociación del Estado con estos grupos.
¿Qué cambia al ser incluido en la lista de terroristas?
La propuesta busca que las organizaciones clasificadas como terroristas reciban un tratamiento jurídico más severo y específico.
Uno de los efectos planteados está relacionado con la aplicación del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en el contexto del conflicto armado y con la posibilidad de realizar operaciones militares contra estas estructuras bajo las reglas aplicables a las hostilidades.
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En ese escenario, el Gobierno ha señalado que el estatuto permitirá precisar cuáles organizaciones quedarían cobijadas por operaciones de superioridad aérea, incluyendo la posibilidad de bombardeos, siempre bajo los protocolos jurídicos e internacionales correspondientes.
No se trata, según lo expuesto por el Ejecutivo, de una autorización general e ilimitada para actuar contra cualquier integrante de una organización incluida en una lista, sino de establecer un marco jurídico y operativo para las acciones de la Fuerza Pública contra esas estructuras.
Otro de los ejes del proyecto está relacionado con las sanciones penales. La iniciativa contempla incorporar agravantes a las penas cuando un delito esté relacionado con la pertenencia o actuación dentro de una organización clasificada como terrorista.
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Esto significa que, además de responder por el delito específico cometido, una persona podría enfrentar una consecuencia adicional derivada de su pertenencia a la estructura.
La apuesta del Gobierno es que el componente penal no se limite a perseguir hechos individuales, sino que alcance también la estructura criminal detrás de esos delitos.
Un régimen penitenciario especial para los cabecillas
El estatuto también contempla la creación de un régimen penitenciario especial para los principales jefes de estas organizaciones.
La idea es establecer condiciones diferenciadas de reclusión para los altos mandos, con especial énfasis en establecimientos de máxima seguridad.
En esta estrategia aparecen los proyectos de megacárceles y buques cárcel, que el Ejecutivo ha planteado como parte de su política para enfrentar a los grandes responsables de estructuras criminales.
El propósito es evitar que los cabecillas continúen ejerciendo control sobre sus organizaciones desde los centros de reclusión.
El proyecto también pretende golpear uno de los principales soportes de las organizaciones armadas: sus recursos económicos. Por eso, tanto el estatuto como la ley de sometimiento incluirían herramientas para fortalecer la persecución patrimonial de los cabecillas y de las redes que los sostienen.
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La iniciativa contempla una acción de aprehensión de bienes distinta a la actual extinción de dominio, según lo anticipado sobre el contenido del articulado.
A esto se sumaría un mayor control sobre actividades consideradas sensibles para el lavado de activos y la financiación criminal, entre ellas la compra y comercialización de oro, las operaciones de casas de cambio y su bancarización.
El objetivo es seguir el rastro del dinero y cerrar los canales mediante los cuales las estructuras convierten sus rentas ilícitas en recursos utilizables para mantener sus operaciones.
Cámaras y reconocimiento facial en zonas críticas
Otro de los componentes del estatuto apunta directamente a la inteligencia y la vigilancia.
El Gobierno pretende utilizar recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon) para fortalecer los sistemas de monitoreo en municipios y regiones con alta presencia de grupos armados.
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Entre las zonas mencionadas aparecen territorios como Catatumbo y Cauca. La idea es instalar cámaras de alta definición y sistemas de reconocimiento facial capaces de cruzar las imágenes obtenidas con bases de datos oficiales para contribuir a la identificación y localización de cabecillas y otros objetivos de la Fuerza Pública.
Lara ha señalado que el nuevo marco jurídico deberá facilitar también la recolección de información de inteligencia y la creación de mecanismos especializados para enfrentar estas organizaciones.
La apuesta, en otras palabras, es combinar inteligencia, tecnología, investigación judicial y capacidad militar.
El proyecto también apunta a controlar las asonadas
Uno de los puntos que podría generar mayor debate político y jurídico está relacionado con las asonadas y la utilización de población civil durante operaciones de la Fuerza Pública.
El Gobierno busca establecer nuevas reglas para determinar cuándo una movilización, alteración del orden público o acción colectiva puede estar siendo utilizada por organizaciones armadas para dificultar las operaciones militares o policiales.
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La intención declarada es impedir que las estructuras criminales utilicen a la población como mecanismo de protección o para bloquear la actuación estatal.
Este componente será uno de los asuntos que deberá precisar el texto definitivo, debido a las implicaciones que puede tener sobre derechos fundamentales y sobre la actuación de la Fuerza Pública frente a la protesta y las alteraciones del orden público.
Las tutelas quedarían concentradas en el Consejo de Estado
Otro de los cambios planteados por el Gobierno busca modificar el escenario judicial en el que se resolverían las controversias relacionadas con las organizaciones incluidas en el listado.
El proyecto contempla que las tutelas relacionadas con estas organizaciones sean conocidas por el Consejo de Estado. La propuesta se enmarca en la intención del Ejecutivo de evitar decisiones contradictorias de despachos judiciales de distintos lugares del país sobre asuntos de alcance nacional, especialmente en materias sensibles de seguridad.
La medida, sin embargo, será uno de los puntos que deberá superar el examen constitucional y legislativo, precisamente porque toca directamente el funcionamiento de la administración de justicia y las garantías judiciales.
El Gobierno no llevaría todo el contenido del estatuto a través de un único trámite. Según lo anticipado sobre la iniciativa, habrá una ley estatutaria y una ley ordinaria.
La diferencia responde a que algunos de los asuntos incluidos afectarían directamente derechos y garantías fundamentales y, por ello, tendrían que cumplir el procedimiento reforzado propio de las leyes estatutarias, que incluye mayorías especiales y revisión automática de la Corte Constitucional.
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Los demás componentes seguirían el trámite ordinario para permitir que determinadas herramientas puedan entrar en vigencia por una vía legislativa diferente mientras se surte el control constitucional de las normas estatutarias.
La expectativa del Gobierno es que ambos proyectos sean discutidos en las Comisiones Primeras del Congreso, donde se concentran los debates sobre justicia, derechos fundamentales y asuntos de naturaleza constitucional.
Cooperación con Estados Unidos y Naciones Unidas
La propuesta también tiene un componente de cooperación internacional.
Según lo conocido hasta ahora, tanto el estatuto antiterrorista como la ley de sometimiento han sido revisados o discutidos con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y con la Embajada de Estados Unidos en Colombia.
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La intención es fortalecer el intercambio de información, la cooperación contra el crimen organizado y el seguimiento a estructuras transnacionales. En esta línea aparece también la estrategia internacional impulsada por Washington y la eventual articulación de Colombia con mecanismos regionales de seguridad.
¿Qué busca realmente el Gobierno? En términos generales, el Estatuto Antiterrorista pretende cambiar la manera en que el Estado enfrenta a las grandes estructuras armadas y criminales.
La apuesta consiste en que la respuesta no se limite a capturar integrantes o judicializar delitos aislados, sino que permita actuar simultáneamente sobre la estructura, sus cabecillas, sus finanzas, sus redes de apoyo, su capacidad de inteligencia y su capacidad militar.
El jueves 8 de octubre, cuando Lara presente el proyecto ante el Consejo de Política Criminal, comenzará una nueva etapa de discusión sobre los alcances de esta estrategia.
Después vendrá el Congreso, donde deberán definirse los detalles del articulado y, especialmente, los límites constitucionales de las nuevas facultades que pretende obtener el Ejecutivo.
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El Gobierno de De la Espriella busca así convertir su política de confrontación contra los grupos armados en un marco jurídico permanente, con una premisa clara: organizaciones consideradas terroristas tendrían un tratamiento penal, patrimonial, penitenciario y militar mucho más severo.
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Preguntas y respuestas
- ¿Qué es el Estatuto Antiterrorista que prepara el Gobierno?
- Es un proyecto con el que el Gobierno de Abelardo de la Espriella busca endurecer las herramientas jurídicas, penales, financieras, de inteligencia y de seguridad para enfrentar a organizaciones armadas y criminales.
- ¿Cuándo será presentado el Estatuto Antiterrorista?
- El proyecto será presentado el jueves 8 de octubre ante el Consejo de Política Criminal, antes de continuar su trámite hacia el Congreso.
- ¿Qué organizaciones podrían ser incluidas en la lista de terroristas?
- El Gobierno ha mencionado al ELN, la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc de Calarcá y de Iván Mordisco como estructuras que estarían en el centro de la estrategia.
- ¿Cómo funcionaría la lista de organizaciones terroristas?
- La propuesta contempla que determinadas organizaciones sean incluidas en un listado después de una evaluación del Consejo de Seguridad Nacional. La categorización permitiría activar consecuencias jurídicas y operativas específicas frente a esas estructuras.
