Con medidas cautelares de extinción de dominio fueron afectados ayer por la Fiscalía General de la Nación, 58 bienes avaluados en 150.000 millones de pesos.
30 de los inmuebles sobre los que se impusieron medidas están ubicados en Medellín, Bello, Envigado, Sopetrán, San Jerónimo y Girardota, y son de propiedad de Hernán Moreno, propietario de Furel S.A., y Fernando León Diez.
Ambos conformaban un grupo de constructores involucrados en el desfalco del erario de San Andrés y Providencia.Todavía es materia de investigación si habrían financiado en 2011 y 2015 las campañas a la gobernación de Aury Socorro Guerrero y Ronald Housni respectivamente, a cambio de beneficios.
No obstante, está claro que los constructores buscaban que una vez elegidos, los mandatarios les adjudicaran los principales proyectos de infraestructura del archipiélago. En algunos casos, una vez otorgadas, los contratistas retribuían 10 % del valor de cada contrato al gobernador.
En su investigación, la Fiscalía constató que los pliegos de contratación en San Andrés habrían sido ajustados, para que las empresas de los constructores que financiaron las campañas se quedaran con las obras y sus respectivas interventorías. Uno de las contratos emblemáticos de ese desfalco es el de construcción del megacolegio Antonia Santos, por $32.030 millones. El ente investigador también afectó 20 lotes, casas de campo y apartamentos en San Andrés, que harían parte del patrimonio de los exgobernadores Guerrero y Housni, y del contratista raizal Mauricio José Rodríguez, así como un apartamento con depósito, parqueadero y cava, situado en un exclusivo sector de Bogotá, que estaba a nombre del excongresista Jack Housni, hermano del exgobernador.
La vicefiscal, María Paulina Riveros, confirmó que “por esto, la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que, en sus competencias, investigue la participación del excongresista”.
4 sociedades y 3 establecimientos comerciales en Medellín, que pertenecían a consorcios conformados por los contratistas, también fueron afectados. En la sede de Concypa S.A., una de las sociedades afectadas, los investigadores incautaron $400 millones en efectivo.
